“La designación de magistrados en forma interina es una preocupación”

03/09/2016

Federico Malvasio Enrique Marciano Martínez está transitando su segundo año como presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos. En una entrevista que se desarrolló en las oficinas de la entidad no esquivó ninguna de las preguntas y se permitió extenderse en sus puntos de vistas acerca de las problemáticas en las que convive la

Federico Malvasio

Enrique Marciano Martínez está transitando su segundo año como presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos. En una entrevista que se desarrolló en las oficinas de la entidad no esquivó ninguna de las preguntas y se permitió extenderse en sus puntos de vistas acerca de las problemáticas en las que convive la comunidad judicial.

Sin levantar el tono, se mostró crítico con algunos aspectos en el procedimiento de designación de magistrados interinos y con el accionar de la justicia en determinadas causas; y habló del saturado mercado de abogados en la provincia y de la “explosión” de universidades virtuales.

También manifestó una posición sobre un debate que se instaló con fuerza a partir de que el flamante ministro de la Corte Suprema Horacio Rosatti se manifestó a favor de que los jueces paguen impuesto a las ganancias. “El Colegio de Abogados ha estado históricamente a favor”, dijo. “Creemos que el pago del impuesto a las ganancias ha llegado a los trabajadores y, por lo tanto, los jueces tienen que contribuir. Hace al principio de igualdad, más allá de la intangibilidad y la independencia judicial a través de la percepción de una remuneración constante”, opinó.

–¿Cuál es el tema que más preocupa al Colegio de Abogados y en el que más están puestas las energías o por el que reclaman una urgente solución?
–El tema que más no preocupa es el servicio de justicia, entendido como la prestación que realiza el Estado. Esto nos lleva a dos cuestiones: la primera tiene que ver con lo cotidiano, es decir, lo que ocurre en el devenir diario; lo otro está en su extremo y refiere a las políticas públicas que se impulsan desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y los poderes Ejecutivo y Legislativo.

–¿Un tema urgente?
–El conflicto en el fuero familiar es un tema que necesita respuesta urgente e inmediata por todo lo que significa. Se trata de un fuero que opera desde una cuota de alimentos hasta la violencia de género o la tenencia de un menor. Vengo de una conferencia nacional de abogados en la que procesalistas establecieron como parámetro contar con un Código Procesal de Familia. Nosotros, en Entre Ríos, tenemos un proyecto de la diputada (Rosario) Romero que sin dudas será un avance importante. La legisladora lo presentó ante el Colegio y otras entidades, nosotros le hicimos algunas objeciones y aportamos sugerencias. Sin dudas, es muy importante avanzar con esta legislación.

–Las vacantes en la justicia y la forma de resolverlas han sido una polémica de larga data en la comunidad judicial. ¿Por qué no se ha podido establecer un criterio para cubrir los cargos en tribunales?
–La designación de magistrados de forma interina para cubrir vacantes es una preocupación de siempre de los abogados. En este tiempo hemos hablado dos veces con el Superior Tribunal de Justicia sobre este aspecto, porque vemos con preocupación algunos nombramientos. Entendemos que el servicio de justicia debe ser garantizado y el STJ tiene la facultad de cubrir un cargo ante la vacante hasta tanto se desarrolle el procedimiento constitucional que establece el concurso y el acuerdo del Senado. El problema es a quién se designa. Nosotros siempre hemos reclamado criterios objetivos. Uno de ellos es el puntaje que han obtenido concursantes. Si un abogado participó de un concurso para un Juzgado Civil y Comercial y obtuvo un puntaje importante que le permitió acceder a una terna, entendemos nosotros, se lo debe tener en cuenta al momento de cubrir un cargo interino, más aún si el lugar a ocupar es en ese fuero. Esto transparenta el procedimiento de designación y le da más calidad al servicio de justicia. Que una persona se presente ante el Consejo de la Magistratura demuestra que hay una vocación y una preparación, cómo eso no va a ser tenido en cuenta al momento de cubrir una vacante. Esto lo hemos planteado y no hubo una respuesta por escrito. También es cierto que esto que nosotros planteamos en algunos casos se ha dado.

–Al Consejo de la Magistratura se le han ido haciendo reformas tendientes a agilizar el proceso de evaluación. Sin embargo, uno de los cuestionamientos históricos es la arbitrariedad en los puntajes que acreditan los cursos. Se dice que quienes se desempeñan en el Poder Judicial tienen más posibilidades de hacer capacitaciones con puntaje que los abogados de la matrícula. ¿Se avanzó en esto? ¿Se puede avanzar más?
–En esto se avanzó cuando el Instituto Alberdi (que capacita a magistrados) nos incorporó para participar de los cursos que se dictan en donde muchos de ellos dan puntaje acreditable ante el Consejo de la Magistratura. Esto fue un reclamo de nuestra institución que fue saldado. El abogado puede acceder a esas capacitaciones, salvo en aquellos casos que son exclusivamente para jueces o fiscales, pero generalmente no dan puntos. De todas maneras, creo, y esto es una crítica al sistema, que sigue habiendo una desventaja que daña al abogado que quiere concursar que es la designación de interinos por mucho tiempo. Sucede que los interinos están trabajando en temas sobre los que luego van a concursar. En el Ministerio Público Fiscal es donde más casos hay. Hay fiscales interinos que están hace más de dos años, es decir, todo el tiempo están trabajando sobre elementos que después aparecen en los concursos. Un abogado, en cambio, tiene que trabajar en todas las temáticas y después hacerse un tiempo para prepararse y especializarse en un tema para un concurso.

–¿Cómo se podría solucionar esto?
–Aceitando la dinámica para la convocatoria a concursos y evitando dilaciones en cuanto a impugnaciones que por ahí demoran el proceso por tiempos irrazonables, haciendo que los interinatos se extiendan por años. Este año se van a concursar algo así como 53 cargos en 43 concursos. Es bastante y, la verdad, saludamos esta decisión.

–En las últimas semanas se ha visto en los medios lo que hace un tiempo más largo se escucha en los pasillos de tribunales y que refiere a las tensiones entre diferentes sectores de la Justicia. Desde una de las trincheras se pidió una renovación del Poder Judicial. ¿Esto es lógico en las relaciones entre funcionarios o estamos ante un escenario evitable? Y si fuera esto último, ¿genera dificultades en el servicio de justicia?
–Como todo poder público, debe ser transparente y debe ser susceptible de renovación, pero esto no puede darse de manera compulsiva. Hay un debate en el Poder Judicial y en todos los operadores del servicio de justicia. Pero esto se tiene que resolver constitucionalmente. Estas tensiones son materia de preocupación para el Colegio, pero no lo vemos como algo escandaloso. Tampoco creemos que se deba descabezar algo. Hay tensiones porque hay diferentes intereses en juego, claramente.

–¿Cuáles son esos intereses?
–Por un lado, están los magistrados, que son los que imparten justicia; y por el otro, el Ministerio Público Fiscal, que es el que lleva la acusación penal, y al que nosotros le hacemos algunas objeciones en cuanto al archivo de causas, el tratamiento en exceso del juicio abreviado, la probation y la mediación penal; también está el Ministerio Público de la Defensa, donde no vemos un ejercicio pleno de la misma; y estamos los abogados, que tenemos que manejarnos en este choque de intereses. Esto genera malestar.

–En los últimos meses se ha visto algo así como un despertar judicial respecto de causas que involucran a funcionarios. ¿Es lógico que esto suceda en los cambios de gobierno?
–Sin dudas esto es malo porque demuestra que hay una dependencia del Poder Judicial con una gestión de gobierno y va en contra de nuestra concepción republicana de la división de poderes. Esto lo vemos en todos los niveles, en la provincia y en la Nación. Cuando uno analiza que una denuncia es investigada después de años, tiene muy poco para decir: está mal.

–En este supuesto cambio de clima se ha decidido, por lo menos así se dice desde el Poder Ejecutivo, avanzar con la reglamentación de los organismos de control. ¿Hay alguno que requiera de un tratamiento urgente?
–Tenemos una muy buena Constitución Provincial, es muy democrática, participativa y ha establecido procedimientos para avanzar en la transparencia. Sucede que la Legislatura se ha demorado mucho en su reglamentación. En la asunción de Federico Tomas al frente del Tribunal de Cuentas, el gobernador (Gustavo) Bordet se comprometió a empezar a reglamentar todos los organismos que manda la Constitución, sobre todo, los de control. Es saludable que esto se dé lo más rápido posible.

–La salida de Marcos Rodríguez Allende como titular del Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE) fue bajo el argumento de que como abogado defendía a personas acusadas de incurrir en el delito del narcotráfico. ¿Los argumentos le parecieron correctos?
–Todo ciudadano tiene un derecho humano esencial que es a ser oído por un tribunal y ser defendido en un debido proceso. Los abogados tenemos una formación académica de cinco años para ejercer la defensa de todas las personas. Lo que nosotros vemos mal es que la ciudadanía identifique al abogado con las personas que defiende. Nosotros no nos identificamos. Somos profesionales preparados para ejercer las defensas en todos los ámbitos. En el caso concreto (el desplazamiento de Rodríguez Allende), por ser un funcionario importante de un gobierno que planteó criterios políticos en la lucha contra el narcotráfico, se torna una cuestión que va más allá y que tiene que ver con la pertenencia o no a un grupo de gobierno que tiene una política para un problema que es el narcotráfico. Sería algo así como que un abogado pretenda ejercer la docencia en una institución religiosa cuando a la vez milita a favor de la legalidad del aborto. Pero insisto con esto: todas las personas tienen derecho a ser defendidas en un juicio justo y todos los abogados, a ejercer la defensa.

–Yendo un poco al campo de la abogacía como profesión. ¿Hay sobreabundancia de abogados? ¿Sigue siendo una opción recurrente para quien elige una carrera de universitaria?
–Hay muchos abogados. El Colegio tiene un padrón de alrededor de 4 mil matriculados y el departamento Paraná concentra el 42 por ciento, algo así como 1.800. Lo que vemos es que hay una explosión de las carreras de abogacía. Me refiero a las virtuales, como son la Universidad Blas Pascal, la Siglo 21 y la Universidad Católica de Salta, que tiene un convenio con Gendarmería. Creemos que hay una mala información en cuanto a la orientación, respecto de la necesidad real de la necesidad de crear abogados. El mercado está saturado. La otra cuestión es haber habilitado tantas universidades en el país, sobre todo las virtuales, porque eso permite que con una computadora se haga la carrera sin ir a una institución. Por otra parte, se ha dado una baja muy importante y preocupante en el nivel de los estudios, lo que facilita acceder a un título.

–¿De qué institución proviene la mayoría de los abogados?
–Hoy en día está igualada la procedencia. Lo que sí resaltamos es la aparición de títulos de universidades virtuales. Por lo que hemos conversado con autoridades de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), la UCA Paraná (Universidad Católica Argentina) y la UNL (Universidad Nacional del Litoral), ellos están perdiendo alumnos porque se van a las universidades virtuales, por las facilidades para obtener un título.

Fuente: El Diario.