Demoras en la Legislatura para aprobar una ley de agroquímicos
13/08/2016
Federico Malvasio Cada vez que se está a punto de iniciar el debate final para aprobar, de una vez por todas, una ley que regule el uso de agroquímicos, aparece un impedimento. Esto ocurre desde hace diez años. Y la sospecha está latente. Un nuevo obstáculo asoma en el horizonte para cumplir el objetivo de
Federico Malvasio
Cada vez que se está a punto de iniciar el debate final para aprobar, de una vez por todas, una ley que regule el uso de agroquímicos, aparece un impedimento. Esto ocurre desde hace diez años. Y la sospecha está latente.
Un nuevo obstáculo asoma en el horizonte para cumplir el objetivo de evitar la sanción de una norma que establezca un marco jurídico para la utilización de plaguicidas: la creación de una comisión bicameral para abordar el tema.
Este ámbito parlamentario está previsto para hacer un seguimiento a una institución o la creación de un nuevo organismo estatal. Los casos más conocidos son los que refieren a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Defensoría del Pueblo. Se desconoce si esas comisiones se han reunido alguna vez en los últimos cuatro años.
¿Hay motivos para conformar un ámbito de estas características para redactar una ley? Ninguno. En el Senado el argumento es que la comisión bicameral permitirá lograr una redacción conjunta entre el oficialismo y la oposición y esto, precisamente, evitará la dilación, como viene ocurriendo. Con ese criterio tendrían que conformarse varias bicamerales. Hay otros que eligen la máxima del General: “Si querés que algo no prospere, armá una comisión”.
Volviendo a la ley de agroquímicos, la Cámara de Diputados viene de desestimar un proyecto con media sanción del Senado impulsado por los ex senadores Enrique Cresto (PJ-Concordia) y Oscar Arlettaz (PJ-Colón).
En la actualidad hay dos proyectos que tienen estado parlamentario, esto es, que se encuentran en estudio en comisión y pueden ser tratados en cualquier momento. Una iniciativa duerme en la cámara baja y otra en el Senado. Al primero, se le dio media sanción en diciembre del año pasado.
Los senadores Ángel Giano (PJ-Concordia) y Mario Torres (PJ-Villaguay) están abocados en la elaboración de un nuevo texto que regula el uso de agroquímicos, “basado en los principios de protección de la salud humana, protección del medio ambiente, los recursos naturales y en la protección de la producción agrícola”.
Piruetas
En las últimas horas conoció un caso que cada tanto se repite y que, de tanto repetirse, hasta deja de ser noticia. Una docente de la Escuela Número 11 “Valentina Páez”, de Rincón del Doll, departamento Victoria, denunció que un mosquito expandió agrotóxicos al aire y el veneno afectó de lleno al establecimiento escolar. Según informó la organización Paren de Fumigar Escuelas, los docentes llamaron a la Policía que “corrió” al mosquito que estaba en un campo lindero. “La secundaria estaba en clases y la primaria, en recreo. El viento soplaba en dirección hacia la escuela y todo el veneno llegó de lleno. Después, la cocinera tuvo un ataque de asma, otros docentes manifestaron sequedad en la boca, ardor y picazón en la piel y en los ojos y dolores de cabeza”, denunció la docente.
El soplido del viento esparciendo por hectáreas el veneno es tan conocido como el veneno mismo. De ahí que hubo intentos por minimizar los efectos de la lluvia ácida con leyes que, por lo menos, reglamenten la altura en que las avionetas puedan regar los campos entrerrianos con plaguicidas. Ni siquiera esa migaja se permitieron aprobar los legisladores.
En el año 2009, el diputado nacional Raúl Solanas (PJ-Entre Ríos) movió el avispero. No hubo caso. Unos cuantos años antes, en 1992, cuando comenzó a asomar el boom de la soja, que dio lugar al actual perfil productivo, el entonces diputado Antonio Boleas (UCR-Paraná) pidió que se creara en el ámbito parlamentario un área referida al medio ambiente. Años después el senador Hugo Cettour (PJ-Uruguay) intentó algo similar. No hay nada.
En 2006 el senador Hugo Berthet (PJ-San Salvador) presentó un proyecto que recién en 2011 se convirtió en la Ley Número 10.028, que regula el depósito de los envases de los plaguicidas que quedaban a la deriva en las rutas o en el medio de los campos y, en muchas ocasiones, la peonada los juntaba para darles otro uso con una simple enjuagada de agua. La ley está vigente, pero no se cumple. El Estado jamás pudo crear una “policía ambiental” que se encargue de estos controles.
En 2010, el diputado Héctor De la Fuente (Nuevo Espacio-Gualeguaychú) directamente presentó un proyecto para prohibir las fumigaciones. Oficialismo y oposición se fueron en promesas de una inminente aprobación, que no se dio. Hace unos días, el senador Exequiel Blanco (Cambiemos-Tala) solicitó lo mismo.
Decir que no hay un marco jurídico para el uso de plaguicidas es una falacia. En Entre Ríos rige la Ley Número 6.559 y tiene dos decretos reglamentarios (4.483 y 5.575, de 1995). Ahí está, lista para ser cumplida hasta que se apruebe una nueva.
Fuente: El Diario.