Un senador pidió al Gobierno que suspenda las fumigaciones aéreas

12/08/2016

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial ¿Es posible prohibir las fumigaciones aéreas en la provincia? Parece difícil. Aunque el senador provincial Exequiel Blanco (Cambiemos-Tala) presentó un proyecto solicitando al gobierno al menos una suspensión de las fumigaciones “teniendo en cuenta los efectos negativos” que los agrotóxicos provocan en la salud humana. Juan

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

¿Es posible prohibir las fumigaciones aéreas en la provincia? Parece difícil. Aunque el senador provincial Exequiel Blanco (Cambiemos-Tala) presentó un proyecto solicitando al gobierno al menos una suspensión de las fumigaciones “teniendo en cuenta los efectos negativos” que los agrotóxicos provocan en la salud humana.

La iniciativa surge mientras en la Legislatura acaba de conformarse una comisión bicameral para avanzar en la elaboración de un texto que unifique todos los proyectos en danza sobre la regulación del uso de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos.

En ese marco es que el senador “vería con agrado” que el gobierno suspenda las fumigaciones aéreas, teniendo en cuenta que la legislación que regula el uso de plaguicidas en la provincia “es muy desactualizada”. (Las organizaciones ambientalistas han sido más duras, calificándola como “arcaica” y han dicho que “no guarda una protección preventiva y precautoria del medio ambiente”).

Si bien el legislador no fija límites de tiempo a la suspensión, deja entrever que podría instrumentarse al menos mientras se debate una modificación de la ley vigente sobre el uso de agroquímicos o se elabora un nuevo marco regulatorio “para proteger la salud humana animal y vegetal”, según consta en los fundamentos del proyecto de comunicación que ingresó esta semana en la Cámara de Senadores.

La idea no es novedosa: ya en 2009 el entonces diputado nacional Raúl Solanas había presentado un proyecto para que “se suspenda en todo el territorio nacional por un plazo de seis meses el uso y aplicación de glifosato”, para realizar un estudio científico y un dictamen consecuente, determinando “un órgano de control y seguimiento para la utilización de este herbicida utilizado en la agricultura”. Aquello no prosperó.

En Entre Ríos, el uso de agrotóxicos se rige por una “ley” de la dictadura. La Ley de Plaguicidas Número 6.599 fue sancionada en 1980 –tiene la firma del interventor militar Carlos Enrique Aguirre–, aunque luego tuvo modificaciones. La norma establece, además, que “toda persona que se decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros” y prohíbe “la aplicación aérea de plaguicidas agrícolas dentro del radio de tres kilómetros a partir del perímetro de la planta urbana de los centros poblados”.

Sin embargo, las formas de producción han evolucionado. Blanco señala en los fundamentos de su iniciativa que “el actual modelo de producción agraria, sustentado en la producción agro-industrial de granos de generación biotecnológica u organismos genéticamente manipulados, conlleva a utilizar cantidades crecientes de plaguicidas” y sostiene la necesidad de suspender las fumigaciones aéreas con agrotóxicos “en los considerables informes realizados por especialistas y reportajes a personas afectadas”.

Entre otros aspectos, el legislador cita un informe realizado por la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”, la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Asamblea Ambiental Ciudadana de Concepción del Uruguay donde consta que “el 80% de las escuelas rurales entrerrianas denuncian ser fumigadas entre cuatro y ocho veces al año, sin existir responsables en cuanto siquiera al cumplimiento de la ley”. Los datos surgen de un relevamiento sobre 82 instituciones de distintos niveles, a las que asisten 2.452 alumnos y trabajan 447 docentes y 82 no docentes como ordenanzas y cocineras.

No menos trascendente es el alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), máximo espacio internacional en materia sanitaria, donde confirma que “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)” y “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas”. Esto confirma lo que vienen denunciando desde hace años los habitantes de pueblos fumigados, organizaciones sociales y algunos académicos sobre el plaguicida más utilizado en el país.