Médicos examinan a un jefe militar imputado por un secuestro en 1975

09/08/2016

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Para cuando las fuerzas armadas asaltaron el poder, el 24 de marzo de 1976, ya tenían varios meses haciendo una especie de “ensayo general” de lo que serían las políticas de exterminio que el régimen militar pondría en práctica. Pero la investigación de esos hechos es

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

Para cuando las fuerzas armadas asaltaron el poder, el 24 de marzo de 1976, ya tenían varios meses haciendo una especie de “ensayo general” de lo que serían las políticas de exterminio que el régimen militar pondría en práctica. Pero la investigación de esos hechos es un territorio casi inexplorado por la justicia entrerriana.

La represión ilegal se había ensañado principalmente con dirigentes barriales y sindicales. Es el caso de Marcelo Néstor Fischer, un dirigente gremial de Salto Grande, privado de la libertad durante 255 días sin que se le iniciara un proceso en su contra.

Fischer fue secuestrado el 5 de diciembre de 1975, mientras se encontraba con su novia en la terminal de Concordia, por una patota que integraban policías y militares. Ese mismo día en Concordia también fueron ilegalmente detenidos Alberto Adrián Williams, Norberto Manuel Rotondaro y Ricardo Ángel Godoy.

Tras la detención, Fischer estuvo un día en la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, luego fue entregado al Comando Paraná y permaneció una semana en una casa no identificada en la capital provincial, hasta que fue trasladado a la sede de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. Recién el 18 de diciembre se oficializó su detención, cuando ingresó a la cárcel en Paraná; y el 24 fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por Decreto Número 4.065.

Por esos hechos, el juez federal Leandro Ríos había citado a prestar declaración indagatoria a Roberto Velasco Ordoñez, un ex militar, entonces jefe del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 6 “Blandengues”. El magistrado le imputó el delito de privación ilegal de libertad agravada por su condición de funcionario público.

Pero la indagatoria no se concretó. A fines del año pasado, el defensor Gerardo Ibáñez, el mismo que asistió a Juan Miguel Valentino en la causa en la que fue condenado a prisión perpetua por delitos de genocidio en Gualeguaychú, solicitó que Velasco Ordoñez sea sometido a estudios médicos para constatar su estado de salud y peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema determinaron que el ex militar no estaba en condiciones de enfrentar un proceso penal por incapacidad mental sobreviniente.

Ante ese escenario, el magistrado decretó la suspensión del proceso, pero dispuso que Velasco Ordoñez sea sometido a exámenes médicos cada seis meses a fin de constatar si hay alguna evolución que permita someter al enfrentar una causa penal. Así lo confirmaron a Página Judicial fuentes con acceso al expediente.

Con perfume francés

Velasco Ordoñez llegó a Concordia en diciembre de 1973. Fue interventor de la ciudad de Santiago del Estero entre el 27 de abril y el 1 de junio de 1962, durante la autodenominada Revolución Argentina; y egresado de la Escuela Superior de Guerra en 1965, en tiempos en que los militares franceses importaron a la Argentina la concepción del enemigo interno y su experiencia en la lucha en un medio urbano, que se aplicó durante la última dictadura cívico-militar.

Hasta hace unos años, Velasco Ordoñez integraba un “centro de estudios” que trabaja en la investigación y redacción de la historia de las unidades de caballería del Ejército, junto con otros ex militares. También integra como “miembro activo” la asociación de amigos del Regimiento de Granaderos a Caballo. En 2011 presentó su libro Por primera vez, donde se recrean “primeras veces significativas para la historia del regimiento”, al decir de las crónicas militares de esos días.

En la causa por el secuestro de Fischer, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos también había solicitado la indagatoria del comisario Víctor Bressán, de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, señalado por la víctima como quien encabezó el operativo de su detención ilegal; José Dayub, que era director de Investigaciones de la Policía provincial; y Luis Eduardo Nin, entonces director de la cárcel de Paraná. Pero los tres están fallecidos.

Fischer falleció el 20 de marzo de 2007 sin poder declarar.

De Concordia a Paraná

El 29 de diciembre de 1983, el dirigente sindical presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción de Concordia, a cargo de Oscar Satalía Méndez, denunciando haber sido víctima de amenazas, privación ilegítima de libertad, apremios ilegales y robo.

Dijo además que en los días previos al 5 de diciembre había sido víctima de “seguimientos sin solución de continuidad por parte de personal de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos y de personal de civil en autos particulares pertenecientes a personal militar, dependientes del jefe del Área 225, que era también quien comandaba el regimiento.

Pedro Fernando Ramón Campbell era el jefe departamental de Policía desde 1972, pero el jefe del área era el coronel Velasco Ordoñez, que estaba desde hacía dos años y transitaba ya sus últimos días al frente del regimiento. En el escrito señaló al oficial Juan Manuel Romeau como la persona que encabezó el operativo en el que fue secuestrado.

La noche siguiente a su detención ilegal fue esposado, subido a un camión policial y trasladado a su casa, donde se había montado un espectacular operativo de fuerzas conjuntas con agentes en ambas esquinas y otros apostados en los techos de vecinos para realizar un allanamiento en busca de documentos e información.

El 7 de diciembre, en horas de la madrugada, Fischer fue nuevamente sacado de su celda en la Jefatura Departamental, encapuchado, engrillado y trasladado a Paraná. El operativo estaba a cargo del oficial Daniel Alejandro García.

El oficial Aníbal Ruperto Palacios también admitió haber integrado esa comisión policial que trasladó a “cuatro detenidos, que viajaron esposados en una camioneta Chevrolet, que le decían guerrillera”. Lo hizo al declarar como testigo en el juicio por crímenes de lesa humanidad en el Área Concordia. Allí mencionó a “Fischer, Williams, Rotondaro y una cuarta persona, que fueron entregados al Ejército”. El cuarto detenido era Godoy.

Fischer contó que “en el camino (de Concordia a Paraná), y ante una avería del móvil, se me hizo un simulacro de fusilamiento”. Aclaró, además, que los militares se negaron a recibir a los secuestrados. Entonces terminó en un lugar al que identifica como “centro de operaciones de la patota del Comando Paraná. “Fui torturado, golpeado, picaneado, a la vez que se me prometió traer los ojos de mi madre y de mi novia a ver si los reconocía. Los vejámenes físicos y psíquicos duraron una semana y posteriormente reaparecí oficialmente en el edificio de la División Investigaciones de la Policía”, relata Fischer sobre el momento en que fue localizado por su familia en la dependencia de calle Urquiza de Paraná, la misma donde había estado detenido ilegalmente Ramón Héctor Pichón Sánchez.

Reapareció, como se dijo, el 18 de diciembre y seis días después fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Después de permanecer 255 días privado de su libertad, fue liberado el 10 de septiembre de 1976, aunque con algunas condiciones, como la de presentarse semanalmente en el Regimiento de Concordia.

Una vez, meses después, fue convocado por el propio jefe de la unidad militar, Dasso, quien le exhibió una serie de papeles y una carpeta que le habían secuestrado a Fischer. Ahí estaban las denuncias que derivaron en su detención ilegal: una de la delegación local de la CGT que lo señalaba como “perturbador de los sindicatos de Concordia” y otra de las 62 Organizaciones Peronistas por “interferir en el normal desenvolvimiento de la obra de Salto Grande”.