Habló el fiscal que investiga a la familia de Sergio Urribarri
29/07/2016
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial La causa en la que se investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de la familia de Sergio Urribarri es un problema para el periodismo. Al frente de las pesquisas están dos fiscales con extremo bajo perfil. Son, incluso, los únicos a los que no se puede rastrear ni
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
La causa en la que se investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de la familia de Sergio Urribarri es un problema para el periodismo. Al frente de las pesquisas están dos fiscales con extremo bajo perfil. Son, incluso, los únicos a los que no se puede rastrear ni extraer declaraciones. Se trata de Patricia Yedro y Santiago Brugo.
Uno de ellos recibió a Página Judicial en su despacho. El motivo, obviamente, saber en qué estado está la investigación que se lleva adelante sobre el patrimonio del ex gobernador.
“Se ha avanzado mucho. Es mucha la información que se recolectó de diferentes organismos públicos para acreditar si existe o no el delito que se está investigando”, contó Brugo.
El funcionario judicial relató que continuamente se acerca gente a la Fiscalía con la intención de aportar datos que, en rigor, terminan siendo comentarios: que Urribarri sería el dueño de tales departamentos, campos y cuanto bien inmueble uno se pueda imaginar, son algunas de las habladurías que le acercan al fiscal. Se investiga todo, pero muchas cosas son complicadas de probar y esto retrasa el proceso. “Nosotros, todo dato que nos acercan, lo investigamos, pero no todo se puede acreditar. Es una causa complicada que requiere de una estructura que no tenemos. Aún así se ha avanzado mucho”, apuntó.
Brugo no dio precisiones y habló en todo momento en forma genérica. Ante la insistencia, la respuesta fue: “Los medios ya han publicado buena parte de lo que se ha podido acreditar”. Eso, si se lo decodifica, permite inferir que habría elementos para llegar a una condena.
Entre la documentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y organismos públicos nacionales y provinciales aparecen datos insólitos. Uno de ellos, por ejemplo, refiere a compras que se realizaron hace dos años y se empiezan a pagar este año. ¿Cómo se explica eso? El fiscal entiende que puede haber otro delito en esas operaciones. Pero lo deja a la libre interpretación. Se limita a ironizar: “Ni el Banco Mundial te presta a dos años”. ¿Lo que se conoce como algún retorno?, se le preguntó. “Se está analizando todo”, respondió seco. Otro: la familia hizo la mayoría de los pagos de servicios en efectivo, no por débito. Al evitar la bancarización se evita también dejar rastros en esas operaciones.
Hay información requerida que recién se pudo conseguir después de ocho meses. El fiscal lamentó no tener la infraestructura necesaria o que no se haya creado una Fiscalía Anticorrupción, como lo establece la Constitución. “Uno tiene una causa voluminosa como ésta, pero permanentemente está trabajando sobre juicios por homicidios que ocurren a diario. No hay estructura”, insistió y se quejó.
Brugo conoce la forma en que se trabaja en otras jurisdicciones. Antes de recaer en Paraná y llegar al Ministerio Público Discal por concurso ante el Consejo de la Magistratura, se desempeñó en la Justicia Federal en Buenos Aires.
El fiscal reconoció que “en muchos lugares demoran la información requerida”. Cuando se le preguntó cuáles son los organismos prefirió no dar precisiones para “evitar algún entorpecimiento en la investigación”.
La Procuración
La causa se inició a partir de una denuncia que presentaron los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet luego de que la revista Análisis publicara un informe periodístico en el que dio cuenta del crecimiento patrimonial de la familia del ex gobernador y ahora presidente de la Cámara de Diputados. Es así que la investigación alcanza a su esposa Analía Aguilera, sus hijos Sergio Damián y Mauro, y su cuñado Juan Pablo Aguilera; pero también a otros familiares y allegados al ex mandatario, a fin de determinar si los ingresos declarados son compatibles con los bienes que registra cada uno de ellos.
En la causa está latente la posibilidad de que se imputen otros delitos, por caso, el de negociaciones incompatibles con la función pública.
Brugo no desconoce los cuestionamientos que desde algunos sectores le hacen al Ministerio Público Fiscal y, particularmente, al jefe de los fiscalesm Jorge Amílcar Luciano García. Conoce los movimientos de la política, pero no opina ni da a conocer su diagnóstico sobre el cuadro de situación. “Acá se está llevando adelante una investigación. Se dicen cosas livianamente. Con la fiscal Yedro estamos trabajando con nuestros criterios, el procurador no ha tenido la más mínima intervención. Cómo mucho, me ha preguntado cómo va la causa”, cuenta. Y agrega: “Fue el procurador quien inició de oficio la causa por la organización de la Cumbre del Mercosur, en donde encontramos muchas irregularidades en las contrataciones”.
La pregunta inevitable, que pudo haber sido la primera de la charla, es si hay en los próximos días un llamado a indagatoria para el ex gobernador Urribarri. “No tenemos programado nada”. Brugo aclaró que en ese caso no sería necesario solicitar el desafuero, siempre que cuando se lo cite, comparezca.
Además de las dos causas que tramitan en la provincia (enriquecimiento ilícito y la Cumbre del Mercosur), la jueza federal María Servini de Cubría inició una investigación sobre los gastos que insumió la campaña de su frustrada candidatura presidencial y el origen de esos fondos. La defensa del ex gobernador está a cargo del interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Marcos Rodríguez Allende.