Juzgan a un empresario porteño por la explotación de hacheros en Colón

25/07/2016

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El Tribunal Oral Federal de Paraná comenzó a juzgar a un empresario por la explotación laboral de hacheros en una zona rural del departamento Colón. Se trata de José Manuel Gutiérrez, un empresario porteño de 65 años, residente en la localidad correntina de Monte Caseros y

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

El Tribunal Oral Federal de Paraná comenzó a juzgar a un empresario por la explotación laboral de hacheros en una zona rural del departamento Colón. Se trata de José Manuel Gutiérrez, un empresario porteño de 65 años, residente en la localidad correntina de Monte Caseros y con negocios en Entre Ríos.

Gutiérrez, un ex policía federal, administraba una explotación forestal en Colonia San Anselmo, un paraje rural ubicado a veinte kilómetros de Colón, a la que solo es posible acceder a través del río Uruguay. En el campo empleaba a doce trabajadores que desarrollaban tareas de desmonte de eucaliptos y limpieza de bosques sin ningún tipo de cobertura legal y por una escasa paga mensual. Todos vivían en condiciones muy precarias, hacinados en chozas cubiertas con bolsas de nylon, sin electricidad ni agua corriente.

El empresario está acusado por el delito de trata de personas mayores de edad con fines de explotación laboral –agravado por la cantidad de víctimas– mediante el abuso de la situación de vulnerabilidad, que prevé una pena de entre cuatro y diez años de cárcel.

El hecho se descubrió el 5 de julio de 2011, cuando inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), junto con agentes de la Dirección Provincial del Trabajo –y con el auxilio de Prefectura–, realizaron un operativo en un predio denominado “Establecimiento La Providencia”.

El cuadro era de extrema precariedad: los obreros –siete correntinos, cuatro misioneros y un paraguayo– sobrevivían en el monte, en un predio de difícil acceso, hacinados en una pieza con paredes de material, techos de chapa agujereadas y cubiertas con lonas, sin puerta ni ventanas, desprotegidos de las inclemencias climáticas, sin agua corriente (que se proveían desde el casco del campo, a unos dos kilómetros) ni luz eléctrica ni baño (Gutiérrez llegó a decir que los obreros “quisieron ir a ese lugar aún a costo de no tenerlo”). Dormían en colchones deteriorados, con sábanas y mantas rotas. La comida también era escasa, se las proveía Gutiérrez “cada tres o cuatro días”, según dijeron, y se las descontaba de la paga. Cocinaban a la intemperie, con leña, y utilizaban chapas y troncos improvisando mesas y sillas.

En el primer día del juicio los propios obreros dijeron que como no tenían donde higienizarse, lo hacían “en el río”. Incluso en julio, según lo admitieron ante preguntas del fiscal José Ignacio Candioti.

Lo curioso es que los obreros aseguraron que vivían en el monte, en esas condiciones, “por gusto”, “para estar más tranquilos, en libertad” o “para estar más cerca de donde había que trabajar”. Sin embargo, tras el procedimiento, fueron alojados en otro lugar: “El patrón nos llevó a un campamento donde teníamos todas las comodidades y ya no queríamos salir más de ahí”, dijo uno de ellos, dejando escapar una mueca de sonrisa.

Los obreros pasaban períodos de veinte días a un mes en esas condiciones, hasta que el “patrón” u otra persona los trasladaba en una camioneta hasta la terminal para que viajaran a ver a sus familias. Era el mismo Gutiérrez quien les compraba los pasajes y se los descontaba de la paga. En el caso de los trabajadores misioneros, sin embargo, el viaje para visitar a sus parientes era más espaciado.

La situación laboral tampoco estaba regularizada: tenían registración irregular ante la AFIP (uno de ellos estaba inscripto como monotributista y era una especie de capataz), cumplían interminables jornadas laborales y hasta debían continuar trabajando en caso de enfermedad, para no perder el día, o recuperar los días perdidos en caso de lluvia agregando horas en las jornadas posteriores. La paga era disímil, a pesar de que todos desarrollaban la misma tarea y, de hecho, ni siquiera sabían cuánto era el importe real que Gutiérrez les abonaba. El “patrón” tampoco les proporcionaba elementos de seguridad ni ropa de trabajo adecuada para la tarea que desarrollaban.

Yo señor, no señor

Gutiérrez dio una declaración de casi una hora en la que intentó exculparse argumentando que “todos los obreros se encontraban registrados como corresponde”, es decir, estaban inscriptos ante la AFIP, tenían cobertura de obra social y ART.

“Rechazo categórica y firmemente la acusación por trata”, comenzó su monólogo. “No estaban en condiciones de trata ni esclavitud”, diría más adelante. “Yo no soy esa personas que dicen esos escritos”, se defendió después.

Luego dijo que previo a la inspección de la AFIP los hacheros estuvieron viviendo en un galpón del Establecimiento La Providencia “con todas las comodidades”, hasta que debió sacarlos por las quejas del encargado a raíz de que habrían faltado huevos de las gallinas ponedoras que había en el lugar. Su relato, sin embargo, no fue respaldado en ese punto por los obreros. El empresario explicó entonces que fueron los propios hacheros quienes le pidieron instalar un campamento en el monte “para estar más cerca del lugar de trabajo y del río”. Los obreros, un rato más tarde, calcarían sus dichos.

También negó que los hacheros trabajaran jornadas extenuantes de sol a sol, sin domingos ni feriados: “Se trabajaban ocho horas, de 7 a 11 y de 13 a 17, los días de frío iban más tarde; no se trabajaban los feriados ni los sábados y domingos y nunca hemos trabajado los días de lluvia”. Pero los trabajadores dicen otra cosa.

Gutiérrez dijo luego que “se pagaba de acuerdo a los convenios colectivos de trabajo”; que periódicamente les entregaba a los obreros ropa de trabajo (pantalón, camisa, guantes y zapatos especiales) y elementos de seguridad (protectores auditivos y para los ojos), pero que no los usaban “por una actitud de vida (sic) o por una forma de ser”; afirmó que todos tenían teléfonos celulares, aunque los inspectores de AFIP lo desmintieron; aseguró que “si alguno estaba enfermo era inmediatamente trasladado a un centro de salud; y que les entregaba “comida todas las semanas y carne de primera calidad, no hueso”, aunque no tenían donde conservarlos.

“Ninguna persona quedó en ningún momento librada a la buena de dios, siempre se les brindó todo lo necesario”, aseguró el empresario radicado en Corrientes en otro tramo de su declaración ante el tribunal oral.

Su suerte se definirá este martes.