La Justicia provincial estableció límites a las fumigaciones aéreas

24/07/2016

Juan Cruz Varela Una empresa santafesina que se dedica a la agricultura se comprometió en la justicia a avisar a sus vecinos con siete días de antelación sobre cualquier fumigación que realice en sus campos sembrados en la localidad de Lucas González. Juan Cruz Varela Una empresa santafesina que se dedica a la agricultura se

Juan Cruz Varela

Una empresa santafesina que se dedica a la agricultura se comprometió en la justicia a avisar a sus vecinos con siete días de antelación sobre cualquier fumigación que realice en sus campos sembrados en la localidad de Lucas González.

El compromiso fue firmado en el Juzgado Civil y Comercial Número 2 de Nogoyá, a cargo de María Andrea Cantaberta, a raíz de un amparo ambiental promovido en abril por una mujer solicitando que se ordene a los propietarios del predio denominado “Estancias San Juan”, o quienes estuvieran explotando el campo, el cese de las fumigaciones aéreas sobre sus respectivos predios rurales “con cualquier clase de agrotóxicos, por contrariar lo establecido por la normativa provincial”.

En una audiencia de conciliación, el empresario José Emilio Esteban Mattievich y su firma Grazzia SA se comprometieron a que no fumigaría sin avisarle con siete días hábiles de antelación, pero también a alojar a la mujer y a su hija de 6 años con Síndrome de Down en un hotel de la ciudad de Nogoyá durante tres días a partir de que comience la fumigación de los cultivos en los campos linderos a la casa. Ojo, el empresario hizo constar en el acta que hacía esto “sin reconocer ninguna responsabilidad en el hecho” y “en contemplación de la circunstancias de salud de la menor”.

Lo novedoso –y no menos relevante– del acuerdo conciliatorio es que la jueza también instruyó a la Policía local para que los efectivos estudien las normativas ambientales que rigen en el país y en la provincia y tengan la capacitación suficiente para responder ante cualquier denuncia de ciudadanos por fumigaciones ilegales.

La mujer, Gabriela, por su parte, se comprometió a dar aviso a la Policía sobre cualquier fumigación ilegal para que la fuerza de seguridad constate e identifique a quien la esté realizando, “así como la autoridad y/o sujeto a cuyo nombre se realice, todo a fin de resguardar sus derechos y los derechos y responsabilidades de los accionados en autos”, es decir, el empresario Mattievich y su firma Grazzia SA.

Pero el caso de Gabriela es apenas un botón de muestra.

Pueblos enteros son fumigados por con los tóxicos del agro. Los aviones sobrevuelan los sembradíos escupiendo veneno, como los mosquitos transitan por los campos, rutas o caminos vecinales sin distinguir soja de casas, trigo o maíz de escuelas.

El agua que consumen y el aire que respiran enferma a las personas en el campo y ya no hay dudas de que la exposición permanente a los agrotóxicos modificó el perfil de enfermedades en las zonas rurales: el cáncer es la primera causa de muerte entre ellos.

La abogada María Aldana Sasia, del Foro Ecologista Paraná, es de las personas que más ha militado por el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano y ha denunciado el impacto sobre la salud que tienen los herbicidas con los que se riegan millones de hectáreas de campos argentinos. Ella fue una de las que representó a la mujer en su reclamo judicial, junto con Marcelo Boeykens y Eduardo Luis Larrat. “Lo que intentamos con esto fue prevenir la salud ante el daño inminente que estaba padeciendo una menor”, resumió sobre este caso, a la vez que cuestionó la normativa vigente y advirtió sobre la necesidad de cambiar el sistema de producción y volver a las formas tradicionales.

–¿Por qué es importante este acuerdo al que arribaron con el empresario Mattievich y la firma Grazia SA?
–Básicamente porque Lucas González es un territorio donde la legislación vigente en materia de sustancias tóxicas, como los agroquímicos, no existe. Hay un desconocimiento total y un ejercicio de la actividad agropecuaria totalmente anárquico: no hay controles, no hay verificación, no se toman las denuncias. Esta mujer venía denunciando desde el año 2010 y cada vez que iba a la Policía le decían que no podían ir hasta el lugar ni exigirle nada a la empresa. La legislación vigente obliga a los productores a avisar con 48 horas de antelación a la fumigación y entregar la receta agronómica del producto por triplicado, una para el órgano de control, otra para el aplicador y la tercera para el productor. En el municipio, por ejemplo, no hay un órgano de control ni una oficina donde dejar la receta. Tampoco la Policía constataba que las distancias fueran las que establece la ley; ni el médico accedía a atenderla en el momento porque había sido expuesta a fumigaciones. Se podía envenenar toda la población y nadie hacía nada; y esta mujer era tratada como si estuviera loca.

–¿Cuáles son los términos del acuerdo al que arribaron en la mediación judicial?
–Lo primero que se logró es que el productor, que es dueño de 3.000 hectáreas de campo y tiene como actividad secundaria a la siembra de soja –la actividad principal es la cría de ganado para faena en sus frigoríficos–, se presente en persona en la ciudad, que vea a la nena con Síndrome de Down y que escuche de boca de los propios afectados, con lágrimas en los ojos, todo lo que habían padecido a causa de su actividad y de su ganancia. Lo segundo que se logró es que la Policía de Lucas González tome cartas en el asunto, se informe, reciba copia toda la legislación, pueda recibir las denuncias cada vez que una persona haga una exposición porque lo están fumigando con agroquímicos y se constituya en el lugar que el vecino señala para constatar la situación, que se le exija al productor la exhibición de la receta, se delimite la distancia y se verifique la presencia de un asesor o ingeniero agrónomo. Y lo tercero que se logró es que a la mujer (Gabriela) se le avise con siete días de anticipación a la fumigación para que ella pueda tomar todos los recaudos que considere necesarios y que el control se ejerza; y que en el día de la fumigación ni ella ni su hija queden expuestas al olor y a la sustancia porque eso le genera un daño en su salud, yéndose de la ciudad no va a estar expuesta a la sustancia. Esto es lo máximo que podía conseguirse en la justicia…

–¿No hay margen para exigir la prohibición de fumigar?
–Es imposible. ¡¿Eso no lo prohíbe el Poder Ejecutivo y lo va a prohibir una jueza de Nogoyá?! Esta es la jueza más humana con la que hemos litigado porque mostró una gran predisposición y buena voluntad. Si ella prohibía las fumigaciones, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) diría que se trata de una actividad lícita, que no está comprobada la relación entre la causalidad y el daño y que por el principio precautorio se mantengan las distancias. En realidad, mil, dos mil, tres mil metros, no cambian nada, porque el veneno está en todos lados. Lo que intentamos con esto fue prevenir el impacto sobre la salud ante el daño inminente que estaba padeciendo una menor.

–Hace unos meses se conoció un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que determinó que el glifosato, uno de los principales agroquímicos, es “probablemente cancerígeno”. ¿Cree que en algún momento se prohibirá su uso?
–Es que no se trata solo del glifosato, lo que hay que cambiar es el modelo de producción, volver a la siembra tradicional y evitar el paquete tecnológico que impone Monsanto con la compra de semilla y sus productos para fumigar. En la actividad agrícola se utilizan un montón de otras sustancias, más allá del glifosato, que son igualmente tóxicas. En ese contexto, el Presidente (Mauricio Macri) ha dicho que el país tiene que ser el supermercado del mundo y abastecer al mundo a través de la producción agropecuaria. Es irrisorio. Hoy los granos que se exportan de la Argentina no se utilizan para alimentos, sino para forrajes: nadie quiere comer la soja que exporta la Argentina y nadie quiere comer las carnes que se exportan de la Argentina porque las vacas están alimentadas con esa soja.

Fuente: Análisis.