Se eleva a juicio la primera causa que tiene Sergio Urribarri

08/06/2016

De la Redacción de Página Judicial El ex gobernador Sergio Urribarri volvió a faltar a la segunda audiencia de conciliación en el marco de la causa por calumnias e injurias que promovió en su contra el abogado Guillermo Mulet. De la Redacción de Página Judicial El ex gobernador Sergio Urribarri volvió a faltar a la


De la Redacción de Página Judicial

El ex gobernador Sergio Urribarri volvió a faltar a la segunda audiencia de conciliación en el marco de la causa por calumnias e injurias que promovió en su contra el abogado Guillermo Mulet.

A las 10.20, el juez de Garantías Número 2, Eduardo Ruhl, dio por terminada la audiencia en presencia de Mulet y su abogado, Iván Vernengo, y ante la ausencia del ex mandatario y actual diputado provincial. La anterior se había producido el 25 de abril.

La de esta mañana es la segunda vez que el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados no comparece a la conciliación y, como aquella vez, tampoco lo hizo su representante legal, Marcos Rodríguez Allende. La diferencia es que esta vez se corroboró que el letrado había sido correctamente notificado de la convocatoria.

Según pudo saber Página Judicial, en los próximos días la causa se elevará a juicio. Además de fijar fecha, se deberá solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero de Urribarri para que el debate pueda llevarse a cabo.

La querella se originó tras la denuncia por enriquecimiento ilícito que Mulet y Rubén Pagliotto presentaron contra el ex gobernador, a raíz de un informe periodístico publicado en la revista Análisis que daba cuenta del crecimiento patrimonial que registró la familia de Urribarri en los últimos ocho años. Esa presentación motivó que se abriera una causa que se encuentra en curso y generó la reacción del ex mandatario.

El actual presidente de la Cámara de Diputados debía presentarse para ratificar o rectificar lo expresado el 21 de diciembre en un comunicado de prensa en el que calificó a Pagliotto y Mulet como “dos conocidos denunciadores seriales de dudosa probidad”; y respecto de Mulet dijo que registraba “antecedentes penales con imputaciones judiciales por apoderarse de elementos sustraídos en un robo, habiendo sido oportunamente detenido por la Policía de la provincia”, a la vez que lo acusó de “encubrir a personas que participaron de un grave delito a una importante empresa avícola de Hernandarias”.

Luego de la primera audiencia frustrada, Rodríguez Allende había asegurado que “Urribarri no va a ratificar ni rectificar nada, porque estamos avocados en trabajar en lo que nos interesa, que es la otra causa penal”, en referencia a la que enfrenta el ex mandatario por enriquecimiento ilícito, y agregó que en esa investigación “se están realizando una batería de pruebas, luego se va a hacer una pericia y vamos a demostrar que hay una evolución patrimonial acorde con los ingresos y esta causa va a devenir en archivo”.

En su momento, Mulet respondió con una carta pública en la que adelantó que promovería una querella si Urribarri no se rectificaba porque consideraba que se había “mancillado” su honor y que eso no lo podía permitir. “Ni siquiera tiene entidad su ataque, ya que los correveidiles (alcahuetes les dicen en mi barrio), funcionales a él y su sequito de amanuenses desilustrados y a la par desinformados, le han reportado data equivocada: no he sido jamás condenado por delito alguno ni sospechado de encubrir a nadie. Y a eso lo puedo demostrar absolutamente”, sostuvo el abogado. “Nunca fui siquiera procesado judicialmente, menos aún detenido por la Policía. Cuando no tienen argumentos, cuando la gente no tiene entidad moral, recurre a los agravios personales y falsos”, acotó.

Mulet y Pagliotto denunciaron a Urribarri y su familia por el delito de enriquecimiento ilícito luego de que se revelaran propiedades y bienes a nombre del ex mandatario y su hijo Mauro, actual ministro de Gobierno. En su denuncia advirtieron sobre un “incontrastable, inequívoco, meteórico, desproporcionado y cuantioso crecimiento patrimonial de los denunciados, en abierto contraste con su condición económica previa al acceso a sus cargos y los emolumentos percibidos”.