Pidieron un jury a un vocal del Tribunal de Cuentas provincial

02/06/2016

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial El caso es de varios años atrás, lo que sucede es que el denunciante entiende que el delito se sigue cometiendo. El 10 de mayo pasado, Miguel Ángel Sampietro, ex interventor del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) presentó una denuncia ante

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

El caso es de varios años atrás, lo que sucede es que el denunciante entiende que el delito se sigue cometiendo. El 10 de mayo pasado, Miguel Ángel Sampietro, ex interventor del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento para que se investigue al vocal del Tribunal de Cuentas José Luis Gea Sánchez.

Sampietro integró la Comisión Fiscalizadora Permanente del Iosper durante tres meses en 2005. Ese brevísimo tiempo fue suficiente para alterar los ánimos en la obra social estatal.

Sampietro, abogado y licenciado en Administración en Salud, llegó al Iosper luego de desempeñarse como fiscal en el Tribunal de Cuentas. Instalado en la obra social, advirtió en varias oportunidades a sus ex compañeros del organismo de control sobre las irregularidades que se cometían a través de los convenios capitados, a través de los cuales la obra social le otorgaba un monto de dinero a una institución para que ésta preste un servicio.

Pero un caso, entre varios, desató el escándalo. Se trata de un convenio entre el Iosper y el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos que terminó con un fallo de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación en contra de la obra social por no controlar a los farmacéuticos, quienes vendían productos que no estaban autorizados. ¿Quién era el encargado de hacer los controles? Gea Sánchez, a cargo del contralor en el ámbito sanitario en la provincia.

El Tribunal de Cuentas, al revés de lo que debía hacer ante las advertencias de irregularidades que se presentaron, cargó contra Sampietro. Elaboró un informe en el que marcó una supuesta desprolijidad por la cual el ex interventor del organismo, Sampietro, ordenó pagar más de un millón de pesos al Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos cuando lo correcto hubiese sido que la obra social le cobrara a la entidad por una deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo cierto es que el organismo de contralor declaró “lesivo” el pago de los intereses del instituto.

Conocido este informe, Sampietro explotó de ira, lo que lo ocasionó un daño en su salud y dio un paso al costado del Iosper. Pero no se quedó de brazos cruzados. Interpuso lo que se conoce como “una acción de certeza” ante el entonces gobernador Jorge Busti para que lo investigue y se sometió a una pericia para probar su inocencia o su buen accionar como funcionario del Iosper. Esa presentación murió en el archivo. También presentó un memorial dirigido a la Presidencia del Tribunal de Cuentas para que se le permitiera el acceso a las actuaciones que se hicieron y por las cuales se llegó al informe que reprobaba su accionar. No hubo caso.

Recuperado en su salud, Sampietro volvió a su antiguo lugar de trabajo, el Tribunal de Cuentas. Allí lo recibieron con una orden de que se presentara ante una Junta Médica, que lo empujó a jubilarse por incapacidad. En definitiva, se lo sacaron de encima.

Destapar la olla

Sampietro se había convertido en una molestia, primero en el Iosper y luego en el organismo de control. Empezó a mover las presentaciones que se habían hecho desde la obra social para que el Tribunal de Cuentas investigue los convenios capitados.

El fiscal también se interesó por saber los motivos por los cuáles Gea Sánchez aprobó las cuentas de la contadora Silvina Degano cuando se desempeñó como presidenta del Iosper, luego de haber trabajado en la vocalía del mismo Gea Sánchez como auditora, cargo al que volvió tras su paso por la presidencia de la obra social.

En su presentación ante el jury de enjuiciamiento, Sampietro repasó una medida cautelar iniciada ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la que surgieron “tremendas irregularidades respecto del Formulario Terapéutico del Iosper y que debía cumplir el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos”. Allí se detectaron laboratorios no habilitados, clausurados y medicamentos no aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Todo este relato, Sampietro lo expuso con detalles en su presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento, a la que tuvo acceso Página Judicial y que se adjunta.

“Durante mi corta gestión, en el año 2005, las rendiciones de cuentas correspondientes a los años 1993 y siguientes debieron recibir reproches u observaciones que nunca fueron subsanados. Sin embargo, nunca se inició juicio de cuentas o se procedió conforme a lo establecido”, redactó Sampietro. Y agregó: “El vocal (Gea Sánchez) no cumplió con dichos dispositivos legales”. No era para menos la jubilación de Sampietro. Se le había ocurrido escarbar sobre lo que había sucedido varios años hacia atrás.

El abogado y ex funcionario está dispuesto a ampliar su denuncia. El Jurado de Enjuiciamiento lo preside el diputado Diego Lara (FPV-Paraná), secundado por el vocal del STJ Emilio Castrillón. Por el Poder Judicial lo completan los vocales Bernardo Salduna y Daniel Carubia; por el Senado, Ángel Giano (FPV-Concordia); y por el Colegio de Abogados de Entre Ríos, Jorge Campos y Roberto Behéran.