Lo condenaron por trata y ahora será juzgado por amenazar a magistrados

06/05/2016

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Se habrá visto perdido el hombre. Tal vez pensó que su destino, inexorablemente, era una celda en prisión; que la contundencia de las pruebas expuestas por el fiscal habían convencido al tribunal, y entonces ensayó una última acción desesperada: tomó la guía de teléfonos y discó

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

Se habrá visto perdido el hombre. Tal vez pensó que su destino, inexorablemente, era una celda en prisión; que la contundencia de las pruebas expuestas por el fiscal habían convencido al tribunal, y entonces ensayó una última acción desesperada: tomó la guía de teléfonos y discó los números que le devolvía el pesado libro.

La noticia de que los jueces y el fiscal habían sido amenazados de muerte se mantuvo como un secreto guardado bajo siete llaves hasta después de que se conoció la sentencia de condena a Carlos Darío Antonio Montiel por el delito de trata de personas.

El lunes 29 de octubre de 2012, Montiel fue condenado a cuatro años de prisión, contra los seis que había pedido el fiscal. Pero durante el fin de semana previo a la sentencia, el hombre habría llamado varias veces por teléfono a los integrantes del tribunal, aunque solo logró comunicarse con Noemí Berros y Lilia Carnero, a quienes amenazó de muerte en caso de que lo condenaran. Roberto López Arango no estaba en su casa. Indirectamente también amenazó al fiscal José Ignacio Candioti, con quien tampoco logró comunicarse.

–El hijo de remil puta del fiscal Candioti que me dio seis años (sic)… Si ustedes le hacen caso, les meto un tiro en la cabeza –escuchó Berros de una voz que identificó como la de Montiel–. Yo soy el que maneja la droga y la trata en Concordia –agregó esa voz, en una evidente muestra de poder.

Berros denunció inmediatamente el hecho. Presentó un escrito ante el juez federal Leandro Ríos donde dijo haber recibido una llamada a su teléfono particular, detalló la conversación que mantuvo con Montiel y asentó, palabra por palabra, las intimidaciones que le profirió tanto a ella como a los otros integrantes del tribunal y al fiscal. Si bien el acusado no había declarado en el juicio, aseguró que recordaba su timbre de voz de cuando le tomó los datos personales. También sugirió que se interviniera su teléfono y el de sus colegas del tribunal, lo que permitió registrar las conversaciones que Montiel mantuvo con Lilia Carnero, quien unos días después admitió a la prensa haber recibido “dos llamados” intimidatorios.

Montiel está acusado por cinco hechos que constituyen coacciones calificadas en razón de los propósitos seguidos, en este caso, “la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”. En caso de ser condenado, podría recibir una pena de entre cinco y diez años de prisión.

La causa ya está en el tribunal oral, según pudo saber Página Judicial, y se espera que en breve se fije fecha para el juicio. Es de suponer que al menos Berros y Carnero no intervendrán en el juicio.

La investigación se demoró a raíz de que la defensa de Montiel planteó la nulidad de una pericia que comparaba la voz del imputado con la de quien amenazó a los magistrados. El primer estudio había sido realizado por técnicos de la División Fónica de la Dirección de Policía Científica de Gendarmería, pero fue objetado por el defensor de Montiel porque no fue notificado de la fecha, hora y lugar de realización –para que pudiera ofrecer a los peritos de parte– y porque tampoco se le advirtió quiénes realizarían la pericia.

Pasaron más de dos años hasta que se repitió esa pericia, que confirmó que la voz de Montiel tenía puntos de correspondencia con la de quien amenazó a los magistrados.

No trabajaba y se jactaba

Carlos Darío Antonio Montiel, alias Pito, tiene 44 años. En 2012 fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de trata de personas mayores de edad, en su modalidad de captación y traslado, mediante el abuso de una situación de vulnerabilidad.

Durante el juicio se probó que la joven fue reclutada el 6 de mayo de 2009 en la localidad de San Vicente y trasladada por Montiel y otras dos personas –una de ellas era Susana Silva, que también fue condenada– hasta Concordia. En su declaración la víctima dijo que le ofrecieron trabajo como niñera, pero que la llevaron al cabaret, la encerraron en una habitación y le dijeron que debía mantener relaciones sexuales a cambio de ropa, comida y alojamiento. Al día siguiente logró escapar y pedir auxilio.

Ante el tribunal se jactó de no haber trabajado nunca en su vida y de vivir de su madre, jubilada ama de casa, y de la administración de dos remises. Hasta ahí su relato.

Sin embargo, Montiel siempre estuvo vinculado con el negocio de la prostitución, a pesar de que su nombre nunca apareció en los registros de propiedad de los prostíbulos. Hasta 2009 era la cara visible de El Desafío, un local que figuraba a nombre de Yolanda Evangelina Gamarra, su pareja de entonces y madre de sus hijas. Esta circunstancia fue reconocida por una mujer que trabajaba en el local y en el juicio señaló a Montiel como quien estaba a cargo e inclusive lo presentó como su “patrón”.

La cantidad de mujeres a las que prostituía variaba según los días de la semana o la altura del mes, aunque en los procedimientos policiales se llegó a detectar entre cinco y diez, con algunas características comunes: pobres, con escaso nivel de instrucción y varias de ellas procedentes de localidades del norte del país.

En septiembre de 2011 la Justicia de Faltas de Concordia dispuso la clausura definitiva de los locales que funcionaban bajo el rubro “bar o whiskerías”, pero que en realidad se dedicaban la oferta y consumo sexual y la cancelación para la habilitación del rubro “bar” para estos comercios. Sin embargo, a las pocas semanas se constató que El Desafío y Las Palmeritas habían violado la faja y estaban nuevamente abiertos. La administración de esos prostíbulos se atribuía a Montiel. Aunque su nombre no figuraba en ningún papel, el domicilio fiscal del hombre ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es Moulins 233, precisamente donde funcionaba El Desafío.

En 2014 un tribunal de casación también lo condenó por el regenteo de prostíbulos y permanece en la cárcel de Concordia.

Ese mismo año su nombre también apareció mencionado en un juicio por narcotráfico. El 27 de marzo de 2011, alrededor de las 3 de madrugada, una estruendosa explosión sorprendió a los vecinos del centro de Concordia. Ocurrió en una antigua casona ubicada en la esquina de Las Heras y Laprida donde funcionaba una precaria cocina de cocaína. Allí vivía la joven Mariela Elizabeth Tamay.

Esa madrugada, después de la explosión, dos mujeres la envolvieron en una sábana, la cargaron en un auto y la llevaron hasta el Hospital Masvernat. Prácticamente la dejaron tirada en la guardia y huyeron sin dar casi explicaciones. Un policía que hacía guardia reconoció a una de las mujeres como Yolanda Evangelina Gamarra, la pareja de Montiel, y luego se supo que la joven oriunda de Chajarí se prostituía en Las Palmeritas.

En el juicio un agente de Gendarmería también mencionó a Montiel entre las “personas relacionadas” con Rafael Salvador Benítez, el hombre que tenía la cocina de cocaína que explotó en pleno centro de Concordia.

Estos datos abonan la hipótesis sobre la existencia de una organización criminal de importante capacidad operativa, no solo para la comercialización de estupefacientes, sino también dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.