El tribunal oral rechazó otra vez excarcelar al ex policía Céparo
06/04/2016
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El Tribunal Oral Federal de Paraná rechazó nuevamente la excarcelación del ex policía provincial Ricardo Atilio Céparo, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la capital entrerriana. De esta forma, esperará la llegada del juicio en la unidad penal. Juan
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
El Tribunal Oral Federal de Paraná rechazó nuevamente la excarcelación del ex policía provincial Ricardo Atilio Céparo, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la capital entrerriana. De esta forma, esperará la llegada del juicio en la unidad penal.
Céparo, que es suegro de Emilio Castrillón y era chofer del Superior Tribunal de Justicia (STJ), está acusado por el secuestro, apremios ilegales e imposición de torturas de una militante social en Paraná. Por este hecho será enjuiciado en septiembre.
El delito concreto que se le imputa es la privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones y/o sin las formalidades previstas por la ley y/o desempeñando un acto de servicio y en esa situación cometiera acto de vejación o aplicare apremios ilegales o imposición de tormentos.
La mujer denunció que el 23 de septiembre de 1976, en horas de la mañana, Céparo y otro policía la detuvieron ilegalmente en el Sanatorio La Entrerriana, donde ella trabajaba, y la trasladaron, primero a la Jefatura Central de Policía y luego a la Comisaría Quinta. En la sede policial del barrio San Agustín permaneció la mayor parte del tiempo, pero mientras duró su cautiverio fue trasladada nuevamente a la jefatura y sometida a interrogatorios bajo tortura en el Área de Sanidad. Según su testimonio, Céparo era quien hacía los traslados desde la comisaría hasta la Jefatura Central –por haber escuchado que se identificaba con su nombre en la guardia de la sede policial–; aunque también asegura que participaba de los interrogatorios.
Céparo fue detenido el 18 de diciembre de 2014 y tanto el juez como la Cámara Federal rechazaron su excarcelación por la existencia de “riesgo procesal”, a raíz de las intimidaciones que una de sus hijas realizó contra un testigo.
El mismo argumento es el que ahora utilizó ahora el tribunal oral: “Se debe tener en cuenta la situación de conmoción que atravesó uno de los testigos admitidos para el debate, a raíz de diversos actos de amedrentamiento a su respecto. Lo apuntado permite conjeturar que en caso de recuperar Céparo su libertad, el hostigamiento y la consecuente perturbación podría repetirse”, consignaron los jueces.
El tribunal integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros fijó audiencias para los días 26, 27, 28 y 30 de septiembre y también dispuso que luego de las testimoniales se realice una inspección judicial en la Jefatura Central de Policía, en calle Córdoba 351, donde la mujer asegura haber sido sometida a torturas. En total se convocó a 26 personas a declarar como testigos, entre ex detenidos políticos, policías, médicos, militares y una hija del imputado.
En ese sentido, el tribunal destacó que “en la etapa del juicio se reproduce la prueba de la instrucción y especialmente las testimoniales que, en este caso, merecen resguardo especial, en tanto, los hechos que se van a dilucidar, comprometen la tranquilidad espiritual, de quién se dice víctima”. En esa consideración, la “tranquilidad espiritual” de la mujer que denunció a Céparo se vería comprometida si el ex policía quedara en libertad antes de la sustanciación del debate.
Céparo, de 67 años, nació en Strobel, departamento Diamante. En 1976 era oficial ayudante y se desempeñaba en la División Despacho de la Jefatura de Policía, según consta en su legajo personal. Quedó cesante de la Policía a partir del 24 de julio de 1981, tras un sumario administrativo en el que fue acusado de haber cobrado indebidamente multas en nombre del Estado. Luego fue chofer de una cochería de servicios fúnebres de La Paz. En 2003 presentó un recurso de gracia pidiendo su reincorporación al cuadro de oficiales de la Policía. En ese momento invocó “la difícil situación económica que atraviesa” y dijo que el sumario había sido “arbitrario y viciado de nulidades”. El gobierno de Sergio Montiel rechazó el recurso en noviembre de 2003 y la medida fue confirmada en abril de 2005 por Jorge Busti.