Los abogados de Izaguirre y Morelli quedaron pegados en la causa AFIP

05/04/2016

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial La causa en la que se investiga una evasión de 160 millones a la AFIP y que tiene como imputados a los paranaenses Roberto Izaguirre, Luis Morelli, y a Sergio de Araquistain, quedó enredada en un festival de recusaciones en los que no se advierte otro fin

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

La causa en la que se investiga una evasión de 160 millones a la AFIP y que tiene como imputados a los paranaenses Roberto Izaguirre, Luis Morelli, y a Sergio de Araquistain, quedó enredada en un festival de recusaciones en los que no se advierte otro fin que entorpecer la investigación.

Luego de que el juez Leandro Ríos decida dar un paso al costado por haber tenido alguna cercanía durante su época de estudiante con Izaguirre, el expediente pasó a manos del conjuez Carlos Orlando Saboldelli. Los abogados defensores Fabián Blois y Hugo Scarzit, ambos procedentes de Rosario, decidieron recusarlo, pero antes que esa petición se materializara Saboldelli decidió dar un paso al costado cuando se enteró que había recaído sobre su persona una denuncia en el Consejo de la Magistratura de la Nación por supuestas irregularidades en su proceder.

Quien quedó entonces, al frente de la causa fue Pablo Seró. Al juez federal de Concepción del Uruguay también lo impugnaron. La situación se resolverá en los próximos días.

Las maniobras para dilatar el proceso no sólo son obvias, sino que son una práctica que los letrados han repetido en otros procesos y en causas parecidas a la que está tramitando en Paraná. Esa similitud fue detectada por los abogados de la AFIP, lo que encendió una sospecha sobre los mismos profesionales.

Pero otro dato acentuó la alarma. Correos electrónicos entre los abogados y sus defendidos – a los que se accedió luego de los allanamientos en el marco de la investigación – dan a entender que Blois y Scarzit estaban en el mercado ilegal de retenciones truchas de AFIP. Uno de los mails enviado por Scarzit desde la casilla de Blois al correo de Julián Pedrotti, abogado del estudio Krochik (representantes de importantes empresas constructoras), deja entrever un reclamo de honorarios por los servicios prestados. Esos servicios prestados, para la AFIP, es la venta de retenciones ilegales. En ese intercambio epistolar también se manifiesta cierto malestar por parte de los abogados al conocer el traspié ocurrido en Paraná y en el que se revelaron las maniobras fraudulentas, según reconstruyó Página Judicial de fuentes con acceso al expediente.

Coletazos

El caso se conoció luego de que la AFIP desbaratara una organización integrada, entre otros, por el abogado y contador de esta capital que ofrecía certificados de retención declarados por otras empresas para ser computados contra las declaraciones juradas como pagos a cuenta de impuestos. De esta manera, los compradores reducían los montos adeudados y lograban financiaciones más convenientes de las que permiten las normas impositivas. Con esta maniobra se calcula que evadieron más de 160 millones de pesos, entre evasión previsional e impositiva. Como parte de la maniobra también utilizaban la “cooperativa de servicios”, en la que encubrían a más de 500 empleados no declarados, cuyas obligaciones previsionales evadidas superarían los 100 millones de pesos.

El caso salpica a Miguel Marizza, propietario de Caballi SA, y uno de los principales proveedores del Estado en la obra pública. Otras firmas podrían quedar implicadas. En principio Constructora del Norte SA.

La investigación surgió de una denuncia anónima previa. En rigor, se trata de dos causas que fueron unificadas. Por un lado, tramita un expediente que tiene bajo la lupa a Caballi SA y, por el otro, uno en el que se investiga a una supuesta cooperativa de provisión de servicios para transportistas que lleva el nombre de “Alianza Empresaria”.

En toda esta historia una ex funcionaria de la AFIP quedó en el ojo de la tormenta. Se trata de Alicia Ibáñez, madre de Izaguirre y procuradora del organismo recaudador hasta hace unos meses. Se jubiló luego de que estallara el escándalo. En la investigación la sindican como “el contacto” adentro de AFIP.