Informe sobre los juicios: un lento camino hacia la justicia
24/03/2016
De la Redacción de Página Judicial Los juicios por crímenes de la dictadura cuentan con un amplio apoyo social y han sido reconocidos a nivel internacional. De la Redacción de Página Judicial Los juicios por crímenes de la dictadura cuentan con un amplio apoyo social y han sido reconocidos a nivel internacional. Sin embargo, algunos
De la Redacción de Página Judicial
Los juicios por crímenes de la dictadura cuentan con un amplio apoyo social y han sido reconocidos a nivel internacional.
Sin embargo, algunos sectores de la sociedad, de los medios de comunicación y del arco político han criticado su legitimidad y legalidad. Se plantea, por ejemplo, que los juicios constituyen una especie de venganza hacia las fuerzas armadas, que no se les garantiza a los imputados el respeto por el debido proceso, que ingresan a los tribunales ya sentenciados, que las condenas se sostienen a veces en un solo testimonio o que los imputados mueren en las cárceles porque se les niega el arresto domiciliario.
Lo cierto es que la realidad viene a echar por tierra esta falsa creencia y ratifica la plena aplicación de las garantías constitucionales para los perpetradores de las más brutales violaciones a los derechos humanos de la historia argentina.
Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señala que desde la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final y la inconstitucionalidad de los decretos de indulto, en los tribunales del país, 2.354 personas han sido imputadas por delitos cometidos durante la última dictadura, de los cuales 1.065 se encuentran detenidos, aunque 446 permanecen bajo arresto domiciliario; 909 imputados permanecen en libertad. “A la luz de estas cifras no es correcto sostener que la detención en cárceles se produce automáticamente sin tomar en cuenta las circunstancias del caso”, sostiene la unidad a cargo del fiscal general Jorge Auat.
Desde 2006 se han celebrado 156 juicios en todo el país: 669 represores fueron condenados y 62 personas resultaron absueltas, aunque solo el 25% tiene sentencia firme.
Respecto de las 370 causas que aún no han tenido sentencia, 876 represores se encuentran procesados, se han dictado 132 faltas de mérito en la etapa de instrucción y 28 personas fueron excluidas completamente de la investigación. Esto refleja que “la investigación solo continúa en aquellos casos para los que existen indicios claros de su participación en los hechos delictivos”, sostiene el informe de la Procuraduría.
Otros números: hay 57 represores prófugos, 26 personas han sido indagadas sin que se haya resuelto su situación procesal y 250 se encuentran denunciadas por su presunta participación en crímenes.
En estos años, un total de 312 represores han fallecido o fueron declarados incapaces, de los cuales 255 no llegaron a recibir sentencia. A este respecto, en el informe se advierte que “por tratarse de un proceso de justicia tardía, es alto el número de los que han muerto, la mayoría de ellos sin rendir cuentas por los delitos cometidos” y se destaca también que “muchas víctimas y familiares han fallecido sin obtener justicia”.
En el mapa nacional, Entre Ríos es una de las provincias más atrasadas en materia de reparación judicial por los crímenes de la última dictadura: se han dictado solo tres sentencias, dieciséis represores fueron condenados, cuatro resultaron absueltos y catorce imputados fallecieron o fueron apartados sin recibir sentencia. El detalle es el siguiente:
–Causa Hospital Militar. El 21 de octubre de 2011 fueron condenados cinco represores por la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná. Los ex militares Pascual Oscar Guerrieri (14 años), Jorge Alberto Fariña (13 años), Juan Daniel Amelong (13 años) y Walter Pagano (11 años) y el médico Juan Antonio Zaccaría (5 años) recibieron penas de prisión. En tanto, Marino Héctor González fue absuelto.
–Causa Harguindeguy. El 27 de diciembre de 2012, después de nueve meses de debate, los ex militares Juan Miguel Valentino y Naldo Miguel Dasso fueron condenados a prisión perpetua, el ex policía federal Julio César Rodríguez recibió 15 años de cárcel y a su compañero de armas Francisco Crescenso se le impuso una pena de 10 años de prisión, por delitos cometidos en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú. Fueron absueltos Santiago Kelly del Moral, Juan Carlos Mondragón y Marcelo Pérez. El ex ministro Albano Harguindeguy murió dos meses antes del veredicto y Ramón Genaro Díaz Bessone fue apartado por incapacidad mental sobreviniente.
–Causa Área Paraná. El 23 de diciembre de 2015 se dictó sentencia en la denominada megacausa Área Paraná. El ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte fue condenado a prisión perpetua por el secuestro y homicidio de Victorio Coco Erbetta y Pedro Miguel Sobko, quienes permanecen desaparecidos; el ex militar y abogado Jorge Humberto Appiani fue condenado a 18 años de prisión por secuestros y torturas de 27 víctimas, entre ellas, Claudio Marcelo Fink, también desaparecido; José Anselmo Appelhans, también militar, ex director de la cárcel de varones, recibió una pena de 14 años de prisión por secuestros y torturas de 58 víctimas; el médico Hugo Mario Moyano, único civil imputado en la causa, fue condenado a ocho años de prisión por participar de sesiones de torturas a detenidos políticos; el militar Alberto Rivas fue condenado a seis años de prisión, pero resultó absuelto de la mitad de los delitos que se le imputaban; Rosa Susana Bidinost, ex directora de la cárcel de mujeres, fue condenada a seis años de prisión por permitir el traslado de presas políticas para que sean torturadas en centros clandestinos de detención; y Oscar Ramón Obaid, otro militar, recibió tres años de prisión condicional.
En esta causa, dos represores fueron separados por razones de salud (Díaz Bessone y Luis Francisco Armocida) y otros doce murieron antes sin recibir sentencia (los ex militares Leopoldo Fortuanto Galtieri, Abel Teodoro Catuzzi, Juan Carlos Trimarco, Carlos Patricio Zapata, Constantino Francisco González, Carlos María Cerrillos; los ex policías federales José Faustino Fernández y Osvaldo Luis Conde; y los policías provinciales Daniel Manuel Rodríguez, Alfredo Ismael Duré, Ramón Oscar Balcaza y Carlos Horacio Zapata).
Otras tres causas fueron elevadas a juicio en la provincia y se espera que se fije fecha de debate para los próximos meses.
El ex policía provincial Ricardo Atilio Céparo será enjuiciado a partir del 26 de septiembre por el secuestro, apremios ilegales e imposición de torturas de una militante social en Paraná.
Todavía no se ha fijado fecha para el juicio contra José Darío Mazzaferri, acusado por cinco allanamientos ilegales de domicilios y por la privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de ocho víctimas durante el año 1976 en la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal, y como integrante de una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes.
Más compleja es la causa denominada Área Paraná II, que tramita por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal. Recientemente se designó a Beatriz Estela Aranguren como jueza de sentencia en el proceso contra Naldo Miguel Dasso, Gonzalo Jaime López Belsue y José Anselmo Appelhans, acusados por el secuestro, torturas y desaparición del soldado Jorge Emilio Papetti; el médico Hugo Mario Moyano y los ex militares Jorge Humberto Appiani, Guillermo Quintana, Alberto Rivas y Rosa Susana Bidinost, imputados por secuestros y torturas contra 22 presos políticos.
Entre la veintena de causas que se encuentran en instrucción en los tribunales entrerrianos, otras dos están en condiciones de ser elevadas a juicio.
Por un lado, el expediente que tiene como imputado al médico Jorge Horacio Capellino, acusado de “legalizar” los homicidios de Juan Alberto Beto Osuna, Carlos José María Fernández –en la denominada Masacre de La Tapera– y Pedro Sobko; y por el secuestro y torturas que sufrió un detenido político en el Hospital Militar de Paraná. Se ha dispuesto la clausura del sumario y la Cámara Federal de Apelaciones debe sortear de entre la lista de conjueces a quien será el juez de sentencia.
Por el otro, la causa que investiga el paradero del mellizo varón de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, en la que están procesados, con procesamiento firme, los médicos Miguel Alberto Torrealday, Jorge Eduardo Rossi y David Vainstub, propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP). En poco tiempo podría disponerse la elevación a juicio.