Bordet impulsa un candidato a juez y se diferencia del Senado anterior

16/03/2016

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Aún se desconoce cuál será la relación de Gustavo Bordet con los tribunales y la comunidad judicial en general. El gobernador tuvo un primer gesto – que habrá que ver si se sostiene en el tiempo- que es respetar los méritos en las ternas que se conforman


Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial


Aún se desconoce cuál será la relación de Gustavo Bordet con los tribunales y la comunidad judicial en general.

El gobernador tuvo un primer gesto – que habrá que ver si se sostiene en el tiempo- que es respetar los méritos en las ternas que se conforman en el Consejo de la Magistratura que evalúa a los candidatos a ocupar lugares en el Poder Judicial.

Lo hizo esta semana al enviar al Senado el pliego de Diego Rodríguez, quien aspiraba a ocupar el Juzgado Civil y Comercial Número 1 de La Paz. El acuerdo había sido denegado por los senadores de la gestión anterior con el paupérrimo argumento de “no se formó convicción suficiente”. El Senado –que ha rechazado en otras oportunidades pliegos de postulantes- jamás ha dado los fundamentos necesarios para justificar el aplazo de un aspirante que fue sometido a un concurso en el organismo evaluador y que obtuvo un resultado meritorio.

La decisión se tiñó por cuestiones políticas. El abogado, ligado a la protección del medio ambiente, había cuestionado en duros términos al gobierno provincial por la aprobación de una ley que habilita al Poder Ejecutivo a tomar créditos por hasta 430 millones de dólares para la construcción de dos acueductos en el norte entrerriano; y por haber patrocinado una acción de inconstitucionalidad de la norma impulsada por Sergio Urribarri en representación de organizaciones sociales, académicas y de productores de toda la geografía entrerriana.

El rechazo al pliego de Rodríguez fue suturado por el mismo Urribarri antes de irse al enviarlo nuevamente a la Legislatura. Lo hizo el 9 de diciembre. Sospechoso.

Caso Moia y otros

Jorge Busti, quien impulsó la creación del Consejo de la Magistratura, tuvo como gesto respetar el primero de la terna. Pudo no tenerlo. Precisamente la terna posibilita al titular del Ejecutivo a elegir uno de los tres. Sergio Urribarri, por el contrario, hizo uso de esa posibilidad. El ex gobernador no sólo desechó pliegos que habían logrado puntaje, sino que también hizo valer su atribución de no enviar el pliego al Senado, es decir interrumpir el proceso de designación de cuajo. El caso emblemático fue el de Ángel Moia, quien obtuvo el segundo lugar en la terna para titularizar el Juzgado de Quiebras de Paraná.

El orden de mérito había sido el siguiente: Flavia Pasqualini (76,25 puntos), Moia (72,71) y María Fernanda Erramuspe (64,23). María Gabriela Tepsich, que estaba y está interinamente en el cargo, paralizó el concurso luego de conocerse que quedaba en quinto lugar y afuera de la terna. El caso se judializó cuando Moia- que había quedado en primer lugar porque Pascualini se quedó a cargo de un juzgado en Concordia – interpuso un amparo. La Cámara le dio la razón y ordenó al Ejecutivo que designe un magistrado. Urribarri desoyó la sentencia. Quedó Tepsich.

El Senado de Urribarri rechazó otros dos pliegos: el de Pablo Conti, para la Defensoría de Pobres y Menores N° 7 de Paraná, y el de Susana María Amherdt, para jueza Civil y Comercial Nº 1 de La Paz. En esa misma sesión se aprobó el pliego de Raúl Tomaselli para desempeñarse como titular del Juzgado de Familia Nº 1 de Concordia. El cargo del magistrado que intervino en el escandaloso caso de la nena embarazada en General Campos, contó con el rechazo de organizaciones por los derechos humanos. Se avanzó igual.

El nubarrón para el Consejo de la Magistratura comenzó en 2008 con el caso de Julio Humberto Albornoz, fiscal que quedó a un paso de titularizar el cargo de juez de Instrucción en Diamante. El pliego del aspirante, luego de pasar todas las etapas de evaluación en el Consejo de la Magistratura, fue rechazado por el Senado. El eterno presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Aldo Ballestena, se despachó con el “no alcanzó convicción”. Albornoz había iniciado una investigación sobre el entonces senador justicialista, Raúl Taleb.