Bordet y la ley de narcomenudeo

13/03/2016

Juan Cruz Varela El Gobierno insistirá en un error. En su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Gustavo Bordet les pidió a los legisladores que trabajen en una reforma de la ley provincial de narcomenudeo “para poder encontrar una solución que sea aplicable” y “encontrar el ámbito de acción de nuestra Policía de

Juan Cruz Varela

El Gobierno insistirá en un error.

En su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Gustavo Bordet les pidió a los legisladores que trabajen en una reforma de la ley provincial de narcomenudeo “para poder encontrar una solución que sea aplicable” y “encontrar el ámbito de acción de nuestra Policía de la provincia de Entre Ríos y terminar con los kioscos de venta de droga que son los que envenenan a nuestros chicos”.

Dicho así parece una medida efectista más que efectiva en la lucha contra el narcotráfico, porque devela la intención de perseguir al eslabón más débil en el circuito de distribución y, a la vez, la presunción de que son esos pequeños kioscos de droga los principales responsables de la violencia social y de la propagación de tóxicos en los barrios.

Lo que se llama “ley de narcomenudeo” se aprobó en diciembre de 2005 a través de la desfederalización de la competencia penal en materia de estupefacientes para los delitos de menor cuantía, es decir, se faculta a las provincias para perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos tipificados relacionados con el tráfico de drogas.

Entre Ríos adhirió en 2007, pero recién la instrumentó en forma real en 2014, como una respuesta a los vecinos de los barrios periféricos de Paraná que vienen denunciando el crecimiento y consolidación de los denominados kioscos de droga en la ciudad. Y lo hizo con una especie de competencia mixta mediante la cual se facultaba a los fiscales provinciales a requerir a los jueces de garantías todas aquellas medidas de prueba tendientes a la detección y desarticulación de la trama de comercialización de pequeña y mediana escala, con la finalidad de acumular evidencias que nutran una futura acusación y juzgamiento; pero luego debían remitir las causas al fuero federal.

El resultado fue desastroso: la ley provincial fue declarada inconstitucional por los jueces federales Leandro Ríos (Paraná) y Pablo Seró (Concepción del Uruguay) y desde entonces la norma cayó en desuso.

El Gobierno parece ahora interesado en sumarse tardíamente a la instrumentación de una ley que ha fracasado como política de persecución del narcotráfico.

Quien recogió el guante del planteo de Bordet fue el diputado Diego Lara (FPV-Paraná), que propuso la creación de una comisión especializada que se ocupe de solucionar los problemas que presenta la ley provincial y gestione los fondos para su adecuada aplicación. “Ha llegado el momento en que Entre Ríos asuma la competencia para la investigación y juzgamiento de los delitos relacionados al ‘narcomenudeo’ en los términos, condiciones y alcances previstos por la ley nacional”, enfatizó el legislador.

Ya en 2013 la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) presentó un informe donde advertía que la desfederalización “derivó en una continua merma en la cantidad y calidad de causas iniciadas por las figuras más graves” y en “el incremento exponencial en la persecución de las figuras de tenencia simple y tenencia para el consumo personal”. La conclusión se desprende del análisis de la experiencia de la provincia de Buenos Aires, que había sido la primera en asumir la competencia para perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos vinculados con el tráfico de drogas.

Del informe surge que en aquellas provincias que adhirieron a la ley nacional (Buenos Aires, Córdoba y Salta) aumentó la cantidad de allanamientos exitosos en los denominados kioscos de droga, pero también revela que esa política “ha frustrado posibles investigaciones hacia la complejidad de lo que es el fenómeno de la narcocriminalidad, es decir, se ha focalizado la atención en los últimos eslabones de la cadena de comercialización y se ha perdido de vista que al fraccionar las formas de investigación y al no haber intercambio de información, se pierde de profundizar en lo más importante que es ir hacia los eslabones superiores”, según dijo entonces el fiscal Adolfo Villatte, titular de la Procunar, en una charla que dio en Paraná, a raíz del debate público que había despertado la ley provincial. Para decirlo más claramente: ir contra quienes integran el último eslabón de la cadena del tráfico ha hecho fracasar esa puerta de ingreso a la investigación de delitos complejos, como contrabando o producción de estupefacientes.

Es cierto que ninguna medida puntual y aislada puede por sí sola resolver una problemática tan compleja como la del narcotráfico, un tipo de delito que cuya principal característica es que trasciende el territorio de las provincias e inclusive las fronteras de los países. Se requiere, en cambio, de una visión integral, que comprenda desde campañas de prevención de las adicciones, la creación de centros de tratamiento de adictos y su no criminalización, la instrumentación de políticas de inclusión social –la educación juega un papel central– y, por supuesto, políticas de seguridad tendientes a atacar a las organizaciones del narcotráfico, afectar el núcleo económico del negocio, hacerles más costosa la producción, elaboración y traslado e incautar los bienes derivados del negocio. De lo que se trata, entonces, es de combatir al negocio del narcotráfico en su conjunto y no de instrumentar medidas cosméticas que solo afecten a los últimos eslabones.

“No podemos siempre trabajar sobre la urgencia”, dijo Bordet en otro tramo de su discurso ante la Asamblea Legislativa y destacó la creación de una Secretaría de Seguridad, que encabeza el ex jefe de Policía Héctor Roberto Massuh, “con un objetivo que es pensar las políticas de mediano y largo plazo en materia de seguridad”.

Tal vez la flamante Secretaría de Seguridad trace los lineamientos de una política para abordar el fenómeno de la narcocriminalidad a gran escala. Por ahora el gobernador no expuso medidas concretas ni de largo plazo, salvo planteó reflotar la ley de narcomenudeo, un instrumento que ha sido ineficaz en las provincias donde se instrumentó. Y ese no parece ser el camino adecuado.

Fuente: El Diario.