Por disposición judicial, allanaron oficinas del Rectorado de la UNER

09/03/2016

De la Redacción de Página Judicial Efectivos de la Policía Federal realizaron ayer dos allanamientos en forma simultánea en oficinas del Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y secuestraron documentación y computadoras, en el marco de la investigación que lleva adelante la justicia por la presunta malversación de fondos públicos. De la


De la Redacción de Página Judicial

Efectivos de la Policía Federal realizaron ayer dos allanamientos en forma simultánea en oficinas del Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y secuestraron documentación y computadoras, en el marco de la investigación que lleva adelante la justicia por la presunta malversación de fondos públicos.

El juez federal Pablo Seró solicitó la medida sobre oficinas del Rectorado, en calle Eva Perón 24, y un anexo, donde funciona la Oficina de Vinculación Tecnológica (Vintec), en la esquina de 8 de Junio y Suprema Entrerriano, en Concepción del Uruguay, en el marco de la causa en la que se investiga la supuesta malversación de fondos en la administración de los convenios de cooperación a través de los cuales la universidad compró siete vehículos para el Ministerio de Salud de la Nación.

Fuentes de la investigación confirmaron a Página Judicial que, al cabo de tres horas, los policías federales secuestraron documentación en carpetas y archivos de las computadoras que podrían contener información sobre los vehículos adquiridos por la universidad, como también datos de la ejecución y administración de los convenios y sobre las multas que la UNER habría pagado por infracciones de tránsito en distintos puntos del país.

Se supo, además, que el magistrado solicitó informes a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor sobre los vehículos que la universidad ha inscripto, transferencias y autorizaciones que haya emitido para la conducción, a fin de constatar con los registros de personal de la UNER.

Lo que se investiga es la compra de siete vehículos sin asignación presupuestaria, sin autorización ni control del Consejo Superior. El mecanismo habría consistido en la “triangulación” de contrataciones y compras de bienes para el Ministerio de Salud por intermedio de la universidad para evitar controles legales.

La sospecha es que desde el Ministerio ingresaron fondos a la UNER, por intermedio de la Vintec, y que con esas comisiones se adquirieron los vehículos en cuestión, registrados e inscriptos a nombre de la universidad, pero que nunca fueron utilizados por dependencias de la academia. En la denuncia se indicó además que el rector, Jorge Gerard, habría concedido autorizaciones a personas que no son empleados de la universidad autorizándolos a conducirlos.

La causa hasta el momento no tiene imputados.

El rector se enteró de los allanamientos estando en la Facultad de Ingeniería, en Oro Verde, donde mantenía una reunión con las autoridades, en el marco de los encuentros que viene realizando desde que estalló el escándalo para “informar a la comunidad” sobre el asunto.