Por delitos de la dictadura, piden detener al padre de un funcionario

09/03/2016

Juan Cruz Varela La justicia reactivó una investigación por crímenes de la dictadura y ayer la Policía Federal allanó la vivienda del ex militar Marcos Francisco Rodríguez. Juan Cruz Varela La justicia reactivó una investigación por crímenes de la dictadura y ayer la Policía Federal allanó la vivienda del ex militar Marcos Francisco Rodríguez. El

Juan Cruz Varela

La justicia reactivó una investigación por crímenes de la dictadura y ayer la Policía Federal allanó la vivienda del ex militar Marcos Francisco Rodríguez.

El operativo sorprendió a los vecinos en la zona de quintas del acceso norte, en calle Fray Bartolomé de las Casas 2259, donde los vecinos conocen más al hijo de la persona a quien buscaban los efectivos: el abogado y funcionario provincial Marcos Rodríguez Allende, interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) y abogado del ex gobernador Sergio Urribarri en la causa por enriquecimiento ilícito.

La orden de detención había sido dictada por el juez federal Juan Carlos Vallejos, subrogante en Formosa, que lleva adelante una investigación por crímenes de la dictadura en esa provincia. Según pudo saber El Diario, policías federales allanaron la casa-quinta en horas de la tarde, pero la vivienda estaba deshabitada; y unos minutos más tarde se presentó una hija del ex militar, franqueó la entrada y los efectivos constataron que nadie vivía allí.

No obstante, la orden de detención sigue vigente y es probable que el magistrado que interviene en la causa irradie las comunicaciones a las fuerzas de seguridad nacionales para la detención del ex militar. Además, Interpol emitió un alerta roja en 190 países para su localización y captura.

El capitán retirado Marcos Rodríguez nació en Tucumán el 26 de marzo de 1945, tiene 70 años y tiene domicilio registrado en Paraná, aunque extraoficialmente trascendió que estaría residiendo en Punta del Este, República Oriental Uruguay.

La justicia formoseña lo busca por el rol que tuvo durante la dictadura en esa provincia: entre 1975 y 1978 fue jefe de la Sección Intendencia del Regimiento 29 de Infantería Monte, es decir, integraba la plana mayor, y tenía a su cargo las finanzas de la unidad militar por la que pasaron más de un centenar de presos políticos. Además, ese desempeñó como ministro de Economía de la provincia entre el 24 de marzo y el 30 de abril de 1976, es decir, en los 36 días posteriores al golpe de Estado.

Concretamente, está acusado está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y desaparición forzada de personas, y como integrante de una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de represión ilegal.

Su detención había sido solicitada por el abogado Pedro Velázquez Ibarra, ex preso político, por su propio derecho y en representación de familiares de personas desaparecidas. Ya el año pasado se habían librado exhortos al Juzgado Federal de Paraná para realizar distintas diligencias relativas a la búsqueda de Rodríguez, pero sin resultados, tal como ocurrió ayer.

En diálogo con El Diario, Velázquez Ibarra explicó que “la estructura represiva, en el regimiento, tenían distintas secciones: Personal, Inteligencia, Operaciones, Logística, Finanzas y Sanidad. El rol de Marcos Rodríguez era esencial, porque era quien manejaba los fondos y conocía todos los movimientos de la unidad militar”.

Velázquez Ibarra contó además que “Rodríguez cumplía funciones todos los días en el edificio del regimiento y tenía su despacho literalmente ‘pegado’ a la sala de torturas, al lado de los lugares de detención y cerca de un cuarto destinado a depositar los bienes perecientes a las personas que eran privadas de la libertad”.

Asimismo, recordó que “ya en su declaración indagatoria, en el año 2006, Rodríguez confesó que el funcionamiento de la Sección Finanzas, de la cual estaba a cargo, estaba basado en la administración de los fondos de toda la unidad, en todo lo referente a los haberes de los agentes, viáticos, pasajes, racionamiento del personal, compras y el abastecimiento de todo aquello que solicitaren”.

En eso se basa la imputación contra el ex militar: “Lo declarado constituye una confesión de su participación en las acciones ‘antisubversivas’ del Ejercito proveyendo los recursos materiales imprescindible a tal fin en relación directa con el jefe del regimiento”, expuso el abogado Velázquez Ibarra en el escrito de acusación. “Si tenemos presente que en los secuestros y detenciones, actos de rapiña, operaciones en el interior y fuera de la provincia, traslados, etcétera, eran utilizados tanto vehículos militares como otros (camionetas y autos) no identificados en gran cantidad y con mucho personal, es por demás evidente que fue el capitán Marcos Rodríguez quien proporcionó los recursos para combustible, viáticos, etcétera, a tal fin. Es más, dentro del regimiento, según declaraciones de los propios suboficiales encargados de la custodia de los detenidos, en la época investigada existieron entre 100 y 120 personas en esa situación, a las cuales para alimentarlos en cautiverio ineludiblemente debió intervenir el Jefe de Sección Finanzas (Intendencia)”, agregó.

Un ex preso político también lo mencionó como partícipe de las sesiones de tortura. Ismael Rojas, detenido el 6 de agosto de 1976, contó que primero estuvo en una dependencia policial formoseña, pero a las 24 horas fue trasladado al regimiento. “Allí me desnudaron, me vendaron y me despojaron de mis pertenencias”, contó en sede judicial. “Durante las sesiones de tortura en el regimiento militar, con picana eléctrica y golpes, me hicieron firmar varios papeles, cuyo contenido yo desconocía, pero que fueron usados en mi contra en el consejo de guerra”, relató Rojas. Una de las personas que intervenía era, según dijo, “el teniente primero Rodríguez”.

Fuente: El Diario.