Antes de irse, Urribarri reenvió el pliego de un aspirante rechazado
25/02/2016
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El caso tuvo en su momento ribetes escandalosos luego de que la Cámara de Senadores rechazara el pliego de Diego Rodríguez, quien aspiraba a quien aspiraba a ocupar el Juzgado Civil y Comercial Número 1 de La Paz, bajo el escueto argumento de que “no se
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
El caso tuvo en su momento ribetes escandalosos luego de que la Cámara de Senadores rechazara el pliego de Diego Rodríguez, quien aspiraba a quien aspiraba a ocupar el Juzgado Civil y Comercial Número 1 de La Paz, bajo el escueto argumento de que “no se formó convicción suficiente”.
La decisión pareció más bien una vendetta de los senadores por las críticas que el abogado había formulado al poder político por la aprobación de una ley que habilita al Poder Ejecutivo a tomar créditos por hasta 430 millones de dólares para la construcción de dos acueductos en el norte entrerriano; y por haber patrocinado una acción de inconstitucionalidad de la norma en representación de organizaciones sociales, académicas y de productores de toda la geografía entrerriana.
Pero la historia no terminó ahí. Según pudo averiguar Página Judicial, por un lado, Rodríguez presentó ante el Senado un planteo de nulidad por arbitrariedad y desviación de poder; y, por el otro, el 9 de diciembre, es decir, dos días antes de abandonar su cargo, el entonces gobernador Sergio Urribarri envió al Senado un mensaje de insistencia para el tratamiento del pliego del abogado.
Ambos planteos se encuentran reservados en la secretaría administrativa del Senado y serán derivados a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos en la primera sesión de la cámara alta con su nueva composición, convocada para el 1 de marzo.
La comisión ahora será presidida por Lucas Larrarte (FPV-San Salvador) e integrada por Ángel Giano (FPV-Concordia), Pablo Canali (FPV-Colón), Nancy Miranda (FPV-Federal), Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná), Rogelio Schild (Cambiemos-Diamante) y Roque Ramón Ferrari (Cambiemos-Victoria). Ninguno de ellos rechazó el pliego de Rodríguez, y ese no parece un dato menor.
Cuestionamientos públicos
Diego Rodríguez es paranaense, tiene 40 años, egresado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en 1999 y dedicado a la promoción los derechos ambientales y actualmente es director ejecutivo de la Fundación M’Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental.
Rodríguez superó sin inconvenientes ni objeciones todas las instancias en el Consejo de la Magistratura y fue propuesto por el Poder Ejecutivo para el cargo de juez Civil y Comercial Número 1 de La Paz. Pero en la audiencia pública, los senadores que integraban la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos lo cuestionaron con ferocidad por sus críticas a la construcción de los acueductos en el norte entrerriano.
La ley que habilita al Poder Ejecutivo a tomar créditos por hasta 430 millones de dólares para la construcción de los acueductos fue aprobada sin debate alguno por la Legislatura y recolectó el repudio generalizado de organizaciones sociales, académicas y de productores por el impacto que generaría sobre las cuentas públicas, pero también porque compromete la soberanía sobre las tierras y recursos entrerrianos.
Rodríguez fue quien patrocinó la demanda por inconstitucionalidad de la norma y eso fue lo que molestó a los senadores. Durante los veinte minutos que duró la audiencia pública, los legisladores lo increparon por ese tema: le atribuyeron erróneamente haber dicho que la toma del crédito para los acueductos “podría ser el acto de corrupción más grande de la provincia de Entre Ríos”, algo que en realidad sostuvo la diputada María Emma Bargagna; le reprocharon no haber aclarado en su momento que no había dicho algo no dijo, le pidieron que explicitara si estaba de acuerdo o no con esa afirmación y luego también lo cuestionaron por los términos del escrito.
El abogado explicó que el planteo de inconstitucionalidad de la norma fue de confección “colectiva” y lamentó que el proceso de discusión de esa ley no tuviera “la apertura al diálogo necesaria que hubiese permitido que se introduzcan algunas observaciones que eran subsanables en esa instancia” para “evitar una confrontación quizá innecesaria entre la ciudadanía de la provincia de Entre Ríos”. Negó que la aprobación de la norma haya sido “arbitraria” sino que “de hecho cumplió todos los requisitos que establece nuestra Constitución Provincial para la formación de las leyes”, pero insistió en que hubo “una manifestación de disconformidad y de divergencia de opiniones en cuanto al sentido de oportunidad de aprobación de esa ley”. Y enfatizó: “Actualmente, en virtud de ese planteo, la ley se encuentra cuestionada y eso no le hace bien a las instituciones democráticas, y menos al proceso de formación de las leyes, porque estas cuestiones deberían resolverse dentro del ámbito legislativo y no en el ámbito judicial”.
Lo cierto es que ninguna de las explicaciones convencieron a los senadores: “Si nosotros vemos que en sus declaraciones dice que es el acto de corrupción más grande que hay en la provincia, que la ley se ha hecho de mala fe, arbitrariamente, que es una parodia de un acto legislativo, nosotros pensamos que no tiene sentido tomarle la audiencia pública porque usted estaría delante de siete u ocho corruptos. Por eso le pedimos ratificación o rectificación sobre este tema”, le dijo casi sobre el final de la audiencia uno de los legisladores. Estaba claro que ya tenían la decisión tomada.