Entre Ríos es la segunda provincia con más trabajadores en la justicia
11/02/2016
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Un indicador que sirve para medir la eficiencia del sistema judicial es la cantidad de recursos humanos que lo conforman. La cantidad de jueces, fiscales o defensores –también funcionarios, técnicos, administrativos y personal de servicio– determinará, en principio, la capacidad del sistema para atender la demanda
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
Un indicador que sirve para medir la eficiencia del sistema judicial es la cantidad de recursos humanos que lo conforman. La cantidad de jueces, fiscales o defensores –también funcionarios, técnicos, administrativos y personal de servicio– determinará, en principio, la capacidad del sistema para atender la demanda del servicio de justicia.
Si esta afirmación no tuviera objeciones, es decir, si la eficiencia se mide, entre otros indicadores, por la cantidad de trabajadores que a diario habitan los tribunales, entonces Entre Ríos debería ser la jurisdicción más eficiente del país.
En términos absolutos, Entre Ríos es la segunda provincia con mayor cantidad de operadores judiciales, 2.290, entre magistrados, funcionarios y empleados de los tribunales penales, solo superada por Buenos Aires (5.086), y por encima de distritos como Córdoba (1.719) y Santa Fe (898); pero salta al primer lugar si los datos se presentan en términos relativos, ya que tiene 175,04 trabajadores judiciales por cada 100.000 habitantes.
Los datos surgen de un relevamiento del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a partir de informes que remitieron los tribunales provinciales –no incluye a la Justicia Federal– sobre el estado de situación a diciembre de 2014, con la salvedad de que Entre Ríos se encontraba en una fase de transición hacia un sistema acusatorio, que se completó en septiembre de ese año.
El informe revela, además, que las mujeres ocupan más de la mitad de los cargos en el Poder Judicial en la provincia (58%), por encima de la media nacional (52%), aunque se percibe una disminución de su participación a medida que aumenta la jerarquía.
La justicia en números
Según la información recolectada, en el país hay 17.736 operadores judiciales, entre magistrados, funcionarios y empleados de los tribunales con competencia penal, lo cual representa una tasa de 41,65 cada 100.000 habitantes; y existen 1.331 tribunales con competencia penal, es decir, 3,12 por cada 100.000 habitantes.
Como se dijo, Entre Ríos ocupa el segundo lugar en términos absolutos (2.290 trabajadores) y el primero en términos relativos (175,04 cada 100.000 habitantes); y funcionan en la provincia 51 tribunales penales, lo que hace 3,90 por cada 100.000 habitantes. Solo en el año 2014 esos tribunales debieron atender 45.485 nuevas causas penales, es decir, 124,6 expedientes nuevos cada día.
Al analizar la distribución de los porcentajes del personal judicial según el género, el informe revela que hay 1.319 mujeres (58%) y 971 varones (42%). Esta proporción se mantiene cuando se desagregan los datos y se analiza la variable correspondiente al “Personal Técnico y Administrativo”, donde hay un 65% de mujeres (1.006 sobre un total de 1.548), pero va disminuyendo a medida que se asciende en la pirámide jerárquica, ya que las mujeres ocupan un 51% de los cargos de “Secretarios” (156 sobre un total de 303) y la relación se invierte abruptamente en los cargos de “Magistrados”, ocupados en un 37% por mujeres (77 sobre un total de 210). El “Personal de Servicio” también presenta un alto porcentaje de agentes masculinos, con un 65% (149 sobre un total de 229).
“Estos datos permiten arriesgar la hipótesis de que el fuero penal, a pesar de haber efectuado una importante incorporación de mujeres en los últimos años, continúa siendo un fuero eminentemente masculino, sobre todo en lo que refiere a sus cargos superiores. Cuestión ésta que nos remite al denominado ‘techo de cristal’ por el cual ciertos cargos parecen estar vedados para un amplio sector de la población femenina”, se consigna en el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Los fiscales a partir del nuevo Código
Al momento en que se realizó el informe Entre Ríos se encontraba en una fase de transición hacia un sistema acusatorio. El nuevo Código de Procedimiento Penal de la provincia se aprobó el 9 de enero de 2007, mediante la sanción de la Ley Número 9.754, y la implementación se realizó por etapas, a partir de 2009, hasta completarse en septiembre de 2014 con la puesta en vigencia de las nuevas reglas en Paraná.
Los datos publicados en el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación no están actualizados, sino que remiten al cuadro de situación de las fiscalías en 2012. No obstante, Página Judicial reconstruyó el estado actual en base a la información publicada en la página web oficial de Poder Judicial.
En términos comparativos, Entre Ríos tenía en 2012 una de las tasas más bajas del país, con 3,06 fiscales cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la instrumentación plena del nuevo Código de Procedimiento Penal revirtió esa tendencia. Al día de hoy la provincia tiene 105 fiscales, entre fiscales coordinadores, agentes fiscales y auxiliares, lo que hace un índice de 8,03 por cada 100.000 habitantes, casi el doble de la media nacional (4,11).
En los cargos de fiscales se mantiene también esa tendencia que ubica a los hombres en primer lugar: 62 fiscales son varones (59%) y 43 son mujeres (41%).
Un panorama por las defensorías
En cuanto a las defensorías, suman un total de 1.041, lo que hace una tasa de 2,76 por cada 100.000 habitantes. Buenos Aires es la provincia que cuenta con la mayor cantidad, al igual que en el caso de los tribunales y las fiscalías. Sin embargo, al desagregar los datos, se advierte que Entre Ríos ocupa el segundo lugar, después de Santa Cruz, tomando los valores relativos, con 4,97 defensores por cada 100.000 habitantes.
También la estructura del Ministerio Público de la Defensa creció a partir de la instrumentación del nuevo Código de Procedimiento Penal.
Hay en la provincia 166 trabajadores, entre defensores, funcionarios y empleados, lo que hace un promedio de 12,69 cada 100.000 habitantes, apenas por debajo de la media nacional (16,93). La nómina incluye a los 66 defensores que tiene Entre Ríos repartidos en toda la geografía. En materia de género, en tanto, se mantiene la tendencia: 37 varones (56%) y 29 mujeres (44%).