La causa por enriquecimiento contra los Urribarri encontró apoyo nacional

28/01/2016

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial La causa en la que se investiga al ex gobernador Sergio Urribarri y su familia por el delito de enriquecimiento ilícito logró obtener una especie de paraguas nacional. Ese dato se desprende luego de que los abogados denunciantes, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, mantuvieran reuniones en Buenos

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

La causa en la que se investiga al ex gobernador Sergio Urribarri y su familia por el delito de enriquecimiento ilícito logró obtener una especie de paraguas nacional. Ese dato se desprende luego de que los abogados denunciantes, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, mantuvieran reuniones en Buenos Aires con funcionarios nacionales.

Uno de los encuentros fue con la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. La politóloga se interesó por el expediente que tramita en la Justicia entrerriana. En rigor, tenía conocimiento del caso, pero recibió de primera mano información más fina. Según supo Página Judicial, la funcionaria pidió un diagnóstico de las causas de corrupción en la provincia, saber cómo funcionan los organismos de control y cuál es la tolerancia de la sociedad frente a los casos de corrupción. Otro dato que surgió del encuentro, y que llamó la atención a los entrerrianos, es que Alonso tenía un “perfil detallado” del procurador general de la provincia, Jorge Amílcar Luciano García. “No hubo halagos”, se limitó a decir uno de los presentes.

Del cónclave participaron también el senador radical Raymundo Kisser; y el diputado del PRO Esteban Vitor. Luego de la reunión con Alonso, hubo otros encuentros con funcionarios.

En Buenos Aires no hubo un compromiso concreto con el devenir de la causa, aunque se comprometieron a “abrir puertas” en organismos nacionales para avanzar con la investigación.

La denuncia y la pesquisa están en manos de los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo, quienes deberán comenzar a trabajar sobre las declaraciones juradas de los funcionarios mencionados en la denuncia (Sergio Urribarri, sus hijos Sergio y Mauro y su cuñado, Juan Pablo Aguilera), pero también del resto de los familiares y allegados al ex gobernador, a fin de determinar si los ingresos declarados son compatibles con los bienes que registra cada uno de ellos, como es el caso de Luciana María Belén Almada, esposa de Aguilera; su hermano, Alejandro Luis Almada; Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Romeo Sena.

Escupir para arriba

Tras la denuncia, Urribarri anunció que se presentaría ante el procurador, aunque finalmente envió a Marcos Rodríguez Allende con un escrito. El ex gobernador dio a conocer un descargo en el que atacó a los denunciantes, dijo que “la denuncia se basa en mentiras y afirmaciones falsas”, pero omitió mencionar el informe periodístico publicado por la revista Análisis que motivó la presentación judicial. Además, expuso algunos puntos que no fueron señalados periodísticamente y dejó sin contestar aspectos vinculados a las propiedades que figuran a nombre de su esposa.

En el medio del revuelo, Pagliotto y Mulet ampliaron la denuncia que habían presentado una semana antes y solicitaron una serie de medidas respecto de la empresa Kriptax Inc Sociedad Anónima, registrada a nombre Mauro y Sergio Damián Urribarri, hijos del ex mandatario y actual presidente de la Cámara de Diputados. El primero es el mismísimo ministro de Gobierno.

Kriptax Inc Sociedad Anónima –una empresa dedicada al cultivo de soja y arroz– recién comenzó a operar en 2013, pero los hijos de Urribarri la compraron en 2008, y no en 2007 como había dicho el ex gobernador. La firma se inscribió ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el 4 de agosto de 2008, fijó domicilio en Capital Federal y tenía como titulares a dos mujeres de condición humilde, beneficiarias de planes sociales y que vivían en una villa. La empresa pasó a manos de los hijos de Urribarri el 9 de octubre de 2008. Otro dato curioso de la firma es que en el año 2014 tomó un crédito en el Banco de Formosa por 1.209.400 pesos, según el artículo firmado por el periodista Daniel Enz.

En la presentación –según reveló Página Judicial– los denunciantes solicitaron también que se libren oficios a la Cancillería a los fines de solicitar “informes bancarios” tendientes a determinar si la empresa Kriptax Inc tiene cuentas registradas en Paraguay y/o Uruguay.