Quieren conocer si la empresa de los Urribarri tiene cuentas en otros países
30/12/2015
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial La causa en la que se investiga al ex gobernador Sergio Urribarri y su familia por el delito de enriquecimiento ilícito avanza en varios frentes. Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial La causa en la que se investiga al ex gobernador Sergio Urribarri y su
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
La causa en la que se investiga al ex gobernador Sergio Urribarri y su familia por el delito de enriquecimiento ilícito avanza en varios frentes.
Este martes el expediente sumó una novedad. Los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet ampliaron la denuncia que habían presentado la semana pasada y solicitaron una serie de medidas respecto de la empresa Kriptax Inc Sociedad Anónima, registrada a nombre Mauro y Sergio Damián Urribarri, hijos del ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados. El primero es el mismísimo ministro de Gobierno.
Según pudo saber Página Judicial, los denunciantes quieren saber si la firma tiene propiedades en la provincia y, de ser así, que se solicite la información a los diferentes organismos públicos para determinar los valores y fecha de compra de tales inmuebles.
Kriptax Inc Sociedad Anónima –una empresa dedicada al cultivo de soja y arroz– recién comenzó a operar en el 2013, pero los hijos de Urribarri la compraron en 2008, y no en 2007 como había dicho el ex gobernador en el descargo que hizo público tras la denuncia. La firma se inscribió ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el 4 de agosto de 2008, fijó domicilio en Capital Federal y tenía como titulares a dos mujeres de condición humilde, beneficiarias de planes sociales y que vivían en una villa. La empresa pasó a manos de los hijos de Urribarri el 9 de octubre de 2008. Otro dato curioso de la firma es que en el año 2014 tomó un crédito en el Banco de Formosa por 1.209.400 pesos, según un informe publicado por el periodista Daniel Enz.
El dato sobre la empresa se conoció por el propio Urribarri: “Informo que tenemos con mis hijos, desde el año 2007, una empresa bajo la figura jurídica de SA que se dedica a la siembra de arroz y soja sobre inmuebles arrendados. Dicha sociedad es la propietaria del inmueble de 8 hectáreas a que se hace referencia en el lago de Salto Grande”. Sin embargo, el gobernador no figura como socio de la empresa, sino solamente sus hijos.
En la ampliación de la denuncia que presentaron este martes, los abogados Pagliotto y Mulet pidieron a los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro que investiguen los orígenes de esa pomposa casa que el ex gobernador tiene en el lago de Salto Grande y que formaría parte de la misma sociedad anónima mencionada.
En la presentación solicitaron también que se libren oficios a la Cancillería a los fines de solicitar “informes bancarios” tendientes a determinar si la empresa Kriptax Inc tiene cuentas registradas en Paraguay y/o Uruguay.
Además, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recibió oficios judiciales donde se piden algunos informes, según supo Página Judicial. Llegaron este lunes en un momento inoportuno, cuando el titular del organismo, Marcelo Casaretto, les explicaba a los directores del ente recaudador los pormenores de la iniciativa que impulsa el ministro de Economía, Diego Ballay, para tercerizar algunas tareas que realiza la ATER. El dato revela que evidentemente a Casaretto no le aceptaron la renuncia que presentó tras la asunción de Gustavo Bordet. De hecho, a Sergio Granetto, el hombre designado, no se lo ha visto por el organismo.
La Justicia también deberá trabajar sobre las declaraciones juradas de los funcionarios públicos mencionados en la denuncia (Sergio Urribarri, sus hijos Sergio y Mauro y su cuñado, Juan Pablo Aguilera), aunque también sobre el resto de los familiares y allegados al ex gobernador (Luciana María Belén Almada, esposa de Aguilera; su hermano, Alejandro Luis Almada; Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Romeo Sena), a fin de determinar si los ingresos declarados son compatibles con los bienes que registra cada uno de ellos.