Siete represores condenados en la histórica sentencia de Área Paraná

23/12/2015

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Doce años le llevó a la justicia dictar sentencia en el expediente más voluminoso con las denuncias por crímenes de la dictadura cívico-militar en la provincia de Entre Ríos. Pasaron doce años de esperas, chicanas dilatorias y desgarradores testimonios, hasta que el juez Leandro Ríos leyó

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

Doce años le llevó a la justicia dictar sentencia en el expediente más voluminoso con las denuncias por crímenes de la dictadura cívico-militar en la provincia de Entre Ríos. Pasaron doce años de esperas, chicanas dilatorias y desgarradores testimonios, hasta que el juez Leandro Ríos leyó la histórica sentencia.

Los siete acusados fueron condenados por delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales y aplicación de tormentos contra 52 víctimas, de la cuales cinco permanecen desaparecidas.

El ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, fue condenado a prisión perpetua por el secuestro y homicidio de Victorio Coco Erbetta y Pedro Miguel Sobko, quienes permanecen desaparecidos. El resto de las condenas quedaron lejos de las expectativas: el ex militar y abogado Jorge Humberto Appiani fue condenado a 18 años de prisión por secuestros y torturas de 27 víctimas, entre ellas, Claudio Marcelo Fink, también desaparecido; José Anselmo Appelhans, también militar, ex director de la cárcel de varones, recibió una pena de 14 años de prisión por secuestros y torturas de 58 víctimas. Los otros cuatro condenados quedarán en libertad apenas sean notificados de la sentencia: el médico Hugo Mario Moyano, único civil imputado en la causa, fue condenado a ocho años de prisión por participar de sesiones de torturas a detenidos políticos; el militar Alberto Rivas fue condenado a seis años de prisión, pero resultó absuelto de la mitad de los delitos que se le imputaban; Rosa Susana Bidinost, ex directora de la cárcel de mujeres, fue condenada a seis años de prisión por permitir el traslado de presas políticas para que sean torturadas en centros clandestinos de detención; y Oscar Ramón Obaid, otro militar, recibió tres años de prisión ¡condicional!

El magistrado también dispuso continuar las investigaciones para determinar la responsabilidad de las otras personas que participaron en la desaparición de Victorio Erbetta, secuestrado el 13 de agosto de 1976 de la Facultad de Ingeniería Electromecánica, en calle Urquiza, entre La Rioja y Ferré, por una patota de la Policía Federal. Por el hecho fue condenado Demonte, pero los testigos refirieron que otros dos policías lo acompañaban aquella noche. El propio Demonte, en su indagatoria, admitió haber actuado con el suboficial mayor Jorge Vicente Strak (fallecido, casualmente), pero no recordaba a la otra persona. Hacia allí apunta el magistrado cuando plantea formar una nueva causa.

Por lo demás, eso que los organismos llaman “impunidad biológica” dejó sin saldar la responsabilidad por los casos de Carlos José María Fernández y Juan Alberto Osuna, asesinados en la denominada Masacre de La Tapera, el 25 de septiembre de 1976, en un simulacro de enfrentamiento. El entonces comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, estaba acusado por el secuestro y torturas de ambos y por el homicidio de Osuna, pero fue separado del proceso por incapacidad mental sobreviniente.

Lo cierto es que la sensación que predominó entre los sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura luego de conocido el fallo fue de decepción porque las penas estuvieron bastante alejadas de sus expectativas, más allá de que destacaron que todos los represores que llegaron hasta esta instancia fueron condenados.

“Es un panorama desolador, pero no vamos a aflojar, vamos a seguir en la lucha”, exclamó María Luz Piérola. “Estamos con bronca porque las penas son débiles y flojas; acá corrieron ríos de sangre y el juez no estuvo a la altura de las circunstancias; pero seguiremos luchando y vamos a apelar; hay que seguir andando”, acotó.

Por su parte, Alicia Dasso, ex detenida política, destacó “que todos los genocidas hayan sido condenados porque se le dio entidad y verdad a lo que vinimos aportando las víctimas desde hace cuarenta años”, ante la consulta de Página Judicial.

En el mismo sentido se expresó el fiscal José Ignacio Candioti: “Es importante que se haya condenado a los responsables de las gravísimas violaciones a los derechos humanos, porque un país respetuoso del Estado de Derecho no se puede permitir la impunidad para los autores de los secuestros, torturas y homicidios que ocurrieron durante la dictadura”. Sin embargo, coincidió con los sobrevivientes en cuanto a que “las penas son, en la mayoría de los casos, bastante más bajas de lo que se había solicitado”, por lo que no descartó apelar el fallo, luego de analizar los fundamentos, junto con el otro fiscal, Mario Silva.

En tanto, Lucia Tejera, abogada querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sostuvo que “algunos de los criterios utilizados por el juez generan cierta confusión: no hay autores en esta sentencia, todos son partícipes necesarios o secundarios. Eso es contradictorio porque por un lado hace doce años que se viene batallando con esta causa y hoy se da un cierre, que es algo muy positivo; pero desde lo jurídico habrá que leer los fundamentos del juez y apelar lo que consideremos necesario”.

Marcelo Boeykens, abogado querellante, coincidió en que “la sentencia produce una mezcla de sensaciones: la satisfacción de haber podido dar un corte después de tantos años de lucha en los que perdimos a varios compañeros y familiares que no han podido llegar a esta etapa reparatoria que significa la condena para los victimarios, y el hecho de que haya siete condenados; pero las penas nos dejan una insatisfacción total porque son muy menores a las que esperábamos” y apuntó que “hoy cualquier persona que comete un delito común recibe penas similares a las que tuvieron algunos de los imputados, con la salvedad de que acá estamos hablando de delitos de genocidio”.

El resultado final dejó un sabor agridulce.

Condenas para todos

Cosme Ignacio Marino Demonte. Oficial de la Policía Federal, 63 años. Condenado a prisión perpetua como partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad agravada por la especial calidad de funcionario público, en abuso de funciones, mediante el uso de violencia, amenazas, aplicación de severidades y apremios ilegales y homicidio doblemente calificado de Victorio Erbetta y Pedro Miguel Sobko, que permanecen desaparecidos.

Jorge Humberto Appiani. Oficial del Ejército, 62 años. Condenado a 18 años de prisión como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales en perjuicio de 7 víctimas; privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos de 20 víctimas, entre ellas, Claudio Marcelo Fink, que permanece desaparecido; y como partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad e imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales de Victorio Erbetta. Absuelto de las acusaciones por secuestros y torturas de 7 víctimas. La pena impuesta vencerá el 4 de junio de 2027.

José Anselmo Appelhans. Suboficial del Ejército, ex director del Servicio Penitenciario y director de la cárcel de varones, 87 años. Condenado a 14 años de prisión como partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad agravada por abuso funcional mediante el uso de violencia y amenazas con imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales de 18 víctimas; imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales de 22 víctimas; e imposición de tormentos contra 18 víctimas. La pena impuesta vencerá el 4 de junio de 2023.

Alberto Rivas. Mayor del Ejército e instructor del consejo de guerra, 81 años. Condenado a seis años de prisión como partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos en perjuicio de 17 víctimas. Absuelto de las acusaciones por secuestros y torturas de 16 víctimas. Se dispuso su inmediata libertad por el tiempo que lleva detenido.

Oscar Ramón Obaid. Suboficial del Ejército, 63 años. Condenado a tres años de prisión condicional como partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia; imposición de severidades, vejaciones y apremios e imposición de tormentos de una víctima. Absuelto de las acusaciones por el secuestro y torturas de una víctima. Ya se encontraba en libertad.

Hugo Mario Moyano. Médico del Servicio Penitenciario y de la Fuerza Aérea, único civil imputado, 67 años. Condenado a ocho años de prisión como partícipe necesario de la imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales contra cuatro víctimas. Absuelto de las acusaciones por las torturas de tres víctimas. La pena vencerá el 4 de junio de 2017, pero será liberado por el tiempo que lleva detenido.

Rosa Susana Bidinost. Ex directora de la cárcel de mujeres, 74 años. Condenada a seis años de prisión como partícipe necesaria de la imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales agravada por la especial calidad de funcionario público en abuso de sus funciones mediante el uso de violencia y amenazas de tres víctimas; e imposición de tormentos contra dos víctimas. Se dispuso su inmediata libertad por el tiempo que lleva detenida.