El procurador dio curso a la causa por el enriquecimiento de Urribarri

22/12/2015

Federico Malvasio y Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El abogado Marcos Rodríguez Allende acaba de explicitar un cuadro de situación temerario. “Vamos a trabajar conjuntamente con el procurador (Jorge García), vamos a colaborar en toda la investigación y luego solicitaremos el correspondiente archivo de la causa”, dijo tras la presentación que

Federico Malvasio y Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

El abogado Marcos Rodríguez Allende acaba de explicitar un cuadro de situación temerario. “Vamos a trabajar conjuntamente con el procurador (Jorge García), vamos a colaborar en toda la investigación y luego solicitaremos el correspondiente archivo de la causa”, dijo tras la presentación que hizo como defensor del ex gobernador Sergio Urribarri, acusado de enriquecerse ilícitamente él y su familia.

Así de simple, sencillo y con vocabulario de docente, el abogado de Urribarri, que ostenta el cargo de interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE): el acusador público y el acusado trabajarán juntos en la investigación.

Las declaraciones del funcionario y defensor del ex gobernador Urribarri ilustran el estado de impunidad que se vive en Entre Ríos, donde no opera un solo organismo de control sobre casos de corrupción en la administración pública, pese al mandato constitucional, y donde un funcionario y abogado se jacta de trabajar en conjunto con quien debería investigar a su defendido.

El taquillero Rodríguez Allende, además de asistir a Urribarri, es defensor del sindicalista y diputado provincial José Ángel Allende en una causa donde se lo investiga por el desvío de fondos públicos; y hasta hace una semana era también defensor del tres veces condenado narcotraficante paranaense Gonzalo Caudana.

Respecto de Urribarri, ya tiene en sus espaldas una denuncia por el mismo delito. La presentación no tuvo trascendencia, pero llegó a manos de algunos periodistas y del propio García, según supo Página Judicial. Ocurrió en los días posteriores a la asunción de Urribarri para su segunda gestión. La denunciante era una tal “ONG Giovanni Falcone” que, por ese tiempo, se presentaba como una entidad en formación en Entre Ríos. Nada se supo. Ni de la ONG, ni de la denuncia. Allí se hacía un repaso por la carrera pública del ahora presidente de la Cámara de Diputados y los bienes que supuestamente había adquirido en su paso por la función pública. Lo cierto es que se abrió una investigación.

Esta vez, los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet le llevaron al procurador un informe periodístico publicado en la revista Análisis que da cuenta del crecimiento patrimonial que registró la familia del ex mandatario en los últimos ocho años.

La denuncia quedó en manos de los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo –según pudo saber Página Judicial–, quienes deberán comenzar a trabajar sobre las declaraciones juradas de los funcionarios mencionados en la denuncia (Sergio Urribarri, sus hijos Sergio y Mauro y su cuñado, Juan Pablo Aguilera), pero también del resto de los familiares y allegados al ex gobernador, a fin de determinar si los ingresos declarados son compatibles con los bienes que registra cada uno de ellos. Para ello, el Ministerio Público daría participación a las oficinas periciales del Poder Judicial y de los organismos de control, ya que carece de estructura propia de profesionales.

Tras la denuncia, Urribarri anunció que se presentaría ante el procurador, aunque finalmente envió a Rodríguez Allende con un escrito. El ex gobernador dio a conocer un descargo en el que atacó a los denunciantes, dijo que “la denuncia se basa en mentiras y afirmaciones falsas”, pero omitió mencionar al informe periodístico. Además, expuso algunos puntos que no fueron señalados en la nota de Análisis y dejó sin contestar aspectos vinculados a las propiedades que figuran a nombre de su esposa.

En esa línea, por ejemplo, Urribarri se reconoció como integrante de una sociedad anónima, junto con sus hijos, “que se dedica a la siembra de arroz y soja sobre inmuebles arrendados”. El ex mandatario conformó esa empresa en el año 2007, es decir, cuando estaba por asumir su primer mandato como gobernador y después de haber sido ministro durante cuatro años. Contó, además, que esa sociedad es la propietaria del inmueble de ocho hectáreas en el lago de Salto Grande.

Sin embargo, no hizo mención en su descargo a la sociedad anónima que su esposa, ama de casa, constituyó con su hijo Franco, en septiembre de 2010, denominada Ancorar SA, con sede en Capital Federal, donde reside Franco, cuyo objeto social es “la entrega de préstamos en moneda nacional o extranjera; otorgar avales, fianza u otras garantías; aceptar y ejercer representaciones, mandatos, agencias, comisiones”.

Por otra parte, los abogados que realizaron la denuncia, Pagliotto y Mulet, solicitaron protección por su integridad física y la de sus familias. Uno de ellos puso de resalto, en diálogo con Página Judicial, que entre los denunciados está Mauro Urribarri, hijo del gobernador, actual ministro de Gobierno y quien tiene a su cargo a la Policía provincial. Además, presentarán en las próximas horas una nota por Mesa de Entrada de la Gobernación dirigida al gobernador Gustavo Bordet, responsabilizándolo por su seguridad.