El Juicio a las Juntas, a 30 años
09/12/2015
Juan Cruz Varela El juicio a las juntas militares fue una bisagra en la historia judicial. Nunca antes un país había tomado la determinación política de avanzar en un proceso de investigación, enjuiciamiento y condena a los responsables de los secuestro, torturas, asesinatos y desapariciones de miles de personas como lo hizo el Gobierno de
Juan Cruz Varela
El juicio a las juntas militares fue una bisagra en la historia judicial.
Nunca antes un país había tomado la determinación política de avanzar en un proceso de investigación, enjuiciamiento y condena a los responsables de los secuestro, torturas, asesinatos y desapariciones de miles de personas como lo hizo el Gobierno de Raúl Alfonsín.
Los tribunales militares, como era de esperarse, nunca juzgaron a los represores de la dictadura; y entonces fue la “justicia civil” la que se avocó a la investigación de los crímenes más atroces de la historia argentina.
El 9 de diciembre se cumplirán treinta años del día en que la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dio a conocer el fallo.
“Los sucesos juzgados en esta causa no son producto de la errática y solitaria decisión individual de quienes los ejecutaron, sino que constituyen el modo de lucha que los comandantes en jefe de las fuerzas armadas impartieron a sus hombres (…) El ejecutor concreto de los hechos pierde relevancia (…) pues aunque hubiera algún subordinado que se resistiera a cumplir, sería automáticamente reemplazado por otro que sí lo haría, de lo que se deriva que el plan trazado no puede ser frustrado por la voluntad del ejecutor, quien solo desempeña el rol de mero engranaje de una gigantesca maquinaria”, se lee en un tramo de la sentencia que confirma el plan sistemático de represión y exterminio y condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua; a Roberto Viola, a 17 años de prisión; a Armando Lambruschini, a ocho años; a Orlando Ramón Agosti, a cuatro años y medio. Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, también integrantes de las juntas militares, resultaron absueltos.
No fueron pocas las presiones que recibieron los jueces Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Andrés D’Alessio, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Araoz y Guillermo Ledesma; ni los fiscales Julio Strassera y el adjunto Luis Moreno Ocampo.
El paso dado fue gigante. Tanto como el retroceso que significaron las leyes de impunidad y los indultos. Y tanto como lo fue también la reapertura de las causas a partir de 2003. Es que la historia está llena de marchas y contramarchas.
Papeles en el viento
Entre Ríos vivió a la distancia el juicio histórico.
La represión en la provincia mostró una reproducción en escala de lo que ocurrió en todo el país: el alojamiento de detenidos políticos en condiciones deplorables en los calabozos de los cuarteles, sin camas ni abrigos, con alimentación deficiente, sin posibilidades de higienizarse; su traslado a lugares de interrogatorio y tortura dentro del mismo escuadrón, en unidades policiales, en las cárceles o en sitios acondicionados para la aplicación de tormentos; la instrumentación de parodias de juicios militares en los que se utilizaban como pruebas de cargo las declaraciones arrancadas a las víctimas en sesiones de torturas; el montaje de simulacros de enfrentamientos y la aplicación de la ley de fugas para encubrir homicidios y desapariciones forzadas.
Esas atrocidades fueron denunciadas con detalles escalofriantes por los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la dictadura y ante una Comisión Bicameral que impulsaron legisladores del radicalismo, y luego también ante la Justicia Federal.
Esos documentos, empero, no llegaron a la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). Se supo hace unos años que Mónica Torres, una de las personas que recibía testimonios en la comisión bicameral y que oficiaba de nexo ante la Conadep, había sido agente civil de inteligencia y que durante la dictadura reportó al Batallón 601.
La Cámara Federal porteña recibió, en cambio, 500 expedientes de 200 folios cada uno del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas; y de los tribunales federales del interior llegaron 3.000 informes y 2.000 causas con documentación sobre la represión ilegal. La Fiscalía presentó 709 casos para ser tratados en el juicio oral, aunque finalmente prescindió de 427 de ellos por “sobreabundancia de pruebas”.
No obstante, el juicio a las juntas incluyó un puñado de casos de entrerrianos desaparecidos en otros puntos del país: el sacerdote tercermundista Jorge Adur, Juana Armelín, Damián Cabandié, las hermanas María Elena y Marta Bugnone, los hermanos Jorge y Alfredo López Ayllón, Fernando Piérola y Reynaldo Zapata Soñez, ambos desaparecidos en la Masacre de Margarita Belén; también el caso de Raquel Negro, que dio a luz a una pareja de mellizos en el Hospital Militar de Paraná.
El Caso Número 678
La artista plástica paranaense Amanda Mayor fue protagonista del juicio: fue una de los 833 testigos que declararon en el juicio. Lo hizo por su hijo, Fernando Piérola.
La madrugada del 13 de diciembre de 1976, 22 presos políticos, en su mayoría militantes de la Juventud Peronista, fueron fusilados en un operativo conjunto del Ejército y la Policía chaqueña, en un lugar cercano a la localidad de Margarita Belén, a pocos kilómetros de Resistencia. El hecho se enmascaró como un enfrentamiento en un intento de fuga de los prisioneros durante un traslado a Formosa.
La Masacre de Margarita Belén fue el Caso Número 678 de los que se tomaron en cuenta.
En su declaración ante la Cámara Federal, en 1985, Amanda Mayor relató que Fernando había sido secuestrado a mediados de noviembre en Posadas, junto con su esposa, María Julia Morresi, y luego ambos fueron trasladados a Resistencia. Según dijo, fue un policía quien le contó dónde estaba alojado su hijo; pero cuando acudió a ese lugar, los militares le negaron cualquier vinculación con la desaparición.
Dijo también que luego del supuesto enfrentamiento, su familia recibió un radiograma donde se le comunicaba que Fernando estaba prófugo.
En su peregrinar continuó golpeando las puertas de los cuarteles, recordó. Se entrevistó con el general Cristino Nicolaides, uno de los jefes de la represión en el norte; y con teniente Luis Alberto Pateta, que admitió haber encabezado el falso traslado y le exhibió un listado de 13 detenidos políticos, donde constaba que ocho habían muerto en el supuesto enfrentamiento y cinco estaban consignados como prófugos, entre ellos Fernando.
El tribunal consideró que “se ha tratado de encubrir un accionar que en nada se aproxima a la versión oficial” y que las víctimas de la Masacre de Margarita Belén “fueron muertos por las fuerzas encargadas de su traslado y no por elementos subversivos como oficialmente se anunció”.
Por el caso de la Masacre de Margarita Belén, a Videla se le atribuyó la responsabilidad de los delitos de tormentos y homicidio agravado.
Amanda Mayor falleció el 7 de junio de 2005 y no alcanzó a ver en prisión a quienes perpetraron el secuestro y homicidio de Fernando.
Algunas voces en el recuerdo
(*) El momento aquel que todos recordamos con algarabía de la decisión de someter a juicio como a cualquier ciudadano a quienes integraron las juntas militares y otros jerarcas del terrorismo de Estado, abrió una bienvenida brecha institucional que inauguró en el ámbito latinoamericano un modo de ponderar el acatamiento a la Constitución y el respeto básico de los derechos humanos por un tribunal civil.
Evoco con nostalgia aquellos años de la Causa 13, celebro la decisión política que esto supuso, valoro la jerarquía y el valor de quienes por entonces inauguraron una etapa que hoy parece regular, continua y razonable.
Que los crímenes del Estado se juzgasen y castigasen con el rigor de la ley abrió una bocanada de aire fresco y de esperanza para los militantes de la Constitución.
Por supuesto que después de ese momento la historia se encargó de proponer contingencias, incidencias y retrocesos, como lo fueron las leyes de obediencia debida y punto final; hasta que el Congreso declaró la nulidad de esas leyes sobre la base de una reinterpretación constitucional que también supuso abrir un espacio discursivo crítico y decantó en que la Nación se pusiese a tono con requerimientos de índole supranacional.
La Argentina no debería ceder en esta tendencia. Creo que el impulso por el respeto de los derechos humanos esenciales y la necesidad de juzgar los exabruptos del poder es irrefrenable. Cuando ese poder toma las formas de un terrorismo en nombre del Estado representa una de esas conquistas a las que no cabe renunciar, cualquiera sea el signo político de quien conduzca los destinos del país.
Ricardo Alvarez, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
(*) El juicio a las juntas militares fue un hecho de máxima trascendencia en aquel momento, y hay que reconocer la valentía del presidente (Raúl) Alfonsín porque tuvo una enorme perspicacia institucional y patriótica.
La dictadura había sido muy cuidadosa y dedicada en cerrar a la visibilidad lo que había ocurrido y, en general, había un gran desconocimiento sobre los horrores cometidos. Pero los argentinos tomamos rápidamente conciencia de que el juicio era muy importante y había que hacerlo.
Creo que la decisión de someter a juicio a los comandantes tiene un valor similar a la decisión de Néstor Kirchner de pedir perdón en nombre del Estado por los crímenes de la dictadura. Son dos hechos clave para avanzar en la democracia, porque no puede haber democracia sino se condenan estos hechos.
Hoy, por suerte, los juicios son de todo el pueblo argentino y la investigación de lo que ocurrió en la dictadura está donde debe estar, que es en el Poder Judicial de la Nación; no como hacían ellos, que te ponían una capucha y no aparecías nunca más.
Raúl Barrandeguy, abogado, querellante en las causas por delitos de la dictadura.
(*) La decisión de (Raúl) Alfonsín, a las horas de haber asumido como Presidente, de que los responsables de los crímenes de la dictadura fueran sometidos a juicio fue de una importancia superlativa, porque significó un precedente para toda la humanidad.
El juicio a las juntas es una de las páginas más sobresalientes que inscribió la Argentina en toda su historia; y fue también un ejemplo moral para el país, porque se les garantizó a los militares el debido proceso.
Lamentablemente, después vino el indulto, que fue algo nefasto porque esa gente condenada por los crímenes más atroces recuperó la libertad; y hubo que esperar bastante para que se volvieran a abrir las causas, pero me parece bien que se haya hecho y espero que los responsables tengan la sanción que les corresponde.
Rodolfo Parente, ex detenido político, ex diputado nacional por el radicalismo.
(*) En una reflexión sobre el juicio a las juntas militares, propongo valorar la perspectiva de los ex presos políticos de la dictadura y de los familiares de los detenidos/desaparecidos que dieron testimonio a la Conadep.
Desde estas primeras memorias que hoy leemos en el Nunca Más, el discurso jurídico pudo acusar a los agentes del terrorismo de Estado por delitos de lesa humanidad, lo que hizo posible que los jueces condenaran a los perpetradores.
Muchos de estos testigos tuvieron que sobrellevar durante largos años encierros, tormentos, olvidos y silencios, pero su fuerza ética fue más potente y parió en palabras la verdad del otro que ya no está. En aquellos años, el pueblo gritaba “los desaparecidos que digan dónde están”, y todo lo que sabemos hoy lo sabemos porque lo enunció un testigo en alguna sede judicial.
Nuestro sistema democrático se sostiene, entre otros valores, sobre el imaginario de los derechos humanos, traumáticamente construido en la historia reciente pero que es un rasgo insoslayable de nuestra identidad colectiva.
Así que, aquel juicio –constituyente de la transición democrática– fue posible por la condición volitiva de los testigos que habiendo experimentado el horror pudieron transformarlo en verdad.
César Román, ex detenido político durante la dictadura.
Fuente: El Diario.