No se amplió la imputación y el jardinero Barreiro irá a juicio oral

07/12/2015

De la Redacción de Página Judicial Ricardo Fabián Barreiro será sometido a juicio oral y público en Entre Ríos. El viernes se dispuso la clausura de la instrucción y la fiscal Viviana Ferreyra elevó a juicio la causa contra el ex jardinero presidencial y empresario multirrubro. De la Redacción de Página Judicial Ricardo Fabián Barreiro

De la Redacción de Página Judicial

Ricardo Fabián Barreiro será sometido a juicio oral y público en Entre Ríos. El viernes se dispuso la clausura de la instrucción y la fiscal Viviana Ferreyra elevó a juicio la causa contra el ex jardinero presidencial y empresario multirrubro.

Barreiro está procesado por el delito de falsificación ideológica de documento público, por haber introducido datos falsos en la declaración jurada, al no declarar, cuando se inscribió como proveedor del Estado, que tenía un cargo en el Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia, como coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer). Podría recibir una pena de entre uno y seis años de prisión.

El viernes la fiscal clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, según lo consignó el portal Río Bravo. Además, rechazó la presentación efectuada el 25 de noviembre por el denunciante, Guillermo Mulet, para que se amplíe la imputación contra Barreiro por negociaciones incompatibles con la función pública, dado su doble rol de funcionario y contratista del Estado. Ya la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, al confirmar el procesamiento, lo había sugerido.

Barreiro figura en los registros oficiales como funcionario del Ceicer desde el 15 de agosto de 2012. Fue designado a través del Decreto Número 2.693. Aunque la designación era “ad honorem”, a partir del 7 de noviembre de ese año, por Decreto Número 3.793/12 se le asignaron viáticos por las tareas que desempeñaba. Esto ya de por sí es curioso, teniendo en cuenta que Barreiro se domicilia en El Calafate y que las gestiones que se le encargaron eran para realizar en Capital Federal.

Para ese entonces, también figuraba como contratado en los registros del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y ostentaba el título de “embajador de Clorinda (Formosa) en Buenos Aires”.

A la vez, tanto él como su empresa RP Transportes SA figuran en el Registro de Proveedores de la provincia desde el 15 de octubre, es decir, dos meses después de su designación. Pero al momento de inscribirse en la Dirección General de Contrataciones presentó una declaración jurada donde aseguró que ninguno de los integrantes de la firma se desempeñaba como funcionario o empleado de la administración pública. Y la empresa fue contratada para trasladar estudiantes secundarios de escuelas públicas de Paraná hasta el complejo de Tecnópolis. Por esos viajes cobró 220.000 pesos.

La fiscal Ferreyra le dijo a Río Bravo que “fue revisada toda la licitación pública, porque la contratación se hizo por contratación pública no privada. Se hizo siguiendo las reglas de la licitación pública” y admitió que “es raro” que ninguna otra empresa se haya presentado a la licitación.

Sin embargo, la fiscal explicó que los contadores de la Procuración General revisaron la documentación que obra en le expediente y concluyeron en que “no hubo ninguna irregularidad en la contratación y, viendo desde el punto de vista dogmático y de derecho, no hubo mérito para ampliar a otra calificación”.

Esta decisión no dejó conforme a Mulet: “El sólo hecho de que sea funcionario publico, que tuvieran conocimiento tanto las autoridades, el gobernador, el ministro de Turismo (Hugo Marsó), (el ministro de Cultura, Pedro) Báez no deben desconocer que Barreiro era funcionario público. Eso implica una negociación incompatible con la función pública, porque los funcionarios tienen vedado negociar con la administración publica”.

Lo cierto es que ahora, tras la clausura de la instrucción, el ex jardinero presidencial será sometido a juicio oral y público en la provincia. Sus defensores, Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, no se opusieron al requerimiento de elevación de la causa a juicio. El tribunal que definirá la suerte de Barreiro se sorteará en los próximos días.