Abogados y jueces cuestionaron al Senado por el rechazo de un pliego
03/12/2015
De la Redacción de Página Judicial El Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Asociación de Magistrados salieron al cruce de los senadores provinciales por su decisión de rechazar el acuerdo de Diego Rodríguez para ocupar el cargo en el Juzgado Civil y Comercial de La Paz bajo el escueto argumento de que “no
De la Redacción de Página Judicial
El Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Asociación de Magistrados salieron al cruce de los senadores provinciales por su decisión de rechazar el acuerdo de Diego Rodríguez para ocupar el cargo en el Juzgado Civil y Comercial de La Paz bajo el escueto argumento de que “no se formó convicción suficiente”.
“El tenor de la respuesta no se compadece con lo estipulado en el artículo 65 de la Constitución Provincial en cuanto exige la motivación suficiente de los actos administrativos que en su consecuencia se dicten, ni con el artículo 19 del propio Reglamento del Cuerpo”, señalaron desde ambas instituciones en un comunicado conjunto.
La Constitución establece en su artículo 65 que “los actos de autoridad, las sentencias judiciales y los actos administrativos serán fundados suficientemente” y el mismo criterio se fija en el artículo 19 inciso e)- del reglamento del Senado respecto de los pedidos de acuerdo para ocupar cargos en el Poder Judicial: “La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos realizará un dictamen fundado, aconsejando la aprobación o rechazo del acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo”.
Decir que “no se formó convicción suficiente” resulta tan sencillo como carente de fundamentación.
En rigor, la alegada falta de convicción de los senadores parece más bien una vendetta por las críticas que el abogado había formulado al poder político desde su rol como director de la Fundación M’Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental.
Concretamente, en la audiencia pública se le reprochó a Rodríguez que patrocinara la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra una ley que habilita al Poder Ejecutivo a tomar créditos por hasta 430 millones de dólares para la construcción de dos acueductos en el norte entrerriano.
La ley que posibilita la construcción de los acueductos que serían financiados por capitales chinos fue aprobada sin debate alguno por los mismos senadores que ahora rechazaron el pliego de Rodríguez y recolectó el repudio generalizado de organizaciones sociales, académicas y de productores de toda la geografía, por el impacto que generaría sobre las cuentas públicas, pero también porque compromete la soberanía sobre las tierras y recursos entrerrianos.