Piden que se amplíe la imputación contra el jardinero Ricardo Barreiro

24/11/2015

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial La causa contra Ricardo Fabián Barreiro sumó un nuevo ingrediente en los tribunales provinciales: el denunciante, insistió para que amplíe la imputación y que el jardinero presidencial también sea acusado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dado su doble rol de proveedor


Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial


La causa contra Ricardo Fabián Barreiro sumó un nuevo ingrediente en los tribunales provinciales: el denunciante, insistió para que amplíe la imputación y que el jardinero presidencial también sea acusado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dado su doble rol de proveedor del Estado y funcionario público.

El denunciante, Guillermo Mulet, presentó este lunes un escrito ante el Juzgado de Transición a cargo de Humberto Franchi pidiéndole que intime al fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull que amplíe la acusación contra el jardinero.

Barreiro, ex jardinero presidencial y empresario multirrubro, se encuentra procesado por el delito de falsificación ideológica de documento público, por haber introducido datos falsos en la declaración jurada, por no haber declarado, cuando se inscribió como proveedor del Estado, que tenía un cargo en el Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia, como coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer). Al confirmar el procesamiento, la Sala I de la Cámara del Crimen avaló que también se investigue si no incurrió en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Hasta el momento eso no ha ocurrido.

“Se ha corrido vista al Ministerio Público Fiscal desde fecha 15 de febrero de 2015, y que la misma no ha sido contestada por el fiscal a cargo, lo que entiendo ha paralizado el proceso con posibilidades de seguir en esa instancia, que oportunamente prescriba los delitos denunciados”, sostuvo Mulet en su escrito, al que accedió Página Judicial.

El denunciante reconoció que “el monto del posible injusto penal no es relevante en cuanto a su cantidad (de acuerdo a lo que oportunamente explicara el Procurador del Poder Judicial de Entre Ríos)”, pero remarcó que “los delitos llamados de ‘corrupción’ no son cuantitativos, sino cualitativos en cuanto al manejo de la impunidad con que los mismos se llevan adelante y como ejemplo, para toda las sociedad en cuanto a que quien en uso de sus funciones, contactos, poder, etcétera delinca en la función pública, tiene su correlato en la justicia con el proceso penal y su oportuna condena”.

Barreiro figura en los registros oficiales como funcionario del Ceicer desde el 15 de agosto de 2012. Fue designado a través del Decreto Número 2.693 firmado por el gobernador Sergio Urribarri y el ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez. A la vez, tanto él como su empresa RP Transportes SA figuran en el Registro de Proveedores de la provincia desde el 15 de octubre, es decir, dos meses después de su designación. En ese trámite es que presentó una declaración jurada donde aseguró que ninguno de los integrantes de la firma se desempeñaba como funcionario o empleado de la administración pública. Y la empresa fue contratada para trasladar estudiantes secundarios de escuelas públicas de Paraná hasta el complejo de Tecnópolis. Por esos viajes cobró 220.000 pesos.

De allí que Mulet le solicitó al juez Franchi que intime al fiscal para que se expida respecto de si corresponde ampliar la imputación contra Barreiro “en el plazo que entienda conveniente y teniendo en vista que el paso del tiempo podría llevar a la prescripción de la causa penal”.