La víctima de Alfonzo en el caso de trata de personas se fue del país

19/11/2015

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

“La compraron a la madre, la hicieron desdecirse y hoy la nena no está en el país”. La que habla es la monja Martha Pelloni y sus palabras se hunden filosas, cargadas de bronca. La “nena” que menciona es una adolescente que hoy tiene 17 años víctima de trata y explotación sexual en fiestas privadas de las que participaban, según lo ha dicho, funcionarios, referentes de la política y empresarios entrerrianos.

El caso tiene al productor publicitario, autopostulado “periodista” y locutor Gustavo Darío Alfonzo como procesado por el delito de trata de personas y detenido desde hace un año en la cárcel de Concordia.

La causa está en manos del juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, y la imputación respecto de Alfonzo podría extenderse a otras víctimas que ya declararon en sede judicial y ratificaron lo que antes había dicho la primera: que participaban de fiestas privadas en departamentos, boliches y quintas particulares, a las que concurrían hombres de la política local.

En su momento a Alfonzo se le dictó la falta de mérito respecto de otra acusación que pesaba en su contra por tenencia de estupefacientes y suministro gratuito para el consumo a una menor. Sin embargo, en los meses siguientes se agregaron nuevas pruebas que podrían hacer variar esa situación.

En el expediente, además, aparecen mencionados los nombres de funcionarios (el senador Enrique Cresto, por caso), referentes políticos locales (Mauro Urribarri, el hijo del gobernador) e importantes empresarios, entre otros, según pudo saber Página Judicial. También el delegado del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Fernando Rougier, quien en agosto pasado tuvo que declarar en la causa como imputado por el delito de amenazas. La persona que dijo haber recibido el mensaje intimidatorio es un tío de la víctima de trata y la destinataria era la madre de la joven. Pero Rougier terminó sobreseído.

Hace un año, el 30 de octubre, una mujer se presentó ante la Subdelegación Concordia de la Policía Federal para denunciar que su hija de 16 años se encontraba desde hacía varios días en un dúplex en calle Monseñor Rösch 3523, departamento “B”, retenida contra su voluntad por alguien a quien identificó por su apodo de Pelado, bajo los efectos de estupefacientes que esa misma persona le habría suministrado. Dijo también saber que su hija habría sido amenazada, golpeada y sometida a abusos sexuales reiterados por muchos hombres en ese mismo departamento, en una quinta en Puerto Yeruá, a unos 35 kilómetros de Concordia a través de la Autovía 14, y en otra que pertenece a un importante empresario que ha sido generosamente beneficiado por las licitaciones para obras públicas.

El Pelado es Alfonzo. Él mismo atendió a los policías federales y entregó a la joven cuando aparecieron en el departamento. Dijo que era su “empleada doméstica” y hasta firmó una constancia de que la adolescente efectivamente estaba allí.

Alfonzo fue detenido cinco días después. No se resistió, ni siquiera lo intentó. Pero en su teléfono celular quedaron registrados mensajes de texto que envió a referentes políticos de Concordia, funcionarios municipales, un senador y un alto jefe policial, pidiéndoles ayuda. Pero nadie le respondió.

El juez Seró lo procesó por el delito de trata de personas, en su modalidad de captación y traslado, de una menor de edad con fines de explotación sexual, y por el hecho de promover y facilitar la prostitución abusando de su situación de vulnerabilidad. El procesamiento fue confirmado y Alfonzo quedó a un paso del juicio oral.

La Cámara Federal también hizo una serie de recomendaciones adicionales: garantizar la protección integral y asistencia de la víctima, sobre todo por las vinculaciones que se le atribuyen a Alfonzo; y profundizar la investigación a fin de determinar si las otras jóvenes mencionadas como participantes de las fiestas privadas no eran también víctimas de trata.

Martha Pelloni está en Paraná para participar del IV Congreso de la Red Infancia Robada, este viernes y sábado, organizado por la Red de Alerta de Entre Ríos, y la consulta era inevitable. “Yo vengo, recibo lo que me dan, trato de ser expresiva y le doy mi apoyo a esa mamá que tenía que decir una verdad que no la había podido decir. Eso es lo que traté de hacer mientras estuve acá”, dijo en la introducción. Después fue más allá: “Lo que sí sé es que la compraron a la señora, la hicieron desdecirse, y la nena no está en el país”, le dijo a Página Judicial. Pero no se quedó ahí: “Aquí hay una corrupción institucional, político-partidaria. Es grave la situación de Entre Ríos”, sentenció.