Rodríguez Signes se despegó de la denuncia y dio su versión

11/11/2015

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Este martes Página Judicial reveló la denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet en el marco de la causa conocida como “cosechadoras truchas”. El denunciante, en rigor, presentó una ampliación y solicitó que se investigue al ministro de Economía,

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

Este martes Página Judicial reveló la denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet en el marco de la causa conocida como “cosechadoras truchas”. El denunciante, en rigor, presentó una ampliación y solicitó que se investigue al ministro de Economía, Diego Valiero; a miembros del Directorio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser); al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; y al ministro de Producción, Roberto Schunk; quien otorgó más de 5,5 millones de pesos al Grupo Senor, a través de la empresa BSV, antecesora de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, para la construcción de las cosechadoras.

Mulet apuntó a los funcionarios por entender que fueron “partícipes necesarios” en el desfalco que le ocasionó la firma (hoy quebrada) al Estado provincial al otorgarle fondos para la las cosechadoras que nunca se hicieron.

Ante la publicidad de la denuncia, Rodríguez Signes envió un escrito a Página Judicial en el que da su versión de los hechos (ver texto completo).

Lo primero que hizo el funcionario en su escrito fue despegar al organismo que conduce de las operaciones. “Cada uno de estos aportes fue tramitado en el respectivo expediente administrativo sin intervención de la Fiscalía de Estado en ninguno de ellos, desde el inicio hasta el otorgamiento del crédito. Por lo tanto afirmar la participación de la Fiscalía o de alguno de sus funcionarios en el otorgamiento de los créditos es falso”, sostuvo el funcionario.

En 2009 el Grupo Senor presentó un proyecto para instalar en Concepción del Uruguay una planta para la construcción de cosechadoras. El Gobierno le otorgó entonces un crédito por 574.000 pesos, en 2011 hubo un segundo desembolso por 4 millones y en 2012 otro por 1 millón, a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver).

Toma de conocimiento

La Fiscalía de Estado –narró Rodríguez Signes– recién tomó conocimiento de esta operatoria crediticia cuando se presentó el concurso preventivo de la firma, oportunidad en la que se requirieron todos los antecedentes del caso para poder presentar la verificación del crédito en tiempo y forma.

“Efectivamente, el crédito fue verificado. En el trámite del concurso preventivo –hoy quiebra– se aceptó la verificación insinuada por el Estado Provincial del total del crédito”, reconoció. Y agregó: “Como parte de la tramitación normal, la empresa presentó propuesta de acuerdo de pago, la que fue incorporada a un expediente administrativo, donde la Fiscalía de Estado requirió opinión al Ministerio de Economía respecto de la aceptación o no de la propuesta cursada. En ese trámite administrativo se requirió mayor información y finalmente la Fiscalía de Estado concluyó que la propuesta presentada por la concursada no resultaba admisible ni protegía adecuadamente los intereses del Estado, por lo que no se prestó la conformidad interesada”.

No habiendo reunido la concursada la cantidad necesaria de voluntades para que se aprueben las propuestas para el concurso preventivo en fecha 14 de marzo del año pasado, la Justicia decretó la Quiebra de Grandes Máquinas SA, “habiéndose dispuesto, a partir de esa resolución, una serie de medidas tendientes a la realización de los bienes de la empresa para generar liquidez para cubrir el pasivo verificado”, contó el fiscal de Estado.

Este trámite judicial sigue su curso y allí la Provincia –siempre según el funcionario– “ya tiene verificado el crédito y seguirá la suerte del resto de los acreedores en su recupero, conforme lo que surja de la realización de los bienes de la quebrada”.

Caución

Mulet, en su denuncia, apuntó contra el Instituto del Seguro porque habría procedido a hacer efectivas las garantías otorgadas por la empresa (seguro de caución) y dice no saber si los créditos generados en el incumplimiento asumido por la empresa fueron verificados en el concurso preventivo.

Para Rodríguez Signes, “toda la operatoria del otorgamiento de los créditos se encuentra siendo evaluada por el Tribunal de Cuentas de la provincia, organismo competente para determinar si existió perjuicio fiscal y quienes son los responsables de éste”.

Y sostuvo que “en cuanto a las pólizas de caución, el beneficiario de estas resultó ser el Finver, quien otorgaba los créditos. Por esta razón, a la par de la verificación del crédito y a todo evento, por lo que pudiera resultar de esta verificación, la titular del Finver denunció el siniestro ante el Iapser”.

Para el fiscal de Estado, la instancia judicial contra el Instituto del Seguro no se encuentra habilitada aún y sería la instancia administrativa la adecuada para resolver, si lo hubiere, el eventual conflicto emergente de la cobertura de los siniestros denunciados. Por lo tanto entiende que la Fiscalía de Estado “no ha incurrido en ninguna clase de incumplimiento respecto a este procedimiento”.