En la provincia ven con buenos ojos la comisión contra el narcotráfico

29/10/2015

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El tema del narcotráfico, a pesar de ser un fenómeno creciente aunque difícil de cuantificar, ha brillado por su ausencia en la última campaña electoral. A dos días de las elecciones presidenciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció la creación de una comisión

A dos días de las elecciones presidenciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció la creación de una comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico y lo hizo con una advertencia a los demás poderes del Estado sobre la necesidad de “actuar de manera concreta e inmediata, ya que está en juego la seguridad de la población”.

En un documento de cinco páginas, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, la Corte Suprema fundamentó y creó una comisión judicial especial para la lucha contra el tráfico de drogas “y sus delitos conexos” (ver adjunto).

Hasta donde se sabe, la comisión judicial estará integrada por jueces federales de distintas regiones y por representantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias y de la Capital Federal (Jufejus). Pero los nombres se definirán en una reunión convocada para la semana que viene.

“Se fundamenta la necesidad de actuar de manera concreta e inmediata en todos estos temas ya que está en juego la seguridad de la población”, se lee en un tramo del documento. “Resulta imprescindible y urgente promover una política de Estado consistente, efectiva, coordinada y con claros objetivos regionales y nacionales para ayudar a los distintos operadores a solucionar un problema que excede las soluciones locales”, agrega luego.

En ese marco, la Corte Suprema pidió que se extremen los esfuerzos de las autoridades para mejorar los resultados en la lucha contra el narcotráfico. “El esfuerzo individual de jueces y juezas de todo el país necesita ser complementado con la colaboración concreta de las fuerzas de seguridad, autoridades migratorias, y otras dependencias del Poder Ejecutivo Nacional y provinciales en una actuación conjunta”, remarcaron los jueces.

En la resolución surge, como idea concreta, la “conformación de un protocolo de actuación y de un registro de causas judiciales en las que se investiguen casos de criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos”, lo que supone un actuar coordinado entre los operadores judiciales de todo el país.

También se plantea la intención de capacitar a los “operadores judiciales”, “mejorar la coordinación entre los distintos tribunales judiciales”, “mejorar y profundizar la comunicación y coordinación con las fuerzas de seguridad locales y federales”, “elaboración de propuestas a otros poderes del Estado” y “coordinar esfuerzos para avanzar en la prevención y persecución de estos delitos”, entre otras ideas.

La noticia cayó bien y generó expectativas en los tribunales entrerrianos y por los pasillos de la Casa de Gobierno, al menos así surge de una ronda de consultas que realizó Página Judicial entre jueces, fiscales, abogados y funcionarios provinciales.

Lilia Carnero, integrante del Tribunal Oral Federal, consideró que “todo esfuerzo para paliar el fenómeno del narcotráfico es bienvenido y debe ser apoyado”, aunque mencionó que “los operadores judiciales siempre actuamos sobre la consecuencia, cuando ya está instalado el bunker o cuando ya están ocurriendo los transporte y las ventas de droga”.

La jueza reclamó además la necesidad de dotar a los jueces de “instrumentos para investigar a todos los empresarios del narcotráfico, porque muchas veces se trata de multinacionales del delito”. En ese sentido, destacó la posibilidad de que los magistrados e integrantes de las fuerzas de seguridad puedan “reunirse, opinar e intercambiar ideas porque eso ampliará nuestras perspectivas, conocimientos y, sobre todo, las técnicas de investigación para enfrentar este tipo de delitos complejos”. A modo de ejemplo, expuso que “al tribunal oral muchas veces llegan causas sobre transportes que ocurren en la Ruta Nacional 14, pero en vez de dejar seguir el cargamento hasta su destino, con las entregas vigiladas y los mecanismos que ya ofrece la ley, se truncan allí, entonces terminamos juzgando a las mulas, que son los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico”.

Por su parte, José Ignacio Candioti, fiscal general ante el tribunal oral, consideró “razonable la postura de la Corte Suprema de tratar de coordinar el trabajo de operadores judiciales con la fuerzas de seguridad” y destacó la iniciativa tendiente a “coordinar el trabajo de la Justicia Federal con los jueces provinciales y con los fiscales”.

Candioti, del mismo modo que la jueza Carnero, señaló que “del análisis de las causas que se tramitan en la provincia, surge como una medida adecuada la fijación de protocolos de actuación para lograr que en los casos de transporte de estupefacientes se pueda determinar el destino y que eso permita someter a proceso también a los autores de la distribución de la sustancia”, y mencionó el caso de una organización que se dedicaba a la compra y venta de estupefacientes en Gualeguaychú, pero que se abastecía en Capital Federal.

El fiscal Candioti, además, como herramienta, si quiere novedosa o poco usual, “la interacción de los propios jueces federales entre sí” y detalló que la ley que penaliza la tenencia y tráfico de estupefacientes “permite a los magistrados actuar en ajena jurisdicción territorial para disponer procedimientos si una investigación es factible de tener éxito”. Y respecto de la interacción con otros poderes del Estado, que promueve la Corte Suprema en su acordada, reclamó la puesta en funcionamiento del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, “para que Entre Ríos tenga dos órganos de juicio para las causas de narcotráfico que son las que más ocupan la agenda de la justicia”.

A su turno, el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar Luciano García, pidió que también se convoque “a los jueces y fiscales provinciales que intervienen en las causas de narcomenudeo”. No obstante, destacó “la creación de una comisión que integre a los distintos poderes del Estado, para trabajar coordinadamente, sin celos, mezquindades ni egoísmos, sino con humildad y grandeza” y enfatizó que “el gran problema que se da en la lucha contra el narcotráfico es que no hay coordinaron”.

García también planteó la posibilidad de abrir el juego hacia otros actores sociales que trabajan en problemática del narcotráfico y quienes trabajan con los adictos; y remarcó, en ese sentido, que “Entre Ríos no tiene un centro de tratamiento donde atender a las personas con problemas de adicciones”.

También Adán Bahl, ministro de Gobierno provincial, celebró la medida dispuesta por la Corte Suprema: “Todo lo que se haga para combatir el narcotráfico me parece fantástico”, dijo el funcionario. No obstante, reclamó “que los juzgados federales sean más dinámicos a la hora de resolver esos tremendos estados de sospecha, que a veces llevan seis meses o un año, para que se puedan hacer en seis días”. Asimismo, destacó el trabajo de la Policía de Entre Ríos y reclamó “que se resuelva la inconstitucionalidad de la ley provincial de narcomenudeo, porque también es una herramienta que nos va a permitir utilizar todas las herramientas y recursos que tiene el Estado provincial”.

En tanto, Rubén Pagliotto, presidente de la Sección Paraná del Colegio de Abogados, consideró “altamente positivo y ejemplar este paso crucial e histórico que se ha dado en lucha contra el flagelo del narcotráfico y, más aún, que sea el servicio de justicia el que diera el puntapié inicial”. En la misma línea, acotó que “esta acordada revela que llegó el momento de tomar el toro por las astas y que no sería el actual gobierno el más indicado para tan trascendente como ineludible y urgente misión, porque es la vida y salud misma de cientos de miles de jóvenes la que está en latente y real peligro frente al fortísimo poder de fuego de este imponente monstruo con varias cabezas”.

Asimismo, el abogado planteó “que la inteligencia y los recursos se direccionen a la persecución penal y posterior desbaratamiento de las organizaciones criminales que regentean este nauseabundo y millonario negocio” y reclamó “juzgar y condenar en tiempos breves a sus integrantes, la mayoría vecinos de lugares habitados por gente de holgura económica y atildados modales”, al tiempo que también pidió “para los pibes, reales víctimas y rehenes de estas adicciones, que tengan lugares donde poder recibir tratamientos de excelencia en centros de recuperación y cura estatales”.