Antes de los alegatos renunció el defensor del represor Demonte
21/10/2015
Juan Cruz Varela El abogado Guillermo Retamar presentó su renuncia a ejercer la defensa del ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, en la causa que lo tiene como imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Juan Cruz Varela El abogado Guillermo Retamar presentó su renuncia a ejercer la defensa
Juan Cruz Varela
El abogado Guillermo Retamar presentó su renuncia a ejercer la defensa del ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, en la causa que lo tiene como imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
El letrado presentó primero un confuso escrito manifestando su voluntad de renunciar a la defensa del represor luego de que el juez Leandro Ríos fijara fecha para la exposición por escrito de los alegatos en la denominada megacausa Área Paraná, que lleva casi doce años de trámite desde la caída de las leyes de obediencia debida y punto final; y luego explicitó su decisión de abandonar la defensa de Demonte por considerar que se trata de un proceso “injusto” en el que “se han violado todas las garantías”.
El magistrado tomó nota, pero no le dio curso a la renuncia porque están corriendo los plazos para la presentación de los memoriales con los alegatos y le advirtió al letrado que su obligación de representar a Demonte continúa vigente.
En concreto, el juez entiende que hay una deliberada decisión de evitar el dictado de la sentencia y le manifestó a Retamar que si persiste en su “inconducta” podría aplicarle sanciones disciplinarias, para las cuales está facultado; y hasta dejó en claro su decisión de comunicar de su actitud al Colegio de Abogados de Entre Ríos para que le aplique un tribunal de ética y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que regula la matrícula federal de los abogados y los habilita para el ejercicio profesional ante el máximo tribunal y ante la Justicia Federal en todo el territorio argentino.
De esta forma, el juez Ríos ratificó que las partes tienen tiempo hasta las 10 de la mañana del viernes 30 de octubre para presentar los escritos con los alegatos, tal como ya lo consignara Página Judicial, en la denominada megacausa Área Paraná, donde investigan secuestros y torturas contra 52 víctimas y los homicidios y desapariciones forzadas de 5 personas durante la dictadura. Demonte, puntualmente, está acusado por el secuestro de los desaparecidos Victorio Coco Erbetta y Pedro Miguel Sobko, y por el homicidio de este último, y se encuentra detenido en la cárcel de Paraná.
Malicia procesal
Esta especie de rebeldía no es nueva por parte del abogado Retamar en lo que lleva tramitándose la causa. En su momento no presentó su defensa ante la acusación de los fiscales y querellantes, pero en ese momento el juez decidió seguir adelante con el proceso.
Antes, en 2012, a raíz de una denuncia de los querellantes, la Cámara Federal de Apelaciones había puesto en marcha los mecanismos para sancionar por “malicia procesal” a Retamar por instrumentar medidas tendientes a dilatar el curso de la causa. En ese momento instrumentó un festival de recusaciones. Tras la clausura de la instrucción y el apartamiento de Gustavo Zonis, en 2009, la Cámara Federal designó a Fermín Ceroleni como juez de sentencia, pero fue recusado por Retamar y luego hizo lo mismo con otros ocho magistrados: Aníbal Ríos, Beatriz Aranguren, Pablo Seró, Ladislao Uzín Olleros, Roberto Lerena, Leandro Ríos, Rubén Efraín Cabrera y Jorge Delorenzi, en ese orden. Los argumentos eran ridículos. En el caso de Cabrera, por ejemplo, llegó a ser acusado de tener “resentimiento”, “encono” y “animadversión” hacia los imputados y fue recusado por su condición de apoderado del PJ, ya que el partido de gobierno ha expresado “un interés explícito y manifiesto en obtener condenas” en las causas por delitos de lesa humanidad. No menos absurdo era el pedido para apartar a Leandro Ríos, por ser hijo de Aníbal, que intervino antes en el expediente. El corte a esta situación se dio cuando recusó al tribunal en pleno.
En otro momento fue el propio Demonte quien le revocó el poder de representarlo a Retamar. Entonces el juez le asignó a José Boxler, defensor oficial para que lo defendiera, y Demonte recusó a Boxler y volvió a designar a Retamar. La pretensión era siempre la misma: extender el expediente.
Hace algunas semanas, cuando el juez Ríos dio por concluido el período de producción de pruebas, Demonte insistió en su estrategia dilatoria y se opuso a pasar a la etapa de alegatos, con planteos de nulidad absoluta y recusaciones varias, que no prosperaron.
La decisión del juez Ríos de no aceptar ahora la renuncia, explicita una decisión de avanzar hacia la sentencia. El Código de Procedimientos en Materia Penal, bajo el cual se tramita la causa, prevé que a partir del 30 de octubre “quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos, ni producirse más pruebas”. A partir de ese día podría operar la renuncia de Retamar. Luego el juez mantendrá una entrevista con los imputados (“audiencia de visu”, que se llama) y “tendrá un plazo de veinte días para estudiar el proceso y dictar sentencia”, que podría prorrogarse por “un plazo prudencial complementario”, en este caso, dado lo “voluminoso o complejo” del expediente.
A esta instancia llegan siete represores: los ex militares Appiani, José Anselmo Appelhans, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; el ex policía federal Demonte; la ex carcelera Rosa Susana Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano. En el camino quedaron otros catorce represores, fallecidos o que fueron separados por razones de salud.
Fuente: El Diario.