Un paso más camino a la sentencia en la megacausa Área Paraná

02/10/2015

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

Apareció una luz al final del túnel que conduce hacia la sentencia en la causa que ostenta la despreciable condición de ser la más antigua del país por crímenes de la dictadura: en una semana debería estar fijándose la fecha para la presentación de los alegatos y eso abre la posibilidad cierta de que antes de fin de año haya una definición, después de doce años desde la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final y casi cuarenta desde el golpe de Estado.

La semana pasada, tras casi ocho meses, la Cámara Federal de Apelaciones devolvió el expediente al juez Leandro Ríos y “desde este momento el proceso se conservará en la Secretaría por seis días, notificándose a las partes para que, tanto el acusador o acusadores, como el procesado o su defensor, puedan instruirse de las pruebas producidas”.

Es el paso previo a los alegatos.

Conocida esta novedad, el último miércoles los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti le pidieron al juez que “a la mayor brevedad” fije fecha para la presentación de los alegatos y los querellantes adelantaron que presentarán un escrito apoyando esa moción. Aquí el Código de Procedimientos en Materia Penal, bajo el cual se tramita la causa, dice que el magistrado deberá fijar audiencia “dentro del plazo de diez días” para que las partes hagan sus informes oralmente o por escrito.

“Desde entonces quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos, ni producirse más pruebas”. Así lo dice la normativa. Ya no habrá tiempo para chicanas. Entonces el juez “tendrá un plazo de veinte días para estudiar el proceso y dictar sentencia”, que podría prorrogarse por “un plazo prudencial complementario” dado lo “voluminoso o complejo” del expediente.

Lo cierto es que la sentencia aparece en el horizonte.

“Estamos contentos”, resumió la abogada Lucía Tejera, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ante la consulta de Página Judicial. “Por fin entramos en la discusión final de una causa que lleva abierta casi doce años desde la anulación de las leyes de impunidad, con un procedimiento arcaico, vetusto, lleno de formalismos, que trata al imputado de ‘delincuente’ y que nos obligó a llevar un juicio en los escritorios”, agregó. “Ha sido un trabajo arduo porque durante todos estos años los imputados, principalmente (el ex militar, Jorge) Appiani, han encontrado la manera de retrasar el proceso casi hasta el ridículo, impidiéndose ellos mismos tener una sentencia y también a las víctimas, sus familiares y las madres de los desaparecidos, que desde hace casi 40 años están esperando justicia”, remarcó la letrada.

Una historia sinuosa

La denominada megacausa Área Paraná concentra la mayor cantidad de denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Entre Ríos: se investigan secuestros y torturas en centros clandestinos de detención contra 52 víctimas y la desaparición de 5 personas: Claudio Fink, Victorio Coco Erbetta, Carlos Fernández, Juan Alberto Beto Osuna y Pedro Sobko.

Se inició en 1987, cuando la Cámara Federal de Apelaciones asumió el conocimiento del proceso, ante la falta de resultados de las investigaciones en los tribunales militares, pero se clausuró por la sanción de las leyes de impunidad. En diciembre de 2003, el fiscal general Ricardo Alvarez pidió su desarchivo y en mayo de 2004, la jueza federal ad hoc Myriam Galizzi dispuso la reapertura del expediente.

Desde entonces la causa tuvo un camino lleno de obstáculos. Primero hubo una larga discusión jurídica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación zanjó a favor de los represores al disponer que el proceso se tramite por el antiguo Código de Procedimientos en Material Penal de 1888 –vigente al momento en que se cometieron los hechos– que prevé que las actuaciones sean escritas. Saldada esa discusión, entre 2009 y 2011, fueron detenidos, indagados y procesados diez ex militares, policías, agentes penitenciarios y civiles. En abril de 2011 se clausuró la instrucción y a partir de julio en julio los fiscales y querellantes formularon sus acusaciones. Pero luego volvió a empantanarse, esta vez por una sucesión de chicanas dilatorias que impusieron las defensas.

Los fiscales Ricardo Alvarez y José Ignacio Candioti calificaron la maniobra como una “fiesta de recusaciones”, con la cual los represores impugnaron a nueve magistrados: tras la clausura de la instrucción y el apartamiento de Gustavo Zonis, la Cámara designó a Fermín Ceroleni como juez de sentencia, pero con el correr de las actuaciones, fue recusado y luego ocurrió lo mismo con Aníbal Ríos, Beatriz Aranguren, Pablo Seró, Ladislao Uzín Olleros, Roberto Lerena, Leandro Ríos, Rubén Efraín Cabrera y Jorge Delorenzi. Los argumentos eran ridículos pero empantanaron el proceso.

Saldadas esas discusiones, entre octubre y noviembre del año pasado se realizaron audiencias públicas en las que declararon 45 testigos, en su mayoría sobrevivientes de la dictadura y familiares de víctimas de la represión ilegal.

Siete represores esperan sentencia: José Anselmo Appelhans, Jorge Humberto Appiani, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; el ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte; la ex carcelera Rosa Susana Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano.