El fiscal pidió cuatro años y medio para el acusado de explotar obreros
21/08/2015
Juan Cruz Varela No todo trabajo en negro o mal pago pone a un trabajador ante una situación de explotación. Constituye, sí, una ilegalidad para las normas laborarles, pero el tribunal oral deberá resolver ahora dónde termina lo que es un trabajo no registrado, irregular o en condiciones abusivas y dónde empieza el delito de
Juan Cruz Varela
No todo trabajo en negro o mal pago pone a un trabajador ante una situación de explotación. Constituye, sí, una ilegalidad para las normas laborarles, pero el tribunal oral deberá resolver ahora dónde termina lo que es un trabajo no registrado, irregular o en condiciones abusivas y dónde empieza el delito de trata.
El fiscal José Ignacio Candioti no tiene dudas: ayer pidió que Javier José María Laner sea condenado a cuatro años y medio por la explotación laboral de cinco trabajadores que desarrollaban tareas de desmonte y raleo de troncos de eucaliptos en un campo ubicado en el paraje Loma Negra, a unos treinta kilómetros de Concordia.
El Tribunal Oral Federal de Paraná dará a conocer el próximo martes el veredicto en el primer juicio por trata de personas con fines de explotación laboral en la provincia.
El caso tiene su origen en una inspección que realizaron el 23 de febrero de 2011 agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), junto con agentes de la Dirección Provincial del Trabajo y policías provinciales, donde constataron la presencia de seis trabajadores que desarrollaban tareas de desmonte en un campo.
Los trabajadores describieron un cuadro de precariedad extrema: sobrevivían en el monte, hacinados en una casilla de madera cubierta con bolsas de nylon, desprotegidos de las inclemencias climáticas, sin agua corriente ni luz eléctrica. Cocinaban en un fogón y tenían que acarrear el agua para beber e higienizarse desde un campo vecino distante a dos kilómetros del rancho. Como no tenían baño, debían hacer sus necesidades en un pozo, al aire libre, solo cubierto por bolsas. Por las noches se alumbraban con un fogón y antorchas que ellos mismos habían confeccionado. En las planillas que llenaron los inspectores de AFIP quedó asentado que trabajaban de lunes a lunes, con una jornada laboral que se iniciaba a las 5.30 y se extendía hasta las 19.30, es decir, 14 horas diarias. Dijeron también que cada tres o cuatro días Laner les proveía los alimentos, pero se los descontaba, y con sobreprecio, de la suma que percibirían en concepto de salario.
Explotador
En su alegato, el fiscal Candioti describió este cuadro de situación.
“Todos los trabajadores, todos, dijeron que el responsable era Laner”, enfatizó el fiscal. “Laner tenía un conocimiento absoluto de la explotación y les obligaba a hacer tretas para ocultar esa situación”, insistió Candioti.
Laner, de 29 años, está acusado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en la modalidad de recepción o acogimiento (“incluso les ayudó a construir la casilla”, dijo el fiscal), mediante el abuso de una situación de vulnerabilidad. “Es palpable la situación de vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas: se trata de personas de escasa instrucción, en una situación socioeconómica desfavorable, cumpliendo funciones en un lugar alejado, separados de sus familias. Esa situación hizo que aceptaran las condiciones (que les ofrecía Laner) y siguieran trabajando. Esa situación de vulnerabilidad hizo que no pudieran ejercer sus derechos con plenitud”, enfatizó el fiscal.
Candioti fue más allá y aseguró que la forma en que eran tratados los hacheros en el paraje Loma Negra “afecta la dignidad de las personas” porque “prácticamente no eran tratados como seres humanos”.
Usos y costumbres
El defensor oficial Mario Franchi, en cambio, consideró que Laner no era cabecilla de ningún grupo criminal organizado; que no ofreció, captó, trasladó, recibió ni acogió personas con fines de explotación; que los hacheros no eran obligados a realizar trabajos forzosos, sino que en todo caso “el trabajo se realizaba y se pagaba según los usos y costumbres” que se rigen para la actividad forestal.
Según esa lógica, Laner pudo haber incurrido en un error de prohibición, es decir, “nunca comprendió que podía estar cometiendo un delito, nunca pensó que terminaría acusado en los tribunales por un uso y costumbre”, explicó el defensor.
Franchi, además, habló de una “superposición” normativa. Según su razonamiento, no hubo trata de personas ni explotación laboral porque “no se dio un proceso de despersonalización ni anulación de la voluntad de los trabajadores”, aunque concibió la posibilidad de que se tratara de un caso de reducción a servidumbre, un delito que prevé una escala penal distinta. Por eso, pidió la absolución de Laner.
Así como Candioti reclamó “no naturalizar” el trabajo esclavo y la explotación laboral, Franchi habló de “hipocresía” y “cinismo” de parte de la sociedad. “Tenemos que hacernos cargo de que estas cosas pasan, y no solo en el campo”, dijo el defensor. “Según los datos del último censo nacional de población, hay un 17 % de argentinos que no tienen agua potable, es decir, unas 7 millones de personas, y hay un 51 % de ciudadanos que no tienen cloacas. No se trata de naturalizar el delito, se trata de hacernos cargo como sociedad. El Estado pretende criminalizar estas conductas, pero los funcionarios debemos preguntarnos entonces qué hacemos nosotros”, concluyó.
Que se siga investigando
El miércoles Javier Laner hizo un extenso descargo en el que apuntó contra un matrimonio al que señaló como los dueños del campo donde fueron hallados los trabajadores en situación de explotación laboral: José Bacigalupo y Silvia Rodríguez. En los papeles, sin embargo, el establecimiento estaba a nombre de la empresa Trimaderas SRL, cuya cara visible es un tal Héctor Alfonso Diez.
El fiscal Candioti tomó nota de esos datos y ayer en su alegato pidió formalmente que se remitan copias de las actuaciones producidas en el juicio al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para que se considere la posibilidad de continuar con la investigación respecto de la posible responsabilidad de los dueños del campo de eucaliptos en la explotación de los cinco hacheros.
Fuente: El Diario.