“La necesidad es grande, entonces uno trabaja en malas condiciones”

20/08/2015

Juan Cruz Varela Dos hacheros describieron las condiciones de sobre-explotación en que vivían en un establecimiento forestal en el paraje Loma Negra, a unos treinta kilómetros de Concordia, y que constituyen la base de la acusación contra Javier José María Laner por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Juan Cruz


Juan Cruz Varela

Dos hacheros describieron las condiciones de sobre-explotación en que vivían en un establecimiento forestal en el paraje Loma Negra, a unos treinta kilómetros de Concordia, y que constituyen la base de la acusación contra Javier José María Laner por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

El 23 de febrero de 2011, inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), junto con agentes de la Dirección Provincial del Trabajo y policías provinciales, realizaron un operativo en el que constataron la presencia de seis trabajadores que desarrollaban tareas de desmonte y raleo de troncos de eucaliptos. El cuadro era de precariedad extrema: los trabajadores sobrevivían en el monte, hacinados en una especie de casilla de madera cubierta con bolsas de nylon, desprotegidos de las inclemencias climáticas, sin agua corriente, sin baño ni luz eléctrica y con poca comida.

En la industria forestal, especialmente en la producción de eucaliptos, parece, este tipo de situaciones constituyen una ley no escrita. Al menos así lo refieren las personas que durante años realizan esa tarea.

Explotación laboral

Dos hacheros que declararon ante el Tribunal Oral Federal de Paraná coincidieron en señalar a Laner como la persona con la cual acordaron las condiciones para trabajar en el campo. “Teníamos un arreglo con Laner”, coincidieron Guido y Esteban. “Trabajábamos más de ocho horas, porque empezábamos como a las siete de la mañana, descansábamos una hora al mediodía y seguíamos hasta las siete de la tarde. Estábamos en negro, (Laner) nos hacía firmar un papel y nos quedaba debiendo… después nos quería pagar con mercadería, pero nosotros necesitábamos la plata para llevarles a nuestras familias”, describió Guido. “Trabajábamos hasta los domingos a la tardecita para cargar (los troncos en un camión) y había que hacerlo sin la máquina; (Laner) no quería que cargáramos los sábados porque tenía miedo de que cayeran los (organismos de) derechos humanos… por eso hacía esconder a la gente”, acotó.

El “arreglo” no era igual para todos. “Había cinco tipos de trabajo y cada cosa tenía su precio”, explicaron. Les pagarían 25 centavos por tronco pelado, aunque también debían sacar las ramas, limpiar el monte, cargar los troncos y atarlos en un camión que pasaba semanalmente a recogerlos. Así lo contaron ante el tribunal. Pero, dicen, el “arreglo” no se cumplía: “Laner nos pagaba la mitad de lo acordado y nos decía que cuando se vendiera la madera nos pagaría el resto; y así nos llevaba”, aseguró Esteban. Siguiendo esa lógica, Guido dijo que le quedaron debiendo “como 8.000 pesos”.

Los trabajadores contaron además que vivían en el monte, hacinados en una casilla de madera cubierta con bolsas de nylon que ellos mismos habían construido, desprotegidos de las inclemencias climáticas, en condiciones de hacinamiento (tres o cuatro por carpa, dijeron), sin agua corriente ni luz eléctrica.

Según dijeron ante el tribunal, cocinaban en un fogón, en el piso, la comida que la persona a la que reconocían como su patrón les llevaba y descontaba del salario. “Nosotros le hacíamos una nota con el pedido y Laner nos traía, pero después nos descontaba”, contó Esteban. Tampoco tenían heladera donde conservar los alimentos. “Nos llevaba carne para tres días, pero como hacía calor y no teníamos donde guardarla, no duraba, agarraba olor, se ponía fea”, recordó Guido.

También debían pagar por las herramientas de trabajo, dijeron. Guido dijo que consiguió prestados un hacha y un machete, pero Esteban no tuvo esa suerte y debió apelar a su patrón: “Nos daba el hacha y el machete, pero nos descontaba de la paga”. Tampoco les proveyó de ropa adecuada, “así que trabajábamos con la ropa nuestra nomás”, contó Guido. Incluso sufrieron reprimendas cuando le reclamaron mejores condiciones de trabajo: “Cuando le pedíamos que nos mejorara las condiciones, se enojaba, se ponía muy nervioso, gritaba”, recordó Esteban.

“No te pagaba lo que te debía, pero la necesidad es grande, entonces uno se expone a trabajar en esas condiciones”, concluyó Esteban.

Condiciones previas desfavorables

Laner está acusado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral mediante el abuso de una situación de vulnerabilidad de los trabajadores, dada su escasa instrucción, cultura de trabajo irregular, extensas jornadas laborales, situación laboral y socioeconómica precaria y aislamiento de su lugar de residencia. Así lo refirieron las profesionales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que ayer declararon ante el tribunal.

El informe destaca que los hacheros “se encontraban en una situación de vulnerabilidad en relación con las condiciones de trabajo previas a la oferta laboral efectuada por Laner” y que “su precaria situación socioeconómica fue el factor determinante a la hora de aceptar el ofrecimiento laboral”.

Vanesa Lorenzetti, una de las profesionales que entrevistó a los trabajadores, remarcó que “Esteban tenía un hijo desnutrido y los hijos de Guido tenían algún grado de discapacidad, por eso habían acordado que debían volver periódicamente a llevar dinero a sus casas”.

En el mismo sentido, Jorgelina Porce, otra de las profesionales del equipo, enfatizó que los trabajadores se desempeñaban “en precarias condiciones de habitabilidad”, dado que se encontraban “alejados de centros urbanos, dependían de que les llevaran agua y alimentos y no sabían cuánto iban a cobrar”, entre otros factores.

Lorenzetti apuntó además que tras el operativo de febrero de 2011 “hubo cambios en la relación laboral, que fueron en desmedro de los trabajadores, porque ya no se les permitía usar el tractor y debían cargar los troncos de madera al hombro”, al parecer, para no hacer ruido, de acuerdo a lo que refirieron los hacheros.

La responsabilidad en otra parte

Una hora estuvo Laner defendiéndose de las acusaciones. Dijo que es un hombre de trabajo, repartió culpas a sus “patrones”, los dueños del campo, José Bacigalupo y Silvia Rodríguez, un matrimonio concordiense para el que trabajó hasta hace cuatro meses, y denunció haber sido deliberadamente mal asesorado por los abogados que tuvo durante la instrucción.

Reconoció haber sido quien contactó a los trabajadores que realizarían las tareas de desmonte en el campo, pero negó las acusaciones por trata de personas y explotación laboral. “Yo era el encargado de llevarles la comida, el gasoil para el tractor y de que no les falte nada”, dijo en un tramo de su declaración. Incluso dijo haber “ayudado” a los hacheros en la construcción de la precaria casilla donde dormían.

Laner dijo que los trabajadores mintieron respecto de que les hubiera quedado debiendo dinero por las tareas que realizaron en el campo del paraje Loma Negra y aseguró que “les decía a los patrones que se estaba trabajando mal…que faltaban botines, máscaras y otros elementos de seguridad, pero ellos siempre contestaban que no había plata”.

“Los responsables de esta situación son Bacigalupo y Rodríguez, ellos me daban las órdenes de lo que tenía que hacer; yo soy un triste empleado; yo solo no puedo estar pagando una culpa que tienen los dueños de la forestación”, expresó Laner. “Hoy me encuentro acá, ante este problema del que no sé cómo salir; esta gente no se hizo cargo nunca, me echaron, me soltaron la mano… ellos me embaucaron”, acotó luego, entre lágrimas, en otro tramo de su declaración.

Laner reveló además que el campo donde se constató la explotación figuraba en los papeles a nombre de la empresa Trimaderas SRL, pero que pertenecía en los hechos al matrimonio Bacigalupo-Rodríguez, y dijo que el regente del establecimiento era Héctor Alfonso Diez, un empresario amigo de la pareja.

El fiscal José Ignacio Candioti adelantó en la audiencia que promoverá una investigación penal respecto de los socios, algo que podría impulsar hoy mismo, cuando exponga su alegato.

Fuente: El Diario.