El fiscal solicitó altas penas de prisión para los integrantes de la narcobanda

15/08/2015

Juan Cruz Varela Seis días habrá que esperar para conocer el veredicto del Tribunal Oral Federal de Paraná en el juicio contra seis personas acusadas de integrar una organización dedicada a la venta de cocaína en la ciudad de Gualeguaychú: el jueves 20 de agosto los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros

Juan Cruz Varela

Seis días habrá que esperar para conocer el veredicto del Tribunal Oral Federal de Paraná en el juicio contra seis personas acusadas de integrar una organización dedicada a la venta de cocaína en la ciudad de Gualeguaychú: el jueves 20 de agosto los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros darán su sentencia.

El fiscal general José Ignacio Candioti solicitó penas de entre cuatro y nueve años de cárcel para los acusados, según la responsabilidad de cada uno; mientras que los abogados defensores cuestionaron la investigación y reclamaron la nulidad de las interceptaciones telefónicas realizadas sobre los imputados y de los procedimientos.

Candioti acusó a Pablo Martín Ludueña de ser el organizador de la banda que traficaba droga y pidió que sea condenado a nueve años de prisión y una multa de 15.000 pesos. En un escalón inferior dentro de la estructura delictiva ubicó a Miguel Ángel Braun y la abogada Elena Cecilia Gómez, acusados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, para quienes pidió siete años de cárcel y 15.000 pesos de multa; mientras que Miguel Exequiel Braun fue ubicado en un mismo nivel de responsabilidad, aunque “con un nivel menor de involucramiento”, por lo que solicitó una pena de seis años de prisión y multa de 10.000 pesos.

En el caso de Olga Gladys Sosa, acusada de regentear un kiosco de venta de drogas en Gualeguaychú, el fiscal consideró que actuaba “bajo los designios de su hijo (Exequiel) y de su ex pareja (Miguel Ángel), y por eso pidió que sea condenada a cuatro años de prisión y 3.000 pesos de multa.

El último eslabón de la cadena de esta organización, Diego Maximiliano Barreto, fue acusado por el delito de transporte de estupefacientes, y el fiscal pidió que sea condenado a cinco años de prisión y se le imponga el pago de una multa de 3.500 pesos, aunque en su caso atenuó su responsabilidad por haberse acogido a la figura del “arrepentido”, ya que mencionó a los gendarmes que lo detuvieron en la ruta que la droga se la había dado un tal “Martín” y que debía entregársela a otra persona que identificó como “Miguel Ángel Braun”.

Candioti, además, solicitó el decomiso de tres automóviles de alta gama, una moto de alta cilindrada y una gran cantidad de dinero (100.654 pesos y 13.305 dólares), por considerar que “son producto del delito” que se les endilga a los integrantes de la banda. Se trata de un Citroën C3, a nombre de Braun hijo, un Mini Cooper y un Peugeot 308, secuestrados en la casa de Ludueña y, si bien no estaban a su nombre, tenía autorización para conducirlos y era quien pagaba los seguros de ambos vehículos.

La blanca era la cocaína

Durante su alegato, el fiscal Candioti hizo un pormenorizado repaso de la prueba documental y testimonial, que incluye informes de inteligencia, fotografías, filmaciones y escuchas telefónicas producidas durante seis meses por Gendarmería.

“Ha quedado absolutamente acreditado que Martín Ludueña es el organizador. Primero se contactaba por teléfono con los Braun y con Cecilia Gómez, establecían cuál era el precio del estupefaciente y después hacía que viajen a Buenos Aires para que le entregaran el efectivo que previamente habían convenido. Luego de que recibía el dinero, conseguía el estupefaciente, se comunicaba con Barreto para que lo traslade y monitoreaba el traslado”, detalló el fiscal sobre el rol que le atribuyó.

En un nivel inferior dentro de la organización ubicó a los Braun y Gómez. En el caso del padre e hijo aclaró que “no es relevante que no se les haya secuestrado droga en sus domicilios, porque el estupefaciente les venía llegando en el colectivo”; y respecto de la abogada sostuvo que en un principio “era una especie de contadora” de los Braun, pero luego “quería ella misma comercializar”. De allí que en su departamento porteño se hallara un pan de 1,079 kilos de cocaína que, según las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, le había llevado el propio Ludueña unas horas antes.

Enfático estuvo el fiscal para desvirtuar los dichos de Braun padre y de la abogada Gómez respecto de que vendían ropa blanca de La Salada: “Dicen que se dedicaban a vender ropa: la ropa no se vende en kilos, no se pesa en balanzas, no se estira con Novalgina, la ropa no se pacta a 57.000 pesos la unidad ni genera en los clientes que se descompongan y reclamen por eso”, afirmó. “La venta de ropa no implica la felicitación porque sea ‘cristal puro’ o ‘cien por ciento’, como dicen las escuchas. Ellos hablan de estupefacientes, hablan de cocaína, estaban conviniendo la comercialización de drogas en gran escala y durante mucho tiempo”, aseguró. “La única blanca que vendían era la cocaína”, remarcó en otro tramo de su alegato.

Respecto de Braun hijo, el fiscal Candioti consideró que tenía “un nivel menor de involucramiento” en el esquema delictivo, pero remarcó que en el origen de la investigación se señaló a su casa como un posible punto de venta de drogas y acotó que “lo único que no hacía (Braun) era hablar por teléfono, porque participaba de todas las actividades: iba con el padre a pagar el estupefaciente y ponía la plata”.

Nulidades por todos lados

Los defensores, por su parte, cuestionaron severamente la investigación, desde el inicio hasta la realización de los procedimientos en los que se incautó la droga y mencionaron también irregularidades en las intervenciones telefónicas.

Andrea Novelo, defensora de Ludueña, adelantó lo que sería una estrategia común al solicitar que se declare la nulidad de las intervenciones telefónicas, primero de Braun padre, y luego también del resto de las personas que estuvieron investigadas. “No podemos permitir que un funcionario policial maneje información discrecionalmente y que el juez autorice las intervenciones sin saber qué prueba había”, se quejó respecto de las alusiones por parte del jefe de la investigación a “fuentes humanas” para justificar datos que luego volcaba en los informes al juez de instrucción.

Novelo también pidió la nulidad de la investigación realizada por Gendarmería “por ausencia de control judicial” y acusó a los integrantes de la fuerza de seguridad de haber hecho “un manejo arbitrario de la investigación”.

Del mismo modo, José Esteban Ostolaza, que representa a la abogada Gómez, aseguró que “no había motivos que justificaran la intervención de los teléfonos” de Miguel Ángel Braun, en primera instancia, y dejó entrever que los gendarmes habrían realizado escuchas más allá del plazo autorizado por el juez.

La defensora oficial Noelia Quiroga, que representaba a Barreto, planteó además la nulidad del procedimiento, requisa y detención de quien transportaba la droga. Al ser detenido, dicen los gendarmes, le ofrecieron a Barreto acogerse a la figura del “arrepentido” y aseguran que en esa instancia la mula mencionó que la droga se la había dado un tal “Martín” para que se la entregara a otra persona que identificó como “Miguel Ángel Braun”. Su defensora aseguró que esa declaración “no fue espontánea, sino coaccionada” (la abogada Novelo también lo señaló) y que Barreto “fue sometido a un interrogatorio ilegítimo” por parte de los agentes de la fuerza de seguridad. Y además negó que el bolso que contenía la droga le perteneciera.

Distinta fue la postura de Félix Pérez, defensor de Exequiel Braun, alias Pata. “Hay una clara insuficiencia probatoria, no se acredita ninguna intervención ni aporte que se le pueda endilgar”, dijo el letrado, que también cuestionó que no se profundizara la investigación judicial luego de la detención de los imputados, en noviembre de 2013 (sic). “Ni siquiera hay elementos de duda; es absurdo que Miguel Exequiel Braun esté sentado en el juicio”, agregó Pérez, antes de pedir la absolución.

Por su parte, Sebastián Arrechea, defensor de Braun padre y de Sosa, cuestionó los vacíos de la investigación, dijo que Braun ha sido “demonizado”, se preguntó “dónde está el crecimiento patrimonial de Sosa, una mujer que lavaba y planchaba para vivir y que tenía que atender a sus nietos” y aseguró que la droga que había en la casa de la mujer no le pertenecía, sino que podría haber sido de su hermano o de alguna de sus hijas. Respecto de Sosa, pidió su absolución por el beneficio de la duda. En cuanto a Braun, consideró que no integraba una organización, sino que, en todo caso, “realizaba actos de comercio ilegítimos”, y por eso debería recibir una pena no mayor a cuatro años de prisión.

Fuente: El Diario.