Juzgan a una banda de narcos que vendía cocaína en Gualeguaychú

10/08/2015

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El Tribunal Oral Federal de Paraná juzgará a partir de hoy a seis personas acusadas de integrar una organización dedicada a la venta cocaína en distintos domicilios de Gualeguaychú. Entre los acusados, todos detenidos, están quien sería el proveedor, la persona que transportaba la droga y

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial


El Tribunal Oral Federal de Paraná juzgará a partir de hoy a seis personas acusadas de integrar una organización dedicada a la venta cocaína en distintos domicilios de Gualeguaychú. Entre los acusados, todos detenidos, están quien sería el proveedor, la persona que transportaba la droga y los regentes de los distintos puntos de venta.

El juicio se extenderá durante cinco jornadas y hay 44 personas citadas a declarar, entre gendarmes, peritos y testigos de procedimientos. El tribunal estará integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros. El fiscal será José Ignacio Candioti y los imputados tendrán, salvo uno de ellos, defensores particulares.

La importancia de esta causa judicial radica en que tiene como acusados a distintos eslabones de la cadena del tráfico, con cierta permanencia en el tiempo y que hasta contaba con una complicidad policial, de acuerdo a los datos que surgieron de informes de inteligencia, fotografías, filmaciones y escuchas telefónicas.

Cuando Gendarmería dio el gran golpe contra la organización, los investigadores llevaban seis meses juntando pruebas, desde que un testigo en el juicio por el homicidio de un joven de 17 años declaró que la casa de una mujer a la que identificó como Olga Sosa, en calle Los Alerces 1540 de Gualeguaychú, era un punto de venta de drogas.

El golpe contra la organización comenzó a gestarse el 2 de noviembre de 2013, cuando Gendarmería interceptó en cercanías de la localidad de Perdices, sobre la Ruta Nacional 14, un colectivo de la empresa Nuevo Expreso. Sentado en la butaca número 44 viajaba Diego Maximiliano Barreto, la mula, portando un bolso de cuero en el que los gendarmes encontraron tres paquetes rectangulares de cocaína, cuyo peso total era de 3,190 kilos, y otro envoltorio más pequeño con la misma sustancia.

Los agentes le ofrecieron a Barreto acogerse a la figura del arrepentido y colaborar con la investigación. El imputado asegura haber mencionado que la droga se la había dado un tal “Martín” y que debía entregársela a otra persona que identificó como “Miguel Ángel Braun”, aunque no ratificó sus dichos ante el juez y terminó desdiciéndose.

El tal “Martín”, al que se refirió la mula, es Pablo Martín Ludueña, un hombre que vivía en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y está acusado de ser el organizador y proveedor de la cocaína que se comercializaba en Gualeguaychú.

De la investigación ya habían surgido vinculaciones de Ludueña con quienes serían los vendedores en Entre Ríos: Miguel Ángel Braun, su hijo Miguel Exequiel y la pareja del padre, Elena Cecilia Gómez, una abogada porteña; y también las órdenes que unos y otros impartían a Barreto en cuanto al transporte de la droga desde la provincia de Buenos Aires hasta Gualeguaychú en colectivo.

Ese mismo día se realizaron doce allanamientos en forma simultánea: en el departamento de la abogada Gómez, en Capital Federal, se encontró un pan de cocaína de 1,079 kilos, una bolsa de nylon con cocaína y 10,9 gramos de marihuana; en Gualeguaychú, en la vivienda de Braun padre se incautó un envoltorio que contenía cocaína, una bolsa de nylon con cortes circulares, una trincheta con vestigios de cocaína y una balanza; y en otra casa que pertenece a Braun hijo se secuestró dinero en efectivo.

La casa de Olga Sosa, ex pareja de Miguel Ángel y madre de Miguel Exequiel, era efectivamente un kiosco de venta de drogas. Los investigadores asentaron en los informes que le entregaron al juez la presencia del muchacho en el lugar y dan cuenta también de movimientos característicos de la comercialización de estupefacientes, conocidos como “pasamanos”. De hecho, allí se secuestraron 121 bolsitas de nylon que contenían cocaína, ocultas dentro de una cartera, en un ropero.

Pero es el allanamiento en la casa de Ludueña, en la localidad bonaerense de Avellaneda, el que permite dimensionar la magnitud de la organización: además de teléfonos celulares, documentación, computadoras y armas, tenía en su poder 100.000 pesos y 12.000 dólares y en el garage reposaban un Mini Cooper, un Peogeot 308 modelo Feline y una moto Yamaha de alta cilindrada.

La entrega de la droga había sido pactada unos días antes: el 24 de octubre Ludueña y los Braun se encontraron en una estación de servicio ubicada a la altura del kilómetro 134 de la Ruta Nacional 12. En las imágenes se ve a Ludueña llegar e irse a bordo del mismo Peugeot 308 que luego sería secuestrado en su casa. Seis días después, padre e hijo viajaron a Buenos Aires para entregarle el dinero a Ludueña. La operación se cerró en 171.000 pesos, a razón de 57.000 pesos por kilo de cocaína.

Los investigadores también advirtieron la presencia de Ludueña al menos dos veces en el edificio de la abogada Gómez, el 10 de octubre y el 2 de noviembre, horas antes de los allanamientos.

Las escuchas telefónicas sostienen gran parte de la investigación. En ellas se cruzan comunicaciones de “Martín” con Braun padre, la abogada Gómez y la mula Barreto para concertar la supuesta entrega de estupefacientes.

En una de ellas, por ejemplo, Miguel Ángel Braun le reprocha a “Martín” que le vendiera droga de mala calidad:
–Ahora el Pata (apodo de Miguel Exequiel) me dice “Papi, no te vas a poner a pelear con Martín, todo no”. No, pelear no, m’hijo, yo pelear no voy a pelear, pero tengo que explicarle. “Yo ya le llamé el otro día y le expliqué”, le digo. Dice “lo que pasa, Papi, es que te digo más, mirá lo que está por hacer el Pata, gurí mío: “Me dijo, Papi, la vamos a tener que bajar, porque nosotros teníamos el precio a 8.500 los cien gramos, ahora lo vamos a vender a 7.000”.

Ludueña asegura que la voz que aparece en las escuchas no es la suya y, para eliminar cualquier margen de duda, el fiscal José Ignacio Candioti pidió una pericia de voz cuyo resultado se espera para el inicio del debate.

Otro condimento que tiene la causa es la presunta complicidad policial: en un principio estuvo involucrado un policía provincial, Abel Salva, a quien se le imputó el delito de tenencia simple de estupefacientes, aunque terminó desvinculado y luego falleció.