En juicio por narcotráfico ordenan decomisar un campo en Entre Ríos

19/07/2015

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

La vida de este colombiano parece extraída de un guión de cine: combatió en la selva colombiana para la guerrilla de las FARC hasta que fue detenido, entonces tuvo la suerte de que su nombre se coló en una lista de intercambiables, pero cuando salió, fichó para el bando contrario; de ahí al negocio de las drogas y a convertirse en un sicario, hubo un paso. Y murió como vivió, a los tiros, a los 39 años.

Las primeras pistas surgieron al calor de las balas, en abril de 2012, con el cadáver todavía caliente de un ciudadano de origen colombiano, en el barrio porteño de la Recoleta, al que un documento identificaba como Carlos Brausin García.

El hombre se llamaba en realidad Héctor Jairo Saldarriaga Perdomo, Guajiro para sus compañeros de la guerrilla y Mojarro en su nueva vida.

Los registros migratorios detectaron su ingreso al país con la falsa identidad en agosto de 2011, aunque la decisión de mudarse a la Argentina era anterior y ya en 2010 había empezado a tender algunos puentes. Había elegido la provincia de Entre Ríos como su búnker y por eso, a poco de su llegada, compró, a través de testaferros, un campo de 18 hectáreas en la zona de Paraje Arroyo Molino, departamento Uruguay.

El crimen, el 17 de abril de 2012, despertó el interés de los investigadores.

El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, comenzó a investigar sus negocios en la provincia y en junio de 2013 desbarató una maniobra para enviar un cargamento de 133 kilos de cocaína a Europa ocultos en un container en el puerto de Buenos Aires. El magistrado llegó a procesar a dos empleados portuarios y a dos ciudadanos paraguayos, pero nunca pudo localizar al contacto de Mojarro en Argentina, Francisco Javier Duque Salazar, y luego el expediente pasó a la justicia porteña.

El viernes, el Tribunal en lo Penal Económico de Capital Federal condenó a cuatro personas por contrabando de estupefacientes y lavado de activos y, siguiendo al fiscal Marcelo Agüero Vera, ordenó el decomiso del campo entrerriano porque el dinero con el cual fue adquirido provenía de un ilícito vinculado al tráfico de drogas.

Gerardo Ruidíaz, de nacionalidad paraguaya, recibió una pena de doce años de prisión y se le impuso una multa de 1.650.000 pesos por el delito de contrabando de estupefacientes agravado y lavado de activos; Ariel Lértora y Florencio Carlos Bogarín, los empleados del puerto, fueron condenados a nueve y siete años, respectivamente, por contrabando de estupefacientes agravado; mientras que Fabio Montañana, también paraguayo, recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso por lavado de activos.

Según la acusación, Ruidíaz fue quien compró y administraba el campo, y Montañana lo recibió y ofició como nexo entre Ruidíaz y los ciudadanos colombianos, con la finalidad de venderlo y así darle apariencia lícita a la operación.

Las falsas cabañas

Cuenta la leyenda que Mojarro habría traicionado a su patrón, el narcotraficante colombiano Daniel El Loco Barrera Barrera, para quien trabajaba como jefe de sicarios, robándole un cargamento de cocaína y una importante cantidad de efectivo. Por eso ingresó al país y se movía con nombre falso.

Saldarriaga Perdomo fue asesinado en abril de 2012 por orden de Barrera Barrera: un motociclista que lo abordó en la calle, a la salida de la peluquería, y le asestó once balazos: ocho en el pecho y tres en la cabeza.

En su camioneta, a la que se llegó por un ticket de estacionamiento que tenía entre sus ropas, quedaron nueve teléfonos celulares, treinta chips para telefonía, 5.000 pesos, 5.000 dólares, algunos pesos colombianos y el pasaporte a nombre de Carlos Brausin García, una de las tres identidades falsas con las que se movía en la Argentina. Hallaron también equipajes con prendas masculinas y con ropa de su esposa, que había ingresado al país unos días antes y en ese momento estaba de compras en el shopping.

Inmediatamente los investigadores pusieron a la víctima bajo la lupa, pero les costó llegar a determinar que la persona que se había radicado en Entre Ríos bajo el nombre de Carlos Brausin García era en realidad Mojarro. “Siempre usaba caminos alternativos, extraños (para volver desde Buenos Aires a Concepción del Uruguay). Por eso, después de que lo mataran, para la Policía fue muy difícil entender los registros del GPS de su camioneta 4 x 4”, cuentan los periodistas Virginia Messi y Juan Manuel Bordón en su libro Narcolandia, donde dedican varias páginas a este personaje.

Fue su esposa quien dio las primeras pistas sobre el campo en una escueta declaración judicial en la causa por el crimen de Mojarro. La mujer tenía un documento con el nombre de Viviana Alexandra Vargas Álvarez, venezolana, aunque en realidad se llamaba Alejandra Solano Estrada. En realidad, ambos se movían con documentos auténticos en los que constaban identidades absolutamente falsas.

En su declaración ante la justicia, Alejandra dijo que había conocido a su esposo en Colombia, que convivían desde 2009 y que tenían un hijo nacido en la Argentina; que su marido era ganadero, pero que no sabía de cuántas vacas era dueño y que tenía un campo en Concepción del Uruguay donde quería montar un complejo de cabañas. Dio, sin embargo, un dato que llamó la atención de los investigadores: dijo que en la estancia había varios empleados colombianos armados. Allí, sus vecinos lo conocían como “el señor Carlos”.

El periodista Daniel Enz, en su libro Los Hijos del Narco, de reciente publicación, habla del campo de Saldarriaga Perdomo: “Fue comprado a una inmobiliaria de Concepción del Uruguay, por una cifra en muchos miles en dólares. El inversor en cuestión era de origen colombiano e ingresó oficialmente al país en agosto de 2011. En absoluto silencio se instaló en el campo, sito a unos diez kilómetros de la Ruta Nacional 14 y lo primero que hizo fue entregarle dólares a un capataz de confianza que contrató, para refaccionar la amplia casona que, a su vez, contaba con una vivienda para el cuidador”. En la causa se habla de una inversión de 330.000 pesos pagados en efectivo. Y agrega Enz: “Carlos Brausin García, como se conoció a dicho inversor, compró además una camioneta Honda CRV azul –que puso a nombre de un empleado suyo, con antecedentes por robo, aunque disponía de una tarjeta azul para moverse normalmente– y con ese vehículo recorría la zona y muchas veces se lo observó en la zona del puerto de Concepción del Uruguay. El colombiano era visitado por algunas personas de origen venezolano o de la propia Colombia y a varios de ellos les encargó remodelaciones del casco de la estancia”.

De las investigaciones judiciales surge además que el campo no habría sido solo una inversión con dinero sucio, sino la base de operaciones de una estructura incipiente para el tráfico de estupefacientes, con más campos en la mira, pero que no llegó a concretarse.

De hecho, el día en que fue asesinado, Mojarro salía de entrevistarse con su abogado para comenzar los trámites formales de radicación en el país, para lo cual le había dejado su nombre y número de documento verdaderos y le pidió que averiguara si tenía alguna causa pendiente en Colombia.

El juez Seró llegó a conectar esa estancia entrerriana con la desbaratada operación para enviar 133 kilos de cocaína hacia Europa –presuntamente a Italia– en un barco de bandera liberiana desde una terminal del puerto de Buenos Aires.

Resultó curioso también que a poco de la muerte de Saldarriaga Perdomo, una persona a la que en la causa judicial se identifica como “El Maestro” contactó a Montañana, un profesor de piano de 42 años, para que vendiera el campo del departamento Uruguay.