El Colegio de Abogados de Entre Ríos impugnó la remoción de Cabral
30/06/2015
De la Redacción de Página Judicial El Colegio de Abogados de Entre Ríos fue la primera voz en la provincia en expresarse tras el bochornoso desplazamiento del juez Luis María Cabral, quien se desempeñaba como subrogante en la Cámara Federal de Casación Penal. Para la entidad local, se ha “menoscabado la independencia del Poder Judicial
De la Redacción de Página Judicial
El Colegio de Abogados de Entre Ríos fue la primera voz en la provincia en expresarse tras el bochornoso desplazamiento del juez Luis María Cabral, quien se desempeñaba como subrogante en la Cámara Federal de Casación Penal.
Para la entidad local, se ha “menoscabado la independencia del Poder Judicial de la Nación y afectado la división de poderes”.
Adhiriendo a la declaración de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), sostuvo que la remoción de Cabral “ha excedido las facultades que el Consejo tiene al respecto, puesto que no existe ninguna norma jurídica que autorice al Consejo de la Magistratura de la Nación a remover a un juez sin una imputación de orden disciplinario, juicio o procedimiento previo conforme exige la ley que rige el funcionamiento de dicho órgano de la Constitución Nacional”.
La Ley Número 27.145, que es la que supuestamente le otorgaría esas facultades, además de no otorgarlas, es contraria a la Constitución Nacional y a los fallos que ya ha emitido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de subrogancias.
“No podemos soslayar que estamos frente a una cuestión con un muy importante contenido institucional, que trasciende lo meramente coyuntural y que hace a los superiores intereses de la Nación y de los argentinos, estando en juego la independencia del Poder Judicial de la Nación”, sostuvieron los abogados del foro local en el documento al que tuvo acceso Página Judicial.
Impostergable
Para el Colegio de Abogados de Entre Ríos, “resulta necesario e impostergable que tanto los poderes públicos de la República, como los organismos constitucionales ejerzan en plenitud y sin ningún tipo de interferencias sus cometidos”, como a las atribuciones constitucionales que son propias del Consejo de la Magistratura de la Nación, tanto en la designación como en el enjuiciamiento de magistrados dentro de su jurisdicción.
“La salud de la República y de su régimen democrático requiere firmeza ante cualquier intento de avasallamiento de los poderes públicos y de los órganos de la Constitución, en cuanto a su naturaleza y funcionamiento, debiéndose evitar así el apartarmiento de las mandas constitucionales y preservándose en un todo la plena vigencia de las Instituciones”, escribieron los integrantes de la entidad.
El documento rechaza la remoción, “reafirma el estricto cumplimiento de los mandatos constitucionales, con celoso apego a lo normado y sin desvíos de ninguna naturaleza”; y exhorta “a todos los poderes públicos y a los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación a obrar siempre en aras de preservar y afianzar la institucionalidad y del Estado democrático de Derecho”.