La defensa pidió el sobreseimiento de un médico en la causa Área Paraná II

25/06/2015

Juan Cruz Varela Una novedad sacudió la modorra en la causa Área Paraná II: el defensor oficial pidió el sobreseimiento del médico Jorge Horacio Capellino, procesado y detenido por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar. Capellino está imputado en una causa que tramita como un desprendimiento del expediente principal que se

Juan Cruz Varela

Una novedad sacudió la modorra en la causa Área Paraná II: el defensor oficial pidió el sobreseimiento del médico Jorge Horacio Capellino, procesado y detenido por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.

Capellino está imputado en una causa que tramita como un desprendimiento del expediente principal que se encuentra en etapa de plenario y tramita por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal.

Entre 1976 y 1977, Capellino se desempeñaba como jefe del Área de Clínica Médica del Hospital Militar y está acusado de “legalizar” los homicidios de Juan Alberto Beto Osuna, Carlos José María Fernández –en la denominada Masacre de La Tapera– y Pedro Sobko; y por el secuestro y torturas que sufrió un detenido político en el nosocomio castrense. En ese expediente, el defensor oficial José Boxler presentó hace diez días un escrito solicitando el sobreseimiento del médico por considerar que “no existen indicios para determinar que fue partícipe de los delitos imputados”.

Capellino fue adherente de la Delegación Paraná de la Policía Federal y entre 1974 y 1978 trabajó en el Hospital Militar de Paraná, pero según su defensor “simplemente cumplía funciones médicas dentro de la estructura (militar), totalmente ajeno al plan sistemático” de represión ilegal.

Lo cierto es que ante el planteo de la defensa, el juez Leandro Ríos les corrió vista a las partes y, por estas horas, los querellantes se encuentran trabajando en una respuesta que será de rechazo a la pretensión defensista.

Yo señor, no señor

En los casos de Osuna y Fernández, el médico está acusado de haber trasladado al Hospital Militar los cuerpos de ambos militantes en horas de la madrugada del 25 de septiembre de 1976, tras el simulacro de enfrentamiento que las fuerzas represivas montaron en la vivienda de calle Rondeau 1396 de Paraná, en un hecho que se denominó como la Masacre de La Tapera.

En su indagatoria, Capellino reconoció que estuvo presente en la vivienda en la que fueron asesinados los dos militantes y el defensor oficial sostuvo que “solo cumplió la función médica de constatar las defunciones de Osuna y Fernández”, pero que no realizó “el traslado de los cuerpos”, como se le achaca, sino que esa función la tuvo un policía federal o un soldado del Ejército. De todas maneras, explicó que aun si hubiera transportado los cuerpos hasta el hospital, el médico “habría cumplido simplemente un rol banal” en ese hecho.

En el caso de Sobko, se le atribuye haber firmado el certificado de defunción mediante el cual se atribuye la muerte de un “NN masculino” por anemia aguda debido herida de bala en hipocondrio derecho, “por accidente”, ocurrido el 2 de mayo de 1977. Su nombre aparece en la partida de defunción del militante del PRT-ERP y por el homicidio está siendo juzgado el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte. Un soldado señaló que vio cuando Sobko ingresó gravemente herido al Hospital Militar y que falleció a las pocas horas. Pero su cuerpo nunca apareció.

“No existe una sola prueba de cargo que permita ni siquiera con el grado de probabilidad sostener la participación del doctor Capellino en la confesión (sic) del certificado de defunción de Sobko”, aseguró Boxler, tras señalar que “los análisis forenses y las testimoniales desde 1984 son coincidentes respecto de que el NN del certificado de defunción del 3 de mayo de 1977 corresponden a una persona de raza negra de unos 60 años de edad. En conclusión, no se puede presumir que el doctor Capellino certificó la defunción del señor Sobko” sino de otra persona.

El otro hecho que se le imputa es la privación ilegítima de libertad y torturas de un militante paranaense que recibió cuatro disparos en la calle, luego fue secuestrado por militares e internado en el Hospital Militar a partir del 27 de febrero de 1977.

En este caso, el defensor cuestiona que “se pretende sostener como plenamente probados los hechos que se investigan por el testimonio de la persona aquí denunciante o querellante, a pesar de que no hay ningún otro indicio que los corrobore”. Pero señala que la descripción que el militante da no coincide con el imputado y agrega que “Capellino no se encontraba a cargo de terapia intensiva” ni tenía las facultades para realizar las prácticas médicas que el militante describe. De allí que “solo resta concluir que no fue Capellino quien lo atendió”, expuso Boxler.

Capellino nació en Pergamino hace 69 años. Llegó a Paraná como teniente primero médico, se desempeñó como adherente de la delegación local de la Policía Federal y entre 1974 y 1978 cumplió funciones en el Hospital Militar; para luego continuar su carrera en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Tras pasar dos años detenido en la cárcel de Paraná, en septiembre del año pasado el juez le concedió el arresto domiciliario en un departamento de Capital Federal por problemas de salud: la hipertensión y afección cardíaca que ya padecía se vieron agravadas por un cuadro de stress por “la angustia por desarraigo” que le provocaba el contexto de encierro, dictaminaron los médicos que lo revisaron en ese momento.

Fuente: El Diario.