Cayó otra denuncia de represores contra jueces federales de Paraná

26/05/2015

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

Esta vez fue algo más que un revés para los represores. Esta vez, el Consejo de la Magistratura no solo desestimó una denuncia presentada por un ex policía federal contra los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, sino que además puso de resalto que la presentación formaba parte de una estrategia tendiente a dilatar la causa por violaciones a los derechos humanos que lo tiene como imputado.

Se trata de una denuncia presentada en 2013 por el ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, detenido en la cárcel de Paraná, contra los camaristas Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso. El represor les imputó cinco cargos: la designación de jueces subrogantes y ad-hoc cuyas condiciones o garantía de parcialidad se encontraba viciada; haber desestimado su propia recusación y haberlo hecho mediante una resolución contraria a la ley; realizar interpretaciones del derecho en perjuicio de los imputados; e incurrir en arbitrariedades normativas.

El descargo de los jueces no ahorra críticas a la estrategia tendiente a entorpecer y dilatar la investigación por crímenes de lesa humanidad que tiene a Demonte como procesado por la privación ilegal de la libertad de Victorio Coco Erbetta y Pedro Sobko y por el homicidio doblemente calificado de éste último.

En ese sentido, señalaron que en un primer momento, las recusaciones fueron atendidas por tribunales conformados para ello e inclusive la Cámara Federal de Apelaciones debió dictar una resolución “debido a que la disposición que exige el apartamiento inmediato del juez recusado implicaba virtualmente la inactividad en el proceso, atento a que la frondosa actividad incidental por medio de la cual se cuestionaba a los sucesivos jueces designados, se terminó por paralizar la causa principal”.

La respuesta del Consejo de la Magistratura fue contundente: “Los hechos denunciados por el señor Demonte obedecen a una estrategia procesal reñida con la buena fe procesal, resuelta con solvencia por la Cámara Federal de Paraná, por lo que no ha existido algún tipo de crisis que amerite la intervención del Consejo”.

“Las meras discrepancias con los criterios adoptados por los jueces no resultan suficientes para sostener o justificar un proceso sancionatorio y, en menor grado aún, el de remoción de magistrados”, dictaminó primero la Comisión de Disciplina y Acusación y replicó luego el plenario del organismo.

En la resolución, a la que accedió Página Judicial, el Consejo de la Magistratura destacó la “muy abundante documentación” aportada por los magistrados “que avalan en forma sólida y fundada el accionar de los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones”.

Por lo demás, el organismo insistió en que “los criterios de valoración de hechos, pruebas y normas adoptados por los magistrados en las causas judiciales, se encuentran fuera de la competencia del Consejo de la Magistratura” y que la potestad disciplinaria respecto de los magistrados “requiere que la imputación se funde en hechos graves e inequívocos”, algo que no aparece en la denuncia de Demonte.

Pero también le hace una severa advertencia el ex policía federal por las “sucesivas presentaciones, recusando, pidiendo inhibitorias, cuestionando las sucesivas designaciones, etcétera”, todas medidas “manifiestamente inadmisibles” que producen “un desgaste jurisdiccional y dilaciones innecesarias en detrimento del proceso, además de atentar contra la buena fe y lealtad procesal de todos los intervinientes”, tal como habían expresado los propios camaristas al justificar el por qué de la decisión de rechazar in límine las recusaciones de los represores.