La Procuración amplía su estructura, pero sin una Fiscalía Anticorrupción

05/05/2015

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial El Ministerio Público Fiscal es el área del Poder Judicial que más protagonismo cobró en los últimos años. La reformulación de su estructura, en rigor, su expansión, responde a la implementación del nuevo Código Procesal Penal que impone un sistema acusatorio. Federico Malvasio De la Redacción de

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

El Ministerio Público Fiscal es el área del Poder Judicial que más protagonismo cobró en los últimos años. La reformulación de su estructura, en rigor, su expansión, responde a la implementación del nuevo Código Procesal Penal que impone un sistema acusatorio.

El nuevo Código requirió de una importante amplitud en la creación de fiscalías. Las ya existentes pasaron a tener un fiscal “auxiliar” para otorgarles un mayor dinamismo en las pesquisas. Pero también se introdujo en la estructura de la Procuración General la figura del “fiscal coordinador”, uno por cada departamento y dos en Paraná, y que estarán por debajo de otra nueva figura como es la del “procurador adjunto”. Al frente del organismo está el procurador general, Jorge Amílcar Luciano García.

Los cargos para estos lugares están casi definidos en la parte técnica del proceso de designación. Esto es que los pretendientes a ocupar esas áreas se sometieron al Consejo de la Magistratura. En el Concurso 139, destinado a cubrir los dos cargos de “fiscal general de coordinación”, quedaron ternados Rafael Cotorruelo, quien obtuvo 89,48 puntos sobre 100; secundado por Matilde Federik, con 76,25 puntos. Son ellos quienes –con acuerdo del Senado, tras el envío de los pliegos por parte del gobernador- titularían los lugares que concursaron. La terna se completa con María Carolina Castagno, que obtuvo 75,91 puntos.

Para el cargo de procurador adjunto, en el Concurso 153 no se llegó al mínimo de seis inscriptos que prevé el reglamento del organismo evaluador, por lo tanto por Resolución N° 663 se decidió hacer una nueva convocatoria. El cargo lo está ocupando interinamente Cecilia Goyeneche.

Olvido

La mega estructura que se ha montado en el seno de la Procuración General no contempla una deuda que, desde 2008, se convirtió en mandato constitucional. La Convención Constituyente plasmó en el nueva Carta Magna entrerriana la creación de la Fiscalía Anticorrupción. La idea, promovida por el entonces convencional por el oficialismo Julio Federik, quien escribió el Código Procesal Penal vigente, pretendía que sea el Poder Judicial quien investigue la corrupción en el Estado a través de un órgano especializado. Ese interés tuvo repercusión en sus pares, no sólo del oficialismo sino también de la oposición. Es así que el artículo 208 de la Constitución establece que la Procuración General designará un fiscal con competencia en toda la provincia que tendrá a su cargo la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública. Ese funcionario deberá designarse con intervención del Consejo de la Magistratura. El Ministerio Público Fiscal “asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad para el cumplimiento de su cometido”, según se lee en la letra constitucional.

Ese proyecto fue tomado por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, para desligar al organismo que preside de originar la investigación penal y sólo actuar en la cuestión civil que es, en definitiva, por la que tiene que hurgar. Es decir, por el patrimonio del Estado.

Desde 2008 hasta la fecha no hubo un solo proyecto al respecto. Tampoco una propuesta que surja del Ministerio Público Fiscal ni del Poder Judicial en general.

Quizás sea la falta de un organismo especializado lo que genere una demora en las causas que tramitan en los tribunales locales y que tienen en la mira a funcionarios públicos sospechados de desviar fondos públicos y de enriquecimiento ilícito.