El insólito dueño del terreno en Churruarín y la nota de Nación
26/03/2015
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial El caso de la familia que vive en un terreno de calle Churruarín y López Jordán, y que la Justicia pretende desalojar, llegó a Buenos Aires. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, se manifestó a favor de quienes habitan en el lugar desde
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
El caso de la familia que vive en un terreno de calle Churruarín y López Jordán, y que la Justicia pretende desalojar, llegó a Buenos Aires. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, se manifestó a favor de quienes habitan en el lugar desde hace más de 30 años y trabajan esas tierras.
El funcionario envió una nota en la que hace notar que recibió denuncias por hechos de “violencia institucional” permitidas por el Juzgado en lo Civil y Comercial a cargo de Juan Carlos Coglionesse y la Fiscalía de Cristina Giunta. En el primer intento de desalojo, el 9 de diciembre pasado, tras la orden impartida por el magistrado, actuó el Grupo de Inteligencia Armada (GIA) de la Policía. En el procedimiento se utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma.
“Es responsabilidad de esta Secretaría velar por la protección de los Derechos Humanos de las familias que habitan el predio en cuestión y prever las consecuencias negativas que podría aparejar un nuevo operativo de las fuerzas de seguridad sin la intervención de otras instituciones del Estado que resguarden la dignidad humana de los habitantes del predio”, dice el texto presentado este jueves ante el juez y al que tuvo acceso Página Judicial.
Fresneda reclamó que se tengan en cuenta “los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino, como lo son el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”. También solicitó conocer si se han arbitrado, a través de los organismos pertinentes, las medidas apropiadas para garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado para las familias y a una mejora continua de las condiciones de existencia, atendiendo esencialmente a efectivizar el derecho al desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños”.
El secretario de Derechos Humanos se mostró interesado en saber “en qué consiste el protocolo de actuación en medidas de desalojo de familias en situación de vulnerabilidad integradas por niños niñas y adolescentes para ejecutar sentencias de este tipo”.
El dueño
El Expediente Número 14.172, caratulado “Rolandelli Ernesto A.H y Otros C/Petrechelli José A. s/Desalojo”, exige la salida del predio de Griselda Chávez y su marido José Petrechelli, quienes llegaron a ese lugar de 1,7 hectáreas hace más de 30 años, cuando todo era monte. El matrimonio tenía la misión de cuidar ese predio para que no fuera intrusado. Dado que no percibían sueldo alguno, se les permitió la cría de animales. Llegaron allí a pedido de Antonio Llorens, quien era apoderado del dueño del predio.
Pasado el tiempo, el titular del inmueble falleció y luego se produjo la cesión de los derechos que quedaron a nombre de Raúl Prosdocimo. ¿Quién es este hombre? Nació en Rosario y, desde que se inició la causa, no se lo ha podido localizar en ninguno de los dos domicilios que se le conoce, en las ciudades de San Nicolás (Buenos Aires) ni Rosario (Santa Fe).
Un dato no menor y que llama la atención a Marcelo Boeykens, abogado que representa a la familia a la que se intenta desalojar, es que el hombre al que no se pudo localizar adquirió el terreno a mediados del año pasado al irrisorio precio de 10 mil pesos, según consta en el expediente judicial, al que accedió Página Judicial. Sin embargo, un terreno de esas características podría valuarse en 400 mil pesos.
Prosdocimo figura como monotributista categoría C (CUIT 20-25139313-4). Ante la visible desproporcionalidad del precio pagado con el valor real, se estudia la posibilidad de hacer una denuncia penal para que se investigue si existió un fraude al fisco.
Este miércoles por la noche, ante el inminente desalojo anunciado por la fiscal Giunta para este viernes, las partes se reunieron en Casa de Gobierno para encontrar una salida. Por el gobierno provincial estuvieron el secretario de Coordinación de Gabinete, Hugo Ballay; y el abogado de la Fiscalía de Estado Gualberto Domé. La propuesta oficial sigue siendo mudar a las familias. La contraparte, en tanto, pide la expropiación.