Dos sentencias, un juicio escrito y 23 causas por crímenes de la dictadura
24/03/2015
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Desde la restauración de la democracia, el 10 de diciembre de 1983, la promoción de los derechos humanos se incorporó a la agenda política argentina, como respuesta a una serie de reivindicaciones sociales, tras las sucesivas rupturas institucionales y luego de la más sangrienta dictadura que
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
Desde la restauración de la democracia, el 10 de diciembre de 1983, la promoción de los derechos humanos se incorporó a la agenda política argentina, como respuesta a una serie de reivindicaciones sociales, tras las sucesivas rupturas institucionales y luego de la más sangrienta dictadura que vivió el país, a partir del 24 de marzo de 1976.
Pero no fue sino a partir de 2003, tras la anulación de las leyes de punto final (1986) y obediencia debida (1987), que esas luchas por memoria, verdad y justicia tuvieron también su correlato en el contexto jurídico nacional.
Un informe de la Procuración General de la Nación, a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, muestra que “durante el proceso de justicia emprendido en la transición (1983-1987) fueron condenados 11 represores y 6 resultaron absueltos”; luego de la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida, “la persecución penal fue residual y relativa a los delitos que quedaban por fuera de los efectos de dichas leyes” (robos de bebés), y en esta etapa fueron condenadas 23 personas, sin absoluciones. Desde 2006, han sido condenadas 563 personas y 50 resultaron absueltas.
Hay, actualmente, 456 expedientes judiciales en trámite y 16 juicios en curso en todo el país; hay 970 detenidos, entre condenados (563) y procesados (955); a 98 personas se les dictó la falta de mérito y otras 37 fueron indagadas pero aún no se resolvió su situación procesal. Hay, además, un total de 45 prófugos.
Se han judicializado los casos de 11.941 víctimas en las distintas causas que se tramitan en juzgados federales de todo el país.
Sin embargo, Entre Ríos es una de las provincias más atrasadas en materia de reparación judicial por los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Se han dictado solo 2 sentencias (en 2011 y 2012) y ninguna se encuentra firme. Apenas 9 represores fueron condenados y 4 resultaron absueltos. Actualmente se encuentra en curso un plenario escrito, que tramita por el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal, en el que están siendo juzgados 7 imputados, mientras que otros 14 quedaron impunes, sea por fallecimiento o por problemas de salud.
Informes realizados por los juzgados entrerrianos, por pedido de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, a los que accedió Página Judicial, revelan que para septiembre del año pasado había en trámite otras 19 causas judiciales en trámite en Paraná y 4 en Concepción del Uruguay, en distintas instancias. En total, se investigan delitos contra 112 víctimas.
Los juicios y sus derivaciones
Cinco represores fueron condenados el 21 de octubre de 2011 por la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná. Los ex militares Pascual Oscar Guerrieri (14 años), Jorge Alberto Fariña (13 años), Juan Daniel Amelong (13 años) y Walter Pagano (11 años) y el médico Juan Antonio Zaccaría (5 años) recibieron penas de prisión. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas el 20 de noviembre de 2013, pero devolvió las actuaciones al Tribunal Oral Federal para que fije nuevas penas a los represores. El tribunal, además, ratificó la absolución de Marino Héctor González.
La causa se inició en mayo de 2005, a partir de una denuncia presentada desde el Registro Único de la Verdad, y permitió la restitución de identidad a Sabrina Gullino, en diciembre de 2008. Actualmente se encuentra en instrucción un expediente orientado a la búsqueda del mellizo varón. En esta causa fue imputada una celadora de un hogar de menores de Rosario, aunque luego se le dictó la falta de mérito. El 27 de marzo próximo está citado a prestar declaración indagatoria el médico Miguel Alberto Torrealday, director del Instituto Privado de Pediatría (IPP), por el que pasaron los mellizos.
El otro juicio celebrado en Entre Ríos fue el que sentó en el banquillo a Albano Harguindeguy por hechos ocurridos en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú. El 27 de diciembre de 2012, después de nueve meses de debate los ex militares Juan Miguel Valentino y Naldo Miguel Dasso fueron condenados a prisión perpetua, el ex policía federal Julio César Rodríguez recibió 15 años de cárcel y a su compañero de armas Francisco Crescenso se le impuso una pena de 10 años de prisión. El Tribunal Oral Federal destacó que los delitos analizados ocurrieron en el marco del “segundo genocidio nacional”. Fueron absueltos Santiago Kelly del Moral, Juan Carlos Mondragón y Marcelo Pérez. Harguindeguy murió dos meses antes del veredicto y Ramón Genaro Díaz Bessone fue apartado por incapacidad mental sobreviniente. La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal el 5 de agosto pasado.
De este juicio surgieron dos causas por falso testimonio contra efectivos de la Policía de Entre Ríos, Miguel Contard y Santos Olivera, quienes terminaron sobreseídos.
En esa causa también estaba imputado José Darío Mazzaferri, pero el ex policía federal se fugó cuando debía presentarse a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, en mayo de 2009, y recién fue capturado en diciembre de 2013. Está acusado, con procesamiento confirmado y detenido, por allanamiento ilegal de domicilio, secuestros y torturas contra ocho víctimas, y como integrante de una asociación ilícita. El expediente estaría en condiciones de ser elevado a juicio oral.
En otra causa a Mazzaferri también se le imputó el secuestro y desaparición de Julio Alberto Solaga, ocurridos en Concordia el 22 de noviembre de 1976, pero el juez rechazó citarlo a indagatoria.
Área Paraná y sus desprendimientos
La denominada megacausa Área Paraná se encuentra actualmente en etapa de plenario escrito. Es la más antigua y la que concentra la mayor cantidad de denuncias por delitos de la dictadura en Entre Ríos. Tiene 52 víctimas, se investigan 5 desapariciones forzadas de personas, hay 7 represores procesados (los ex militares José Anselmo Appelhans, Jorge Humberto Appiani, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte; la ex carcelera Rosa Susana Bidinost; y el médico civil Hugo Mario Moyano), 2 fueron separados por razones de salud (Díaz Bessone y Luis Francisco Armocida) y otros 12 fallecidos (los ex militares Leopoldo Fortuanto Galtieri, Abel Teodoro Catuzzi, Juan Carlos Trimarco, Carlos Patricio Zapata, Constantino Francisco González, Carlos María Cerrillos; los ex policías federales José Faustino Fernández y Osvaldo Luis Conde; y los policías provinciales Daniel Manuel Rodríguez, Alfredo Ismael Duré, Ramón Oscar Balcaza y Carlos Horacio Zapata).
A su vez, tras la clausura del expediente principal, surgieron otras cuatro causas.
La más voluminosa se denomina Área Paraná II, en la que se investigan secuestros, apremios ilegales y torturas contra 22 detenidos políticos cometidos en 1976 y 1977, entre ellos, el caso del soldado Jorge Emilio Papetti, que se encuentra desaparecido. Están procesados Moyano, Appelhans, Bidinost, Rivas, Dasso y los ex militares Gonzalo López Belsue y Guillermo Quintana, este último en libertad. La instrucción está a punto de ser clausurada, por lo que la causa pasaría a la etapa de plenario escrito.
Del expediente principal se desprendió una causa que tiene como procesado a Jorge Horacio Capellino. El médico se desempeñaba en el Hospital Militar de Paraná y está acusado de “legalizar” los homicidios de Juan Alberto Osuna, Carlos Fernández –en la denominada Masacre de La Tapera– y Pedro Sobko y de haber controlado el estado de salud de los presos políticos mientras eran sometidos a sesiones de tortura en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Batallón de Comunicaciones del Ejército. El profesional se encuentra bajo arresto domiciliario.
También está en trámite una causa en la que se investigan secuestros, vejaciones y apremios en la Comisaría de El Brete durante los años 1976 y 1977. Los responsables serían integrantes de la patota de la Policía de Entre Ríos, aunque el único imputado es Carlos Luis Carvallo, quien se encuentra prófugo desde noviembre del año pasado.
La otra causa que surgió del expediente principal es para la búsqueda de restos de personas desaparecidas. Unos años atrás se realizaron excavaciones en un predio ubicado en Selva de Montiel y Pablo Crauzac, donde funcionó una casa de torturas; y también se extrajeron muestras del Panteón Militar en el cementerio. Los resultados fueron negativos y la causa se encuentra en instrucción, pero sin imputados.
Aunque no figura en el informe de la Cámara Federal de Apelaciones, del juicio escrito también surgió una causa por falso testimonio contra el policía federal Jacinto Fiad Abdo.
Simulacros de enfrentamientos
En el Juzgado Federal de Paraná se investiga el caso de cinco militantes muertos en dos falsos enfrentamientos. El 3 de agosto de 1977 fueron asesinados en la capital entrerriana Alejandro Tomás Mónaco, Felipe Guerra y Darío Miguel Valiño; y el 23 de agosto de 1977, en Diamante, murieron María Luisa Buffo y José Antonio Garza, según la versión oficial, tras tirotearse con militares en un control de ruta.
Sin embargo, no existe ningún acta que certifique los enfrentamientos, ni en la Policía ni en el Ejército, solo los comunicados oficiales que emitió el Segundo Cuerpo del Ejército. Tampoco hay constancias de que se hayan producido bajas o heridos entre los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que participaron de los supuestos enfrentamientos, y a los militantes ni siquiera les secuestraron armas.
Los cuerpos de los militantes asesinados fueron trasladados al Hospital Militar de Paraná, aunque tampoco hay registro oficial de los ingresos. El médico Juan Antonio Zaccaría firmó los certificados de defunción consignando en todos los casos que se trataba de “muerte violenta”. Tampoco hay constancia del egreso de los cuerpos del Hospital Militar, aunque sí figura el ingreso de los cadáveres como NN y provenientes del nosocomio en los libros del cementerio municipal. Desde allí fueron retirados luego por los familiares de las víctimas, provenientes de Bahía Blanca y Tres Arroyos.
En la causa no hay personas imputadas. Un militar que prestó declaración indagatoria recibió luego la falta de mérito.
Otras causas, de costa a costa
Otras cuatro causas se tramitan por secuestros y torturas en el Juzgado Federal de Paraná, tres de ellas sin imputados, por hechos denunciados en la capital provincial, Concordia y Gualeguay; y la otra tiene como procesado al ex policía provincial Ricardo Atilio Céparo, suegro de Emilio Castrillón, el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), por el secuestro y torturas de una pareja de militantes barriales. Una quinta denuncia presentada por una mujer fue archivada luego de que se agotaran las medidas probatorias. Y también fue archivada una denuncia por amenazas presentada en 2013 por José Zalasar, hijo del militante desaparecido Sixto Francisco Zalasar.
Además, se encuentran en trámite otras cinco investigaciones por sustracción de menores y sustitución de identidad: una de ellas por el caso de la descendencia de Graciela Susana Capocetti y Guillermo López Torres –se desconoce el sexo y si fue uno o dos bebés– que podría haber dado a luz en el Hospital Militar de Paraná; y otro caso respecto del paradero de dos bebés nacidos en julio de 1978 y que aparecen como ingresados al IPP, provenientes del Hospital Militar, del mismo modo que los hijos de Raquel Negro.
En el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, en tanto, tramitan otras dos causas: una por la privación ilegal de la libertad de 10 militantes del Partido Comunista, en la que están imputados 4 agentes de Gendarmería, 1 militar y 2 efectivos de la Policía Federal, mientras que otros 6 denunciados estarían fallecidos; y el otro expediente se inició a raíz de la presentación de un hombre que denunció haber sido secuestrado.