Insólito reclamo de represores por demoras en la causa Área Paraná
19/03/2015
Juan Cruz Varela La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó un recurso de queja por denegación de justicia presentado por dos represores de la última dictadura cívico-militar, a raíz de una denuncia promovida contra el juez federal y los integrantes del tribunal superior por la extensión de la prisión preventiva en la denominada megacausa
Juan Cruz Varela
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó un recurso de queja por denegación de justicia presentado por dos represores de la última dictadura cívico-militar, a raíz de una denuncia promovida contra el juez federal y los integrantes del tribunal superior por la extensión de la prisión preventiva en la denominada megacausa Área Paraná, que se encuentra en etapa de plenario.
Lo insólito del planteo es que proviene de los dos represores que más han contribuido a demorar la causa judicial por crímenes de la dictadura: el ex militar y abogado Jorge Humberto Appiani y el ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, los únicos que se encuentran detenidos en la cárcel de Paraná.
En rigor, los represores denunciaron penalmente al juez federal Leandro Ríos por los delitos de retención indebida en prisión, abuso de autoridad y prevaricato. Le cuestionaban la extensión de la prisión preventiva dispuesta por el magistrado el 20 de noviembre de 2013 –luego prorrogada nuevamente en 2014–. Según dijeron, “se trata de una prórroga no prevista expresamente en la normativa aplicable y carente de motivos reales, pertinentes y efectivos que la justifiquen”. Los argumentos son los mismos que luego repitieron en una denuncia contra el juez ante el Consejo de la Magistratura de la Nación y que fue rechazada in límine por el organismo.
En el caso de Appiani, se encuentra detenido desde el 4 de junio de 2009, acusado por secuestros y torturas contra 35 víctimas, entre ellas, los desaparecidos Victorio Coco Erbetta y Claudio Fink; mientras que Demonte fue detenido 19 de abril de 2010 y está acusado por el secuestro de los desaparecidos Erbetta y Pedro Miguel Sobko, y por el homicidio de este último. El juez Ríos se ha negado a excarcelarlos ante el temor de que se fuguen o que puedan amedrentar a las víctimas y testigos de la causa.
La denuncia penal que ambos presentaron el 27 de noviembre de 2013 tuvo el mismo curso engorroso de la causa principal: en principio fue designado Leandro Dato como juez ad-hoc; luego los represores recusaron a los fiscales y a los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones; después, ante el apartamiento de Dato, se designó a Pablo Trevisan como conjuez, pero nunca fue localizado y entonces la denuncia recayó en manos de Carlos Saboldelli.
Saboldelli asumió el 13 de febrero pasado, y así se notificó a los represores. De ahí que la denuncia por retardo de justicia fuera rechazada. “Como puede advertirse, en este caso no ha habido por parte del magistrado un retraso en dictar resolución”, reza la resolución firmada por Cintia Gómez, Daniel Alonso y Mateo Busaniche.
Chicanas y maniobras dilatorias
La denominada megacausa Área Paraná concentra la mayoría de las denuncias por crímenes de la dictadura en la provincia y sufrió los avatares de todas las investigaciones por este tipo de delitos, primero con la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final y luego por la estrategia dilatoria desplegada por los represores.
Tras el desarchivo, en 2003, hubo una larga discusión jurídica que la Corte Suprema zanjó a favor de los represores al disponer que el proceso se tramite por el antiguo Código de Procedimientos en Material Penal de 1888 –vigente al momento en que se cometieron los hechos– que prevé que actuaciones escritas. Saldada esa discusión, entre 2009 y 2011, fueron detenidos, indagados y procesados diez ex militares, policías, agentes penitenciarios y civiles. En abril de 2011 se clausuró la instrucción y los fiscales y querellantes formularon sus acusaciones. Pero después de eso la causa volvió a empantanarse, esta vez por una sucesión de chicanas que impusieron las defensas, y recién se destrabó en octubre del año pasado, cuando las víctimas tuvieron la posibilidad de declarar en audiencias públicas.
Lo cierto es que Appiani y Demonte, que ahora se quejan por las demoras de la investigación, han sido los principales responsables del entorpecimiento de la causa, ya que han impulsado un sinfín de maniobras dilatorias, como la recusación de jueces y conjueces, denuncias penales contra funcionarios judiciales y los planteos de nulidad de casi todos los actos procesales, incluso a veces repitiendo presentaciones sobre cuestiones ya resueltas con anterioridad.
La absurdidad de los planteos ha sido tal que, por ejemplo, pidieron apartar a Leandro Ríos por ser hijo de Aníbal, que había intervenido antes en el expediente.
Los fiscales Ricardo Alvarez y José Ignacio Candioti han respondido a este tipo de chicanas con escritos cada vez más duros hacia los represores, calificando su accionar como una “fiesta de recusaciones” y cuestionando el “crónico entorpecimiento del curso procedimental” de la investigación. De hecho, Appiani ya recibió dos advertencias para que cese en su conducta procesal. Pero aquí estamos.
Fuente: El Diario.