El STJ puso un freno, pero habrá despidos graduales durante 2015

19/01/2015

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Alrededor de 400 empleados judiciales –el número no está claro, podrían ser más o algunos menos– serán cesanteados en los próximos seis meses. Son aquellos trabajadores temporarios que al 31 de diciembre tengan cinco años de antigüedad o menos. Juan Cruz Varela De la Redacción de


Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial


Alrededor de 400 empleados judiciales –el número no está claro, podrían ser más o algunos menos– serán cesanteados en los próximos seis meses. Son aquellos trabajadores temporarios que al 31 de diciembre tengan cinco años de antigüedad o menos.

La medida se presentó en el marco de un plan de regularización de la planta de personal del Poder Judicial, que se había analizado previamente en una comisión conformada por magistrados, funcionarios judiciales y representantes de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER). El filtro impuesto por la comisión eran los concursos, se dijo, es decir, nadie ingresaría a trabajar en tribunales sin atravesar un concurso.

La idea comenzó a pergeñarse en abril del año pasado a raíz de la “compleja situación que presenta la conformación actual de la planta de empleados del Poder Judicial” y los requerimientos de personal que implicaría la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en Paraná, según se planteó en la Comisión de Personal.

Los argumentos esgrimidos en aquel entonces lucen contradictorios: por un lado, se esgrimía la necesidad de fortalecer el sistema de ingreso por concurso y “adaptar la planta (de personal) a las necesidades que supone un servicio de justicia más especializado”; pero, por otro lado, se planteaba “que la cantidad de cargos de la planta del Poder Judicial no ha crecido en la medida en que se han incrementado la cantidad de organismos y causas”.

“Es necesario comenzar a tomar medidas”, fue la conclusión.

Y la medida final terminó siendo el despido de todo el personal temporario que al 31 de diciembre pasado no cumpliera con una antigüedad de cinco años en el Poder Judicial, según se dispuso por Acuerdo General del STJ, el 23 de septiembre. Aunque la medida fue postergada, los despidos serán progresivos en los primeros seis meses de 2015.

El filtro de los concursos

“El corte supone un parámetro de justicia, dado que los que tienen menos de esa antigüedad (cinco años), han podido en Paraná, y en la mayoría de las jurisdicciones, rendir concursos abiertos de ingreso al Poder Judicial dos veces, y en el resto de las jurisdicciones por los menos una vez”, fundamentó la Comisión de Personal del STJ, que integran Emilio Castrillón y Juan Ramón Smaldone; ampliada con la participaron de la presidenta del alto cuerpo, Claudia Mizawak; los titulares de los ministerios públicos, Maximiliano Benítez (defensa) y Jorge García (fiscalía); Rubén Chaia y Federico Planas, por la Asociación de Magistrados; y Florentino Agostini, por AJER.

La medida implica que alrededor de 400 trabajadores recibirán la notificación de su despido en los próximos meses.

En tanto, aquellos temporarios que tengan una antigüedad mayor pasarán a integrar “una estructura de personal con derecho a permanencia, pero sin estabilidad, que será destinada a la atención de distintas necesidades que se susciten en cualquier fuero, instancia u organismo administrativo o de los ministerios públicos”. En esta situación quedan otros 200 empleados judiciales.

A la vez, hay un tercer grupo, que son aquellos que desempeñan funciones técnicas, y que fueron exceptuados de la medida y conservarán sus puestos aunque no cumplan con los cinco años de antigüedad que establece el acuerdo del STJ.

Hasta ahí la comunicación oficial.

Despidos en marcha

Un grupo de trabajadores –cuyos nombres se mantendrán en reserva– dialogó con Página Judicial sobre la precaria situación en que se encuentra, con la certeza de saberse con un destino escrito, con la incertidumbre de no tener una fecha cierta y bajo un absoluto desamparo sindical. Los comentarios que se escuchan en el latoso edificio de calle Laprida indican que los telegramas comenzarían a llegar en enero, pero hasta el momento no hubo novedades y los propios trabajadores admiten que no saben cuándo comenzará el cese. “Puede ser cualquier día de los próximos seis meses”, dijeron.

“En octubre tuvimos una charla con la presidenta (del STJ). Recibió a cuatro de nosotros y nos planteó que el cese de las personas que tienen trabajos temporarios es una decisión que no tiene retorno: aquellos que no cumplían cinco años cobrando como empleados judiciales quedaban en la calle al 31 de diciembre”, sostuvo una empleada de mesa de entradas de un Juzgado de Transición de Paraná.

El detalle de que no cumplieran cinco años “cobrando” no es menor. Es que la acordada del STJ no contempla a quienes cumplieron tareas como “meritorios”, es decir, en negro, sin cobrar sueldo ni obra social, que no hacen aportes jubilatorios ni están asegurados contra accidentes. Es como si no hubiera ninguna constancia de su trabajo. Entre los cesanteados hay empleados que superarían los cinco años en funciones si se contabilizara el tiempo como “meritorios”, pero no cumplen cinco años “cobrando”.

“A su vez, quienes tienen más de cinco años tampoco quedan con estabilidad plena, es decir, ahora vienen por nosotros y después irán por ellos”, acotó la trabajadora.

Otra empleada admitió que el ingreso de este grupo, los temporarios, “no fue de la manera que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el concurso, pero esas eran las condiciones que planteaba el STJ en ese momento, y no había concursos todavía”. Sin embargo, otra trabajadora de tribunales consideró que “ese tampoco debería ser un argumento válido, porque quienes tienen más de cinco años como temporarios también pudieron rendir concursos, y lo mismo la gente del interior, pero a ellos no los tocan”.

De hecho, “la misma orgánica dice que los concursos tienen que ser anuales, y eso nunca sucedió”, remarcó una de ellas. “Hoy somos empleados judiciales, como cualquiera, y lo que deberían hacer no es echar a 400 personas sino establecer que, en adelante, nadie ingrese si no es por concurso”, acotó.

Ese fue el criterio que desde 2010 viene adoptando la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su informe anual, presentado a fines de diciembre, se menciona “la efectivización del personal que revestía como contratado en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, y que cumpliera con el requisito de presentar cinco años o más en tal condición en su cargo”, algo que está “motivado en la política de mejoramiento de las condiciones objetivas de trabajo del personal judicial”.

El STJ, en cambio, decidió cesantear a quienes cumplían menos de cinco años, y ni siquiera está claro cómo se estableció el tiempo para el corte. En un momento se planteó que fueran tres años, después de dijo cuatro y finalmente se dispuso que fueran cinco.

Desamparo gremial

Un relevamiento de la planta de organismos jurisdiccionales y administrativos, expuesto por la presidenta del STJ ante la Comisión de Personal, “habla de un Poder Judicial que en los últimos años ha crecido considerablemente, sin que la planta de personal y el crédito correspondiente a temporarios haya acompañado ese proceso de manera concomitante”.

Entonces, si se admite una faltante de personal, cómo se entiende el despido de unos 400 trabajadores, que representan casi el 20% del total de empleados que tiene el Poder Judicial, pero apenas el 12% del total de trabajadores temporarios que contempla el Presupuesto 2015 para toda la administración pública provincial.

En aquella reunión de la Comisión de Personal celebrada en septiembre del año pasado se plantearon estos problemas de los que hablan los empleados: “Desde el 2009 a esta parte, se dictaron solo dos leyes de cargos que, en conjunto, no superaban los 200 cargos. Los requerimientos de recursos humanos, más la falta de celebración de concursos cerrados y abiertos, generó un aumento considerable de personal temporario, encontrándonos a inicio de la gestión con un número cercano a los 600”, consta en el acta.

Ante ese escenario, el vocal Castrillón consultó la opinión del secretario general de AJER, presente en la reunión, para buscar una solución “entre los dos extremos que supone aplicar rigurosamente el ingreso por concurso, o disponer un pase a planta de naturaleza colectiva”. Y entonces, Florentino Agostini allanó el camino del STJ: sugirió que “debiera realizarse un corte”, reivindicó que el ingreso por concurso y sugirió el período de cinco años. Lisa y llanamente, abogó por el despido de los trabajadores temporarios.

La comisión acordó, entonces, “que la medida alcanzará a todos los que con una antigüedad establecida oportunamente (cinco años) no registren ningún cargo en planta, se trate de temporarios en sentido estricto (refuerzo), interinos o suplentes”.

Ya públicamente, en una entrevista con el programa En el dos mil también (FM Litoral), el representante de los trabajadores judiciales replicó a pie juntillas los argumentos de la comisión, justificó el despido de los trabajadores porque se encuadra en “la necesidad de cumplir con el reglamento”, detalló que “el temporario es una figura irregular” y adelantó la determinación de que no exista más la figura del temporario.

Esto último, sin embargo, parece alejado de las intenciones del STJ, si se tiene en cuenta que la Comisión de Personal, en aquella reunión de la que participó Agostini, consideró necesario “llevar adelante gestiones en orden a concretar la asignación de una partida presupuestaria para el personal temporario, que resulte suficiente tanto para los que actualmente se desempeñan y se mantendrán eventualmente dentro de la estructura –con derecho a permanencia– como a los nuevos requerimientos del Poder Judicial”.

Ante ese panorama, sin amparo del gremio y con su suerte echada, los trabajadores se cobijaron en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y desde allí analizan las estrategias para resistir. “Ellos nos abrieron la puerta”, dijo una trabajadora. “Nuestro gremio, el que tenía que habernos defendido, nos vendió; prefirió cuidarle el bolsillo a la patronal”, sentenció sin ambages.