Mizawak y García eran detractores de la ley de narcomenudeo
05/12/2014
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Claudia Mizawak y Jorge Amílcar Luciano García son, hoy en día, los principales defensores de la estropeada ley de narcomenudeo que impulsó el gobierno provincial y que, a poco de andar, varios de sus artículos fueron declarados inconstitucionales. El procurador general y la presidenta del Superior Tribunal
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
Claudia Mizawak y Jorge Amílcar Luciano García son, hoy en día, los principales defensores de la estropeada ley de narcomenudeo que impulsó el gobierno provincial y que, a poco de andar, varios de sus artículos fueron declarados inconstitucionales.
El procurador general y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), sin embargo, supieron ser detractores de la norma en cualquier circunstancia.
La adhesión a la ley nacional que desfederaliza la persecución de los delitos por tenencia y comercialización de estupefacientes no es algo nuevo, sino que se retrotrae a 2007. En aquella oportunidad, Jorge Busti bloqueó la aplicación de la norma hasta tanto la Nación enviara los fondos para garantizar la puesta en marcha de la estructura y logística correspondientes para emprender tamaño proceso de articulación entre lo que indica la ley y la práctica concreta. En resumen: hasta tanto el Poder Judicial de la Nación no girara los fondos que serían incorporados al presupuesto general de la provincia, no habría normativa que se pueda aplicar.
El 10 de diciembre de 2007, García envió una nota al entonces presidente del STJ, Daniel Carubia, haciéndole saber que, como el entonces gobernador lo indica en el Decreto Número 4.387/07, la Ley Número 26.052 “carece de operatividad en el territorio provincial, hasta tanto no sean remitidos los fondos nacionales, conforme lo determina nuestra Constitución provincial”. El alto cuerpo se había expedido en el mismo sentido ante Busti.
Según se desprende del Expediente Número16.976 del área de Asuntos Administrativos del alto cuerpo, fechado el 7 de agosto de ese año y al que Página Judicial tuvo acceso , para la adhesión a la ley nacional se requería de la creación de nuevos organismos judiciales con “un cuerpo especializado de investigación” y gabinetes técnicos con “toxicólogos y bioquímicos” también especializados, espacios físicos, vehículos y hasta un helicóptero, por citar algunos ejemplos. Incluso, se había solicitado, para la ocasión, un informe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Cortes
El 15 de abril pasado, es decir, siete años después de aquella opinión, el STJ adhirió a la declaración contra el narcotráfico que suscribió la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus). En el texto que recibió Mizawak en su correo electrónico se aborda la aplicabilidad de la norma nacional. Allí se subraya lo que indica el artículo 75 inciso 1º de la Constitución Nacional en cuanto dispone que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso”. Allí radica otro argumento que podría rozar la inconstitucionalidad y en el que no han reparado los jueces federales Leandro Ríos y Pablo Seró. La Provincia no reclamó en todo este tiempo esos fondos.
En el documento de Jufejus –al que adhirió el STJ y tuvo acceso Página Judicial– se sostiene que “la competencia que asumen las provincias que así lo desean sigue siendo federal, razón por la cual los costos deben ser absorbidos por la Nación” y agrega: “Debe tenerse presente que harán falta más servicios, muchos de ellos considerablemente especializados”. Refiere además a la creación de dependencias para el alojamiento de las personas que estén privadas de libertad. Nada de esto ocurrió.
Mizawak y García coincidieron en su momento con el entonces gobernador Busti y ahora lo hacen con Sergio Urribarri. Pasaron siete años y el contexto sólo se modificó en un aspecto: el avance de kioscos en los barrios y en el narcotráfico a gran escala.