Declararon inconstitucional la efímera ley de narcomenudeo

30/11/2014

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Fue aprobada sin contratiempos. Y su promulgación salió como por un tubo. La ley de narcomenudeo en Entre Ríos tuvo el visto bueno de los tres poderes del Estado. La puesta en vigencia de la norma estuvo a cargo

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

Fue aprobada sin contratiempos. Y su promulgación salió como por un tubo. La ley de narcomenudeo en Entre Ríos tuvo el visto bueno de los tres poderes del Estado. La puesta en vigencia de la norma estuvo a cargo del gobernador Sergio Urribarri; el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García; y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak. Además de funcionarios y legisladores. Esto ocurrió el martes 18 de noviembre. A dos semanas de esa presentación, la ley recibió una impugnación que la declaró inconstitucional por producirse una intromisión de jurisdicciones.

Fue en un fallo firmado este sábado por el juez federal Leandro Ríos y que refiere al caso que se registró el viernes (24 horas antes) como el primer procedimiento bajo los parámetros de la flamante ley y en el que la Policía incautó en un kiosco de drogas de calle 3 de Febrero y Mantegazza, de la ciudad de Paraná, 40 bochas de cocaína, marihuana fraccionada, dinero y una motocicleta. Allí se detuvieron a tres personas.

“La nueva legislación provincial de manera general y abstracta se arroga exclusivamente sólo un aspecto de la potestad jurisdiccional (facultades de investigación y de imposición de medidas cautelares y coercitivas urgentes), desembarazándose de las responsabilidades de juzgamiento y la eventual sanción, al establecerse la remisión del legajo al fuero federal a fin de la continuidad del trámite”, dice el fallo de Ríos, al que tuvo acceso Página Judicial. Y resume: “La ley local inferior efectúa una distinción allí donde la ley federal superior no distingue. En otras palabras: la adhesión parcial quiebra la noción misma de potestad jurisdiccional, desarticulando la síntesis de facultades”.

Cuando el proyecto de ley ingresó a la Legislatura una voz de la Justicia Federal advirtió sobre una posible incompetencia para que sea el ámbito de la provincia quien resuelva acerca de un delito federal. Fue Ricardo Álvarez, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, quien dijo en diálogo con Página Judicial no haber conocido “una experiencia semejante donde respecto de un mismo acontecimiento se bifurque la etapa preparatoria, confiada al tratamiento legal de un determinado ordenamiento, como sería la jurisdicción provincial; y una segunda instancia de juzgamiento depositada en manos de una ordenanza procesal distinta, como sería la federal. Esa suerte de mixtura constituye una novedad, cuando no una extravagancia, y no aguardo sino una eficacia dudosa, en el mejor de los casos”. En este mismo medio, quien le contestó, fue el vocal del STJ, Carlos Chiara Díaz. Sostuvo que las declaraciones del fiscal “estarían desajustadas en relación a la actualidad”, ya que “a diferencia de años o contextos anteriores, la droga está en las provincias y Entre Ríos no es la excepción, por lo tanto se requiere avanzar con una solución”. No dio explicaciones sobre cuestiones de constitucionalidad. “Puede haber alguna cuestión de competencia, se tendrá que ver”, reconoció. Eso no sucedió.

Ríos, en su fallo, sostiene que “la articulación de las jurisdicciones y competencias federal y provincial permite aseverar que no estamos en presencia de una genuina ‘adhesión’, toda vez que si así fuera se debería asumir la competencia en los términos taxativamente fijados en el artículo número 2 de la Ley 26.052 para perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos tipificados en la ley de estupefacientes”. En definitiva, lo que dice el magistrado es que “la norma provincial bajo examen, al reservarse solo la potestad de investigación y de cohesión cautelar, consuma una intromisión en el ámbito exclusivo y propio de la jurisdicción federal y, de este modo, alterna la distribución de competencia”.

La ley y cambios de pareceres

La ley aprobada por la Legislatura entrerriana establece que el Ministerio Público Fiscal podrá requerir al Juez de Garantías todas aquellas medidas de pruebas tendientes a la detección y desarticulación de la trama de comercialización de pequeña y mediana escala, con la finalidad de acumular evidencias que nutran una futura acusación y juzgamiento. Luego, “la causa será remitida al fuero federal de la jurisdicción que corresponda a los fines de la continuidad del trámite”.

Sin embargo, esta especie de competencia mixta que propone la ley de desfederalización ha generado algunas dudas respecto de la eficiencia y hasta sobre la constitucionalidad de la norma. Raúl Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema, por ejemplo, advirtió en una entrevista: “Creo que hay delitos federales y delitos ordinarios. Nunca he visto un delito que se convierta en ordinario según la provincia quiera o no”.

En 2005 se puso en marcha la desfederalización de la ley de drogas para los delitos de menor cuantía, es decir, se faculta a las provincias para perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Esto es que las fiscalías provinciales asumirían las investigaciones cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor;

En Entre Ríos –dos años después – se adhirió a la norma nacional (9.783), pero al momento de su promulgación, el entonces gobernador Jorge Busti dejó suspendida su aplicación “hasta que se obtengan los créditos” que debían remitir el gobierno nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial de la Nación “a fin de implementar la infraestructura edilicia, disponibilidad económica, movilidades y equipamiento tecnológico (…) más todos los recursos humanos necesarios y altamente capacitados”.

El STJ, sin embargo, elevó la voz a través de una acordada en la que manifestó su rechazo a la adhesión a la ley nacional y avisó al gobierno que pondría en marcha “los mecanismos constitucionales a su alcance para evitar la entrada en vigencia de la norma”. Es lo que acaba de hacer Leandro Ríos.

El Ministerio Público Fiscal, a cargo ya en ese entonces de García, también se había manifestado en contra de adherir a la norma. Hace dos semanas, junto a Urribarri, saludó la promulgación de la ahora inconstitucional ley.