Un ex policía admitió que trasladó presos políticos a los cuarteles

29/11/2014

Juan Cruz Varela Un ex policía federal reconoció haber trasladado presos políticos hacia el Escuadrón de Comunicaciones del Ejército. Lo hizo ante el juez federal Leandro Ríos, en el juicio escrito por crímenes de lesa humanidad por la megacausa Área Paraná. Carlos Hugo Sánchez, cabo de la Delegación Paraná, vino a corroborar el testimonio de

Juan Cruz Varela

Un ex policía federal reconoció haber trasladado presos políticos hacia el Escuadrón de Comunicaciones del Ejército. Lo hizo ante el juez federal Leandro Ríos, en el juicio escrito por crímenes de lesa humanidad por la megacausa Área Paraná.

Carlos Hugo Sánchez, cabo de la Delegación Paraná, vino a corroborar el testimonio de al menos quince sobrevivientes de la dictadura que han dicho que fueron detenidos ilegalmente por personal de la Policía Federal, y ratificó ayer lo que había declarado en de 1986 en una instrucción militar.

–¿Se desempeñó en alguna oportunidad integrando operativos de traslado de prisioneros? –le preguntaron en aquella oportunidad.
–Sí, tuve a cargo el traslado de detenidos por diversas causas, trasladándolos a la Cámara Federal, hacia y desde los cuarteles, hacia y desde la cárcel y recuerdo un caso particular de un detenido al que trasladé a Buenos Aires, a la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal.

Pero aquel interrogatorio fue más allá:

–¿Puede recordar los nombres de algún otro personal que haya integrado las comisiones de traslado de detenidos por delitos de índole subversivo?
–No recuerdo los nombres de quienes integraban las comisiones, ya que el personal era tomado de los que se encontraban disponibles en la guardia. Con respecto al personal superior, no tenía conocimiento de las misiones que en cada caso cumplían las comisiones.

Sánchez, efectivamente, no dio nombres, pero en su respuesta dio por sentado “el traslado de detenidos por delitos de índole subversivo” desde y hacia los cuarteles.

Y ayer, en la declaración que prestó en el despacho del juez Ríos, agregó que “una vez” le tocó llevar a una persona detenida al Escuadrón de Comunicaciones del Ejército. No dio precisiones (“no recuerdo ni la cara ni el cuerpo del detenido”), pero aseguró que se trataba de un hombre, “de entre 20 y 25 años”, que iba sin capucha, “seguramente esposado” con las manos adelante, y que el hecho ocurrió “un día de verano, a las 10 u 11 de la mañana”. Tampoco puntualizó quiénes lo acompañaban en el Ford Falcon, aunque pudo haber sido “un oficial de la oficina técnica” y un chofer de la delegación, ni quién dio la orden para el traslado ni quién los recibió en la unidad militar. Dijo no recordar si luego volvieron a trasladar a esa persona o si quedó alojada en los cuarteles, donde funcionaba un centro clandestino de detención.

Auxiliares de la represión

Es sabido, a esta altura, que la Policía Federal tuvo un rol preponderante en la represión ilegal, no sólo por llevar a cabo allanamientos, detenciones ilegales, interrogatorios y traslados de detenidos políticos, sino por las tareas de inteligencia que desarrollaba el personal de la Delegación Paraná.

Las directivas legales establecían, ya a partir de 1975, que la Policía Federal y el resto de las fuerzas de seguridad estaban bajo control operacional del Ejército y, en ese marco, se abocaron al plan sistemático de represión clandestina e ilegal, bajo las órdenes de sus autoridades y personal subalterno.

Sánchez vino a corroborar esto. Dijo que en forma periódica se realizaban reuniones en la delegación, de las que participaban miembros de otras fuerzas, “militares y policías de Entre Ríos, uniformados”, según sus palabras.

A lo largo de los años se ha logrado probar la participación de personal de la Delegación Paraná en la ejecución de las actividades ilegales. Y esto también corroboró Sánchez al admitir los traslados de detenidos a los cuarteles, donde “seguramente les tomarían declaración por delitos de índole subversivo”.

Organigrama

En ese tiempo el jefe de la Delegación Paraná era el comisario José Faustino Fernández (fallecido). Pero las tareas de inteligencia estaban a cargo de una denominada “oficina técnica” o “servicio de informaciones”. Esa estructura funcionaba en una habitación del primer piso de la delegación y el acceso era restringido para la mayoría del personal. Desde allí se planificaban y ejecutaban los operativos, siempre en forma coordinada con las fuerzas armadas.

Sánchez definió a la “oficina técnica” como “la brigada” y luego señaló que los integrantes de ese grupo “eran los que salían a trabajar de civil a la calle”. Mencionó entre sus integrantes a “(Osvaldo Luis) Conde, (Daniel Antonio) Motta, (Artemio) Schumacher, (Oscar Hugo) Rivarola y muchos más”. Todos fallecidos. “No sé qué clase de trabajo hacían, seguramente sobre cuestiones políticas”, arriesgó luego.

Llamó la atención que omitiera el nombre de Cosme Ignacio Marino Demonte, el único policía federal imputado en la causa. “Era oficial de guardia, a veces hacía guardia en la puerta de la delegación. Y cuando no hacía de guardia estaba bajo las órdenes del comisario (Fernández)”, dijo en un gesto que pareció dirigido a quitarle responsabilidades, ante una pregunta del juez Ríos. Inclusive, aseguró que vestía de uniforme, algo que contradice a los otros siete ex policías federales que declararon en el juicio.

Sin embargo, con el correr del interrogatorio, terminó por admitir que “Demonte tenía relación con Conde” y “no tenía restricciones para ingresar a la oficina técnica”.

El último testigo

El último testigo en prestar declaración en el juicio escrito fue Hugo Nicanor Barrios, un ex policía provincial a quien el juez visitó en su casa porque padece una enfermedad que le impide trasladarse y llegar hasta la sede del Juzgado Federal.

Barrios ocupó cargos clave en la estructura policial durante la dictadura. El 2 de abril de 1976 el entonces interventor en la provincia, Juan Carlos Trimarco, designó al mayor del Ejército Luis Pedro Killane como jefe de la Policía de Entre Ríos. Con su nombramiento, otros militares ocuparon la primera línea de conducción policial, mientras que los policías fueron relegados.

No fue ese el caso de Barrios. A través de la Resolución Número 207 se designó al entonces comisario principal Barrios como subdirector de la Policía Caminera, que dependía de la Dirección de Investigaciones, un área considerada fundamental en el esquema represivo. Unas semanas después el jefe policial dictó la Resolución Número 339 donde también lo invistió como integrante del Consejo de Disciplina del personal de suboficiales y agentes, es decir, el comité encargado del juzgamiento del personal policial.

Casi cuarenta años después, ante un juez de la democracia, poco y nada fue lo que aportó Barrios sobre su actuación en los años de la represión ilegal.

Fuente: El Diario.