Rechazaron dos recusaciones contra el juez de la megacausa Área Paraná
18/11/2014
Juan Cruz Varela La Cámara Federal de Apelaciones les dio un nuevo cachetazo a las pretensiones de los represores de apartar al juez Leandro Ríos del juicio escrito por violaciones a los derechos humanos en la denominada megacausa Área Paraná. Juan Cruz Varela La Cámara Federal de Apelaciones les dio un nuevo cachetazo a las
Juan Cruz Varela
La Cámara Federal de Apelaciones les dio un nuevo cachetazo a las pretensiones de los represores de apartar al juez Leandro Ríos del juicio escrito por violaciones a los derechos humanos en la denominada megacausa Área Paraná.
El tribunal rechazó las recusaciones interpuestas por Cosme Ignacio Marino Demonte y Jorge Humberto Appiani, por lo que allanó el camino hacia la sentencia en el juicio por crímenes de la dictadura. En concreto, ambos pusieron en duda la imparcialidad del magistrado y pretendían que sea apartado y reemplazado por un conjuez, en una estrategia que ya han ensayado en infinidad de ocasiones durante los últimos años.
Los camaristas Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Daniel Alonso rechazaron las recusaciones y ordenaron que continuara el desarrollo del juicio escrito.
Además, les advirtieron “una vez más (a los imputados) que la utilización del instituto de la recusación alegando una causal que en modo alguno se verifica, desnaturaliza los propósitos y fines para los que fue concebido” e insistieron en que esa estrategia “configura un abuso del proceso que los jueces no deben tolerar” (ver adjuntos).
De todas maneras, el tribunal tiene todavía para resolver algunas cuestiones observadas por las partes y que, hasta el momento, impedirían pasar a la etapa de alegatos.
Mi enemigo el juez
El mismo día en que comenzaron las declaraciones de sobrevivientes de la dictadura para dar testimonio en el juicio escrito, el 6 de octubre, el represor Appiani se llevó a su celda un planteo de recusación que formalizó cuatro días después contra el juez Leandro Ríos.
Appiani acusó al magistrado por “enemistad manifiesta” e invocó una serie de situaciones que habrían ocurrido en la audiencia.
El represor, que ejerce su autodefensa, se quejó de que Ríos no interrogara a los testigos sobre si tenían alguna relación con los imputados o interés particular en el resultado de la causa, a pesar de que no era necesario en virtud de que las víctimas ya habían declarado en la causa y había respondido sobre lo que se denominan “las generales de la ley”.
También le cuestionó al juez que en esa primera audiencia dispusiera de un cuarto intermedio que habría permitido a un testigo, Eduardo Ayala, conocer el pliego presentado previamente para la instancia de “absolución de posiciones”, a lo que el tribunal le respondió que “la apertura del pliego de posiciones se produjo una vez iniciada la audiencia, contrariamente a cuanto sostiene el recusante”, según hizo constar en la resolución dictada el 11 de noviembre pasado.
Del mismo modo, se quejó de que el juez “condicionó la prueba con manipulaciones e interferencias indebidas” al no permitirle formular “la mayoría de sus preguntas” y que se habría excedido en sus funciones en el interrogatorio a los testigos, a lo que el tribunal replicó con los fundamentos del fiscal Ricardo Álvarez, en cuanto a que “no existe obstáculo alguno para que el magistrado realice las preguntas que luzcan adecuadas” y que es el propio juez “quien debe resolver en la audiencia sobre la pertinencia de las preguntas que formularen (las partes) por su intermedio”.
Condena anticipada
Demonte, por su parte, había recusado al juez el 12 de agosto, antes del inicio de las audiencias públicas del juicio escrito.
El texto de Guillermo Retamar, defensor del ex policía federal, tiene una fuerte carga ideológica al cuestionar no solo al juez Leandro Ríos, sino “al resto de los tribunales que intervienen en las causas de ‘lesa humanidad’” y llega con sus críticas hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación “como herramienta de política del gobierno” y “del sistema populista de los Kirchner” (sic).
Puntualmente, el defensor dice que Ríos dicta “resolutorios dentro de las pautas del abanico ideológico”, que sus resoluciones contienen una “alta contaminación política” y señala que Demonte está sufriendo una “condena anticipada”.
En concreto, Demonte considera que Ríos debió apartarse de la causa en el mismo momento en que él lo denunció penalmente “por retención ilegal de detenido” –después de que el Consejo de la Magistratura rechazara in límine una presentación por el mismo motivo–. El fiscal Álvarez contestó que la denuncia “fue formulada con posterioridad al inicio de las actuaciones principales, por lo que corresponde su rechazo, ya que de otra forma permitiría al imputado denunciar a discreción a los magistrados que intervengan en las causas en las que se investiga su responsabilidad”. Del mismo modo lo entendió la Cámara Federal de Apelaciones.
También lo acusa de tener “amistad con los querellantes y enemistad manifiesta hacia los inculpados”, a lo que el tribunal responde que una denuncia semejante “debe encontrar apoyo en circunstancias objetivamente comprobables” y eso no se verifica en este caso.
Así las cosas, el tribunal consideró que “no se advierte por parte del juez Ríos ningún cercenamiento al ejercicio del derecho de defensa”, ni en el caso de Appiani y tampoco respecto de Demonte y advirtió que “no se trata, sin más, de introducir forzosamente la situación en una de las causales de recusación previstas, sino de garantizar absolutamente la imparcialidad de la magistratura”. Busaniche, Gómez y Alonso fueron claros respecto de que los planteos de los represores resultan, en todo caso, “meras disconformidades o críticas con el proceder del juez en las audiencias” y resaltaron que el magistrado “obró conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable”.
Otros amigos de Moyano
Ayer, en la continuidad de las testimoniales en el juicio escrito, declararon tres amigos del médico Hugo Mario Moyano, el único civil imputado por crímenes de lesa humanidad.
Las declaraciones de los anestesistas Raúl Hetze y Guillermo Guerra, como la del abogado Raúl Mullor, versaron acerca de la relación que tenían con Moyano, los rasgos físicos, condiciones de aseo y la personalidad del médico imputado por la imposición de severidades, vejaciones y apremios en perjuicio de siete ex presos políticos, y por la aplicación de tormentos contra otros tres en los centros clandestinos de detención.
Coincidieron en describir a Moyano como “alto, morocho (“con mucha presencia”, dijo Guerra), de cabello oscuro, siempre bien vestido, de chaquetilla o ambo”. Solo Hetze fue espontáneo en recordarlo con anteojos, un aspecto central en su estrategia defensiva, aunque Guerra y Mullor, a preguntas del juez, también respondieron que Moyano usaba lentes en forma permanente, incluso ya en sus años de juventud. “Yo lo conocí con anteojos”, dijo el abogado Mullor, que compartió el colegio secundario con el médico. “Al principio eran unos lentes horribles, gruesos; con el tiempo fueron variando los marcos”, acotó el anestesista Guerra.
Los tres destacaron los hábitos de limpieza de Moyano, aunque dijeron, casi al unísono, que nunca le sintieron un olor a perfume, desodorante o fragancia similar. Solo Mullor dijo haber comentado con Moyano sobre un problema en la piel “por el uso de una crema de afeitar”, algo que también forma parte de la estrategia defensiva, para contrastar con las declaraciones de las víctimas.
Moyano fue detenido el 6 de junio de 2009. Fue Mullor, su amigo, quien llamó a la jueza Myriam Galizzi para avisarle que llevaría al médico a los tribunales federales, luego de librara la orden de captura, y así lo hizo; y luego lo visitó en la cárcel y en su departamento. Hetze y Guerra también pasaron a verlo en la unidad penal.
El querellante Marcelo Boeykens volvió a exponer a los testigos por un compromiso que suscribieron en 2010 varios amigos de Moyano, en el que se presentaron como “fiadores” para el caso de que obtuviera la excarcelación. “El compromiso era que Moyano no se iba a fugar; yo sabía que tenía a sus hijos acá, y por el concepto que tenía de él, lo avalé”, aseveró Guerra. También su esposa acompañó con su nombre. Del mismo modo, Hetze y Mullor dieron su consentimiento a ser garantes del médico imputado.
Moyano, que el domingo cumplió 66 años, permanece recluido bajo arresto domiciliario.
Fuente: El Diario.