Simulacros de enfrentamientos, otro instrumento de exterminio

09/11/2014

Juan Cruz Varela La dictadura argentina, a diferencia de otros regímenes, instrumentó de modo sistemático y masivo los secuestros, torturas, detenciones clandestinas y desapariciones. Para eso llevó a cabo un plan clandestino de represión que consistió en la aniquilación física de los opositores al régimen y la destrucción de todo vestigio de organización. Juan Cruz

Juan Cruz Varela

La dictadura argentina, a diferencia de otros regímenes, instrumentó de modo sistemático y masivo los secuestros, torturas, detenciones clandestinas y desapariciones. Para eso llevó a cabo un plan clandestino de represión que consistió en la aniquilación física de los opositores al régimen y la destrucción de todo vestigio de organización.

Aunque la dictadura estableció la pena de muerte, nunca la aplicó; en lugar de ello organizó un exterminio indiscriminado y continuado. Y la desaparición forzada de personas se convirtió en un fenómeno que pretendió despojar de su identidad a los muertos.

Esa es una huella dolorosa que se mantiene hasta nuestros días.

En ese esquema represivo, la práctica de los falsos enfrentamientos también fue utilizada por la dictadura para la eliminación de disidentes políticos. De lo que se trataba era de presentar la muerte a través de puestas en escena por parte de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad simulando persecuciones y tiroteos.

Los falsos enfrentamientos o los simulacros de fugas fueron mecanismos utilizados para enmascarar la muerte ilegal de presos políticos o personas que se encontraban detenidas en forma clandestina.

Algunos de ellos, no obstante, ingresaron también en las tinieblas de la desaparición.

Esa es la historia de Carlos José María Fernández y Juan Alberto Osuna, secuestrados y asesinados en la denominada Masacre de La Tapera y enterrados en tumbas NN en el cementerio municipal de Paraná. El caso es uno de los que se ventila en el juicio escrito por la megacausa Área Paraná.

La farsa

Dice la versión oficial, esa que dieron los militares, que “fuerzas policiales y militares mataron (…) a un extremista e hirieron gravemente a otro que falleció poco después”. Uno fue identificado como Carlos José María Fernández y el otro solo por su “nombre de guerra”, Lucho.

El hecho ocurrió en los primeros minutos del 25 de septiembre de 1976. Más de cincuenta militares y policías rodearon una casa ubicada en calle Rondeau 1396 y comenzaron a disparar. Lo hicieron durante media hora, con distintos tipos de armas, incluida una ametralladora montada sobre un trípode.

Las informaciones posteriores hacían hincapié en la prolongada tarea de resistencia de los “extremistas”.

En las paredes de la vivienda se contaron más de trescientos impactos de proyectiles de todo tipo y calibre.

Según dijeron los militares, Fernández “antes de morir reconoció ser uno de los autores materiales de la muerte del general (Jorge) Cáceres Monie”, ocurrida en diciembre de 1975, y que “conocía al otro subversivo como Lucho”.

El parte oficial que difundió el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, y que sin alterar puntos ni comas publicaron los diarios Clarín, La Nación, La Capital y La Opinión, entre otros, decía que “el hecho se produjo al allanar esos efectivos una vivienda en la calle Rondeau de la capital entrerriana” y “que los dos abatidos pertenecían a la organización Montoneros”. Los militares se lamentaban también de que “en Entre Ríos, tierra de paz y trabajo, sucedan hechos como el acontecido. Pero la iniciativa de esta guerra fue de los delincuentes apátridas y nuestras fuerzas no hacen más que velar por el sagrado deber de preservar la paz interior”.

Los militares tardaron un mes en revelar que la persona a quien habían presentado como Lucho era “Luis Osuna, alias Tucho y/o Pacho” (sic). En realidad se trataba de Juan Alberto Osuna, a quien todos conocían como Beto.

Secuestrados

Fernández había sido ilegalmente detenido el 4 de septiembre en la fábrica Coego Hermanos, donde trabajaba, en la localidad santafesina de Teodelina. De allí se lo llevaron cuatro personas vestidas de civil pero que se presentaron como de la Policía Federal. La orden de detención había sido emitida el 29 de agosto por el jefe de la Delegación Paraná, José Faustino Fernández, y también estaba firmada por Osvaldo Luis Conde, quien ha sido señalado como el encargado de inteligencia.

Osuna fue secuestrado cuatro días después, el 8 de septiembre, dentro del Hospital Iturraspe, en la ciudad de Santa Fe, junto con Froilán Aguirre, un estudiante secundario de 17 años. Una patota se los llevó a una casa de campo en San José del Rincón, donde los torturaron durante horas. A la madrugada, a Froilán lo trasladaron a la Comisaría Primera. De Beto Osuna, su compañero, supo poco y nada con el paso de los años.

Fernández y Osuna estaban acusados de integrar el grupo que había planificado y ejecutado el crimen de Cáceres Monie: a Osuna le achacaban haber sido quien entregó los planos de la Dirección de Catastro municipal para efectivizar el plan; y a Fernández lo señalaban como el jefe de la conducción local de Montoneros.

Con sus detenciones ilegales, los militares pusieron en marcha la metodología criminal.

Nada se sabe de lo que hicieron con ellos hasta la noche del 24 de septiembre. Media hora antes de la medianoche, de un Ford Falcon oscuro los bajaron en La Tapera, una casa operativa de la organización que utilizaban para ocultar armas, según cuenta el periodista Daniel Enz en el libro Rebeldes y ejecutores. Estaban totalmente golpeados. Los dejaron atados y colocaron armas a su alrededor.

Alrededor de las 0.30, fuerzas conjuntas rodearon la casa y comenzaron los disparos.

Desaparecidos

Las autoridades militares les comunicaron a los familiares de Fernández que su cadáver había sido inhumado como NN en el cementerio municipal de Paraná. Su esposa, Rosario Taganone, les reclamó que le entregaran el cuerpo, pero siempre se lo negaron.

El trato con la familia Osuna fue distinto. Los militares sostuvieron una pertinaz negativa a reconocer su responsabilidad en la masacre. Sin embargo, en una ocasión, el jefe de la represión en Entre Ríos, Juan Carlos Trimarco, recibió a Rubén, el hermano de Beto, en su despacho en el Comando.

–¿Este es tu hermano? –le espetó el represor, extrayendo una foto de entre varias que tenía en sus manos.
–Sí –le respondió Rubén.
–Déjate de hinchar las pelotas porque te vamos a hacer boleta a vos también. Está muerto. Déjate de joder –le dijo amenazándolo con un arma.

Por averiguaciones, la familia de Beto Osuna pudo enterarse que en los días posteriores a la Masacre de La Tapera, llegaron al cementerio dos cadáveres que unas personas lanzaron a través de un improvisado tobogán de madera, para no bajar las escaleras, hacia el sector de indigentes.

Por averiguaciones posteriores, los familiares de Osuna pudieron dar con el sitio exacto donde habían sido enterrados. “Un sepulturero del cementerio nos dijo que un día habían llevado un cuerpo grande y otro chico y que nos iba a tirar un papel, o algo así, en la tumba. Cuando llegó, nos dijo: ‘Éste es el grande y éste el chico’. Estaba en tumbas de por medio. Entonces nosotros hicimos un pequeño nicho en tierra al que le colocamos una cruz con una foto en donde sabíamos era la cabecera. Cuando decidimos trasladar los restos de mi padre, también retiramos el cuerpo que creíamos era de Beto, y sabiendo que Beto tenía una prótesis de platino, la buscamos y cuando lo sacamos, la tenía. Eso fue cinco años después de que los mataran”, contó Rubén.

En el año 2007, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que los restos que la familia se había llevado en 1981 pertenecían a Beto Osuna. Los restos de Fernández, en cambio, nunca fueron recuperados.

Un médico en la mira

Por el caso de la Masacre de La Tapera está acusado Ramón Genaro Díaz Bessone, que era el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército en el momento en que fueron secuestrados, torturados y asesinados Fernández y Osuna. Sin embargo, fue separado del proceso por incapacidad mental. Trimarco tampoco llegó a ser juzgado.

Quién sí está imputado por la Masacre de La Tapera es el médico Jorge Horacio Capellino, que cumplía funciones en el Hospital Militar de Paraná y fue quien suscribió los certificados de defunción de Fernández y Osuna. En su caso, está acusado por el delito de homicidio en la causa denominada Área Paraná II, que es una residual de la principal.

Sin embargo, los familiares de Fernández y Osuna esperan de la justicia un soplo de aire fresco en el juicio que está en marcha.

“En todos los juicios, no solo Área Paraná, mi única expectativa es que sean condenados todos, absolutamente todos, los que participaron en los delitos de lesa humanidad con cárcel efectiva, tengan la edad que tengan”, señaló Rosario Taganone, la esposa de Fernández. “Ellos tienen la posibilidad de un juicio justo, cosa que nuestros compañeros no tuvieron; y ellos no solo secuestraron, torturaron y mataron a 30 mil compañeros, sino que destruyeron 30 mil familias que después de 38 años seguimos deambulando por los cementerios buscando los cuerpos de nuestro seres amados”, acotó.

Del mismo modo, Rubén Osuna señaló: “Este juicio es algo que estamos esperando desde hace mucho tiempo y tenemos confianza en la justicia, que se haga lo que corresponda, que es encarcelar a esta gente por tanto daño. Mi mamá (Sara Sarmiento) desgraciadamente no llegó, murió hace unos meses, pero nosotros estamos, si se puede decir, felices de que esto se concrete y esperando que haya justicia”.

Fuente: El Diario.